Valencia refuerza medidas públicas de vivienda ante la crisis del alquiler

Ante el galopante aumento de los alquileres y la escasez de vivienda asequible, la ciudad de Valencia está adoptando una batería de medidas para aumentar el parque público, regular el mercado y aliviar la emergencia habitacional. Estas iniciativas refuerzan la idea de que una agencia pública del alquiler —aunque aún no exista como tal entidad— podría ser una herramienta efectiva para canalizar y coordinar estas acciones.

Contexto urgente

• Los precios del alquiler en Valencia ya superan los 1.600‑1.900 €/mes en muchos casos, lo que está expulsando a familias de clases medias y jóvenes de zonas centrales.

• Además, los residentes demandan más vivienda pública: hasta un 94 % de los encuestados reclama mayor oferta protegida, según estudios recientes.

• También se detectan asentamientos precarios en los márgenes de la ciudad, donde las infraestructuras son casi inexistentes y las condiciones de vida precarias.

Medidas públicas en marcha

1. Construcción de vivienda protegida y alquiler asequible:
   Valencia impulsa más de un centenar de viviendas nuevas con fondos europeos y locales. Algunos proyectos ya en curso incluyen promociones gestionadas por AUMSA que suman más de 100 pisos destinados al alquiler social.

2. Operaciones de permuta, cesión de suelo y rehabilitación:
   Se han aprobado solares municipales para edificar vivienda protegida mediante derechos de superficie, y se adjudican edificios públicos para convertirlos en alquiler asequible, reduciendo así la burocracia.

3. Ayudas al alquiler social con presupuesto reforzado:
   El Ayuntamiento ha aprobado subvenciones con casi 6 millones de euros para 2025–2026. Estas ayudas permiten alquileres con cánones moderados, amplían los umbrales de ingresos y bonifican especialmente a jóvenes y afectados por calamidades recientes.

Hacia una agencia pública del alquiler

Aunque todavía no existe una agencia con ese nombre y competencias específicas, la acumulación de medidas apunta hacia algo muy parecido:

• Centralización de las funciones de gestión de vivienda pública y alquiler social.

• Facilitación de subsidios, regulaciones y registro de viviendas vacías.

• Coordinación entre administraciones para definir prioridades territoriales y poblacionales.

La demanda ciudadana, la presión de los precios, la oferta pública creciente y el respaldo político «a vivienda asequible» indican que los elementos están ahí para que una agencia pública de alquiler se convierta en realidad.

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