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Valencia contará con una Agencia Pública de Alquiler para luchar contra la subida de los precios de la vivienda

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Alquiler seguro

Valencia refuerza medidas públicas de vivienda ante la crisis del alquiler

Ante el galopante aumento de los alquileres y la escasez de vivienda asequible, la ciudad de Valencia está adoptando una batería de medidas para aumentar el parque público, regular el mercado y aliviar la emergencia habitacional. Estas iniciativas refuerzan la idea de que una agencia pública del alquiler —aunque aún no exista como tal entidad— podría ser una herramienta efectiva para canalizar y coordinar estas acciones.


Contexto urgente

  • Los precios del alquiler en Valencia ya superan los 1.600‑1.900 €/mes en muchos casos, lo que está expulsando a familias de clases medias y jóvenes de zonas centrales.

  • Además, los residentes demandan más vivienda pública: hasta un 94 % de los encuestados reclama mayor oferta protegida, según estudios recientes.

  • También se detectan asentamientos precarios en los márgenes de la ciudad, donde las infraestructuras son casi inexistentes y las condiciones de vida precarias.


Medidas públicas en marcha

  1. Construcción de vivienda protegida y alquiler asequible:
    Valencia impulsa más de un centenar de viviendas nuevas con fondos europeos y locales. Algunos proyectos ya en curso incluyen promociones gestionadas por AUMSA que suman más de 100 pisos destinados al alquiler social.

  2. Operaciones de permuta, cesión de suelo y rehabilitación:
    Se han aprobado solares municipales para edificar vivienda protegida mediante derechos de superficie, y se adjudican edificios públicos para convertirlos en alquiler asequible, reduciendo así la burocracia.

  3. Ayudas al alquiler social con presupuesto reforzado:
    El Ayuntamiento ha aprobado subvenciones con casi 6 millones de euros para 2025–2026. Estas ayudas permiten alquileres con cánones moderados, amplían los umbrales de ingresos y bonifican especialmente a jóvenes y afectados por calamidades recientes.


Hacia una agencia pública del alquiler

Aunque todavía no existe una agencia con ese nombre y competencias específicas, la acumulación de medidas apunta hacia algo muy parecido:

  • Centralización de las funciones de gestión de vivienda pública y alquiler social.

  • Facilitación de subsidios, regulaciones y registro de viviendas vacías.

  • Coordinación entre administraciones para definir prioridades territoriales y poblacionales.

La demanda ciudadana, la presión de los precios, la oferta pública creciente y el respaldo político «a vivienda asequible» indican que los elementos están ahí para que una agencia pública de alquiler se convierta en realidad.

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Clamor en Valencia: más de 50.000 personas piden la dimisión de Mazón un año después de la tragedia

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manifestación dimisión Mazón
EFE

Una nueva manifestación multitudinaria —la duodécima desde la tragedia— ha recorrido este sábado el centro de València para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales y decenas de desaparecidos.

Bajo lemas como “‘President’ a Picassent”, “Mazón culpable”, “Mazón a prisión” o “Ni oblit ni perdó”, los asistentes han llenado las principales calles del centro histórico de la capital valenciana en un acto definido como “un momento de reivindicación y memoria”.

Según datos de la Delegación del Gobierno, la participación ha superado las 50.000 personas, mientras que la Policía Local de València la ha cifrado en 32.000.


La protesta arranca con una muixeranga y tractores al frente

Casi un año después de la tragedia, la manifestación comenzó con una muixeranga en homenaje a las víctimas. La marcha, encabezada por tractores, portaba una pancarta principal con el lema “Mazón dimisión”, seguida de otra que rezaba: “I ara totes alcem la veu. Per qui ja no pot alçar-la”.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29O, Rosa Álvarez, explicó que el objetivo es “alzar la voz por los que ya no pueden alzarla”, recordando a las víctimas de la catástrofe.

Los manifestantes portaron carteles con mensajes como “Mazón culpable, Feijóo miserable”, “Visca València lliure de fang” o “No teniu cor ni paraula”, además de muñecos que representaban a Mazón y a la vicepresidenta Susana Camarero con las manos manchadas de sangre. También mostraron fotografías de familiares fallecidos, camisetas con la inscripción “20:11 ni oblit ni perdó” —hora en la que sonó el ES-Alert— y pancartas que denunciaban la “incompetencia” del Gobierno valenciano.

Una nueva manifestación recorre el centro de València para pedir la dimisión de Mazón por su gestión de la dana en el año de la tragedia
– JORGE GIL/EUROPA PRESS


“Queremos verdad, justicia y memoria para las víctimas”

La presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, Mariló Gradolí, subrayó que “un año después seguimos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón aquella tarde”.

“Continuamos reclamando verdad por todas las víctimas, justicia y memoria para quienes aún no pueden descansar en paz porque no se sabe qué pasó ese día”, afirmó. Además, exigió “responsabilidades políticas” y la dimisión del Consell, al considerar que “no ofrecen seguridad ni confianza”.

“La memoria también es reivindicación, y la reivindicación es memoria”, añadió Gradolí.

Por su parte, Rosa Álvarez aseguró que el movimiento ciudadano “no reconoce ni legitima a Mazón como presidente” y pidió “su dimisión y prisión”, reclamando que “cumpla tantos años de cárcel como vidas se perdieron”.


Testimonios de familiares y colectivos afectados

Entre los asistentes se encontraba Toñi García, que perdió a su marido y a su hija durante la DANA. Denunció la “negligencia e incompetencia” del presidente autonómico:

“Toda España sabe que es inaceptable que un presidente siga en su cargo cuando más del 80 % del pueblo valenciano pide su dimisión”.

También participaron trabajadores del 112 y bomberos del Consorcio Provincial, que revivieron el esfuerzo de aquel día. La operadora Amparo López recordó cómo “la gente llamaba desesperada”, mientras que el bombero Jesús Gómez pidió al Gobierno valenciano que refuerce las plantillas y dote de medios suficientes a los servicios de emergencia.


Amplio respaldo político y social a la protesta

La marcha fue convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana. Contó con la presencia de representantes del PSPV, Compromís, Podem y Podemos estatal, incluyendo a la secretaria general Ione Belarra, que calificó la movilización como “el reflejo de un pueblo digno y solidario”.

Belarra acusó al PP de practicar “necropolítica” y señaló:

“Lo vimos con las residencias de Ayuso en Madrid, con el cribado del cáncer de mama en Andalucía y con la DANA de Mazón en Valencia”.


Recorrido y final simbólico en la plaza de la Virgen

La manifestación partió desde la plaza de San Agustín y recorrió Xàtiva, Colón, Palau de Justícia, Alfons el Magnànim, la Paz, plaza de la Reina, Brodadors y Micalet, hasta finalizar en la plaza de la Virgen, donde se leyó un manifiesto.

Durante el recorrido se escucharon los sonidos del ES-Alert de las 20:11 horas, y el acto concluyó con una performance artística en la que familiares de víctimas formaron las palabras “Humanidad” y “Responsabilidad” con letras hechas de barro de las localidades afectadas.


Las víctimas reclaman responsabilidades y transparencia

En el manifiesto, los organizadores afirmaron que las 229 personas fallecidas “seguirían vivas” si el Gobierno valenciano hubiera actuado con diligencia. Reprocharon al presidente Mazón su “desistimiento de funciones” y exigieron que no acuda al futuro funeral de Estado.

“No olvidamos. No son muertos, son asesinatos”, se leyó durante el acto, en el que también se recordó a Paco y Elisabeth, las dos personas aún desaparecidas.

Los colectivos reclamaron transparencia en la gestión de fondos para la reconstrucción, así como la prohibición de construir en zonas inundables, la revisión de planes de emergencia municipales, la reconstrucción de los centros escolares públicos y soluciones habitacionales para las familias que lo han perdido todo.

Además, exigieron que las personas de rentas bajas o en situación irregular tengan acceso a las ayudas públicas y que se investigue la negligencia de las empresas implicadas en la tragedia.

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