El Tribunal Supremo ha dado un paso clave en el caso que implica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al respaldar la decisión del magistrado instructor Ángel Hurtado de procesarlo por un presunto delito de revelación de secretos. La investigación apunta a que García Ortiz habría coordinado personalmente la filtración de información reservada sobre la investigación fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las acusaciones reclaman hasta seis años de prisión por la gravedad de los hechos. Este caso, de gran repercusión mediática y política, gira en torno a la divulgación de correos electrónicos confidenciales y a la emisión de un comunicado oficial que, según el alto tribunal, vulneró la reserva de una investigación en curso.

Una decisión dividida pero firme

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo, compuesta por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado en defensa del fiscal general. La resolución se adoptó por mayoría, con voto particular del magistrado Palomo.

No obstante, el tribunal ha estimado por unanimidad el recurso de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien queda exonerada de cualquier responsabilidad al entender que estaba obligada a informar a García Ortiz sobre la investigación.

Los hechos clave: la filtración del correo de febrero

El instructor Hurtado había procesado al fiscal general el 9 de junio, tras ocho meses de indagaciones centradas en dos hechos concretos:

• La publicación de una nota de prensa el 14 de marzo de 2024, que incluía datos sobre comunicaciones internas con la defensa de González Amador.

• La filtración, la noche anterior, de un correo del 2 de febrero en el que la defensa del empresario ofrecía un posible reconocimiento de delitos fiscales.

Los magistrados del Supremo consideran acreditado que esta filtración no se produjo de manera casual. Según el auto, el fiscal general recibió a las 21:59 horas del 13 de marzo una copia del correo, y apenas dos horas después su contenido se difundía en la Cadena SER, primero por antena y luego en su web.

El borrado de pruebas, un agravante potencial

Un punto que el tribunal considera especialmente relevante es la eliminación por parte del fiscal general de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de su cuenta personal. Para los magistrados, esta acción pudo tener como finalidad “ocultar información ante una posible investigación”, lo que podría fortalecer una futura condena.

La Sala recuerda que, si bien el investigado tiene derecho a guardar silencio y no aportar pruebas, la destrucción deliberada de documentación relevante puede ser interpretada como un indicio negativo en su contra: “No puede quejarse quien destruye pruebas de que ahora tiene limitada su defensa”, recalcan los jueces.

¿Hubo filtración desde el entorno de Ayuso?

García Ortiz argumentó que la filtración podría provenir del entorno institucional de la Comunidad de Madrid, dado que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ya conocía el contenido del correo de febrero. Sin embargo, el Supremo afirma que no existe evidencia de que el propio González Amador o su entorno fueran responsables de esa filtración.

Los magistrados también rechazan el argumento de que varios periodistas conocían la información antes que el fiscal general: si así fuera, señalan, la noticia se habría publicado mucho antes, dado su interés mediático.

El comunicado de la Fiscalía, también bajo la lupa

Además de la filtración, el Supremo cuestiona la nota de prensa emitida por la Fiscalía General, que pretendía desmentir informaciones publicadas por El Mundo. El tribunal reconoce el derecho de la institución a defender su versión, pero subraya que “no era necesario revelar datos confidenciales para hacerlo”. En consecuencia, concluyen que la reacción institucional podría haber incurrido igualmente en la revelación de secretos.

Un caso de gran repercusión política y mediática

Este caso no solo tiene implicaciones legales para el fiscal general, sino también consecuencias políticas y mediáticas. Se produce en un contexto de elevada tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. La resolución del Supremo, que acerca a García Ortiz a la posibilidad de sentarse en el banquillo de los acusados, supone un revés institucional con potencial impacto en la confianza ciudadana hacia el Ministerio Público.

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