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Anticorrupción solicita procesar al expresidente Camps por malversación y prevaricación en la F1

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VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se procese únicamente al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la pieza uno del llamado caso Valmor, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 en València, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, según han podido saber Europa Press.

De este modo, el Ministerio Público pide el sobreseimiento con respecto a los otros investigados en esta pieza, la exconsellera de deporte Johnson, el expiloto de motos Jorge Gaspar, su mano derecha en lo relativo a la F1, Belén Reyero, así como del exresponsable de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana Nicolás Figueras.

La causa Valmor está dividida en tres piezas: esta primera, formada por la negociación previa llevada a cabo por Camps a favor de Valmor, la empresa de Jorge Martínez ‘Aspar’, y en beneficio del expiloto, también investigado; una segunda con los contratos celebrados por Circuito del Motor, empresa pública encargada de la organización del Gran Premio, y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor y la tercera relacionada con la absorción de Valmor por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

La primera incluye también el aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través de un contrato firmado el 19 de julio de 2011 «por orden directa» de Camps tras un viaje a Londres realizado días antes. El expresident dimitió de su cargo el 20 de julio por la conocida como ‘causa de los trajes’ derivada del caso Gürtel.

Reyero, durante su declaración ante el juzgado que investiga esta causa, aseguró que todo el proyecto y las decisiones que se adoptaban sobre él venían dadas por Camps, tanto en la gestión de la prueba como en el hecho de que estuviera Valmor en su organización.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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