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Valencia

La cooperativa de Massanassa pide ayuda para retirar 1 millón de kilos de arroz putrefacto

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arroz putrefacto

La Cooperativa Agrícola San Pedro de Massanassa enfrenta una grave problemática tras las inundaciones que afectaron la región. Aproximadamente un millón de kilos de arroz, sumergidos bajo el agua durante la riada, se encuentran ahora en estado de putrefacción, generando olores desagradables y suponiendo un serio problema logístico y ambiental.

Una situación crítica tras la riada

Según confirmó a EFE el presidente de la cooperativa, Pascual Alapont, este arroz en descomposición proviene de la parte inferior de una montaña de cereal recolectado en septiembre. “Se está pudriendo y hace mucho olor”, señaló Alapont, quien lamentó la falta de soluciones inmediatas para retirar este producto en mal estado.

La cooperativa, que almacenaba unos 8 millones de kilos de arroz cuando ocurrieron las inundaciones, logró salvar 7 millones de kilos que estaban en la parte superior. Estos se encuentran ahora repartidos entre los silos de la cooperativa y almacenes alquilados en Sueca, gestionados por Unión Cristiana, SAT Agrasu y Arrocerías Pons. Sin embargo, el arroz en la base, afectado por el agua, se ha convertido en un problema de difícil manejo.

Un coste elevado para gestionar la retirada

Desde la Cooperativa San Pedro han solicitado apoyo a la Generalitat Valenciana y al departamento de Emergencias para gestionar la retirada del arroz dañado. Según Alapont, llevar este material al vertedero tiene un coste cercano a los 100 euros por tonelada, lo que implica un desembolso significativo para la cooperativa.

“Pedimos que nos limpien a nosotros también”, reclamó Alapont, señalando que otras situaciones similares suelen recibir ayudas. Además, el presidente indicó que ha mantenido conversaciones con el alcalde y otras autoridades para trasladar la urgencia de este problema.

Colaboración en estudio por la Conselleria de Agricultura

Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, está evaluando posibles vías de colaboración para resolver esta problemática. Según fuentes del departamento, se están estudiando alternativas para ayudar a la cooperativa a retirar el arroz en descomposición y gestionar su disposición de manera adecuada.

Impacto de las inundaciones en el sector agrícola

Las inundaciones, que alcanzaron hasta un metro de altura en algunas áreas, han dejado un impacto significativo en el sector agrícola de la región, afectando tanto a las cosechas como a los almacenes de productos. La situación que vive la Cooperativa San Pedro refleja las dificultades que enfrentan los agricultores y productores en su esfuerzo por recuperar la normalidad tras estos eventos extremos.

La cooperativa espera que las autoridades actúen con celeridad para evitar que el problema de los olores y la putrefacción del arroz continúe agravándose, y para mitigar los costes económicos derivados de su gestión.

 

 

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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