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Valencia

El exalcalde de Gandia Arturo Torró, condenado a 3,5 años de cárcel por malversar

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Arturo Torró asesinado
Arturo Torró, en una imagen de archivo. EFE/Natxo Francés
València, 13 abr (EFE).- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exalcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), a una pena de tres años y seis meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento de 2012 a 2015.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia también condena al empresario Ricardo Manuel Faura, de la sociedad Comarques Centrals Televisió , a un año y nueve meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación absoluta por entenderlo cooperador necesario de un delito de malversación, y absuelve al resto de acusados.

La sentencia condena a Torró y Faura a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Gandia con 135.812,50 euros, más los intereses legales y a pagar, cada uno de ellos, 2/18 partes de las costas procesales incluidas, en dicha proporción, las costas de la acusación particular.

Condena también a la sociedad Comarques Centrals Televisió, en calidad de responsable civil subsidiario, al pago de esa misma indemnización.

El juicio del conocido como ‘caso Tele 7’ dirimía la responsabilidad del que fuera alcalde de 2011 a 2015 y otros seis procesados por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación supuestamente cometidos en la adjudicación, a través de una empresa pública, de los servicios de comunicación del Ayuntamiento entre 2012 y 2015 a la firma Comarques Centrals Televisió.

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Valencia

Esta es la nueva nómina del president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca

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Juanfran Pérez Llorca

La nueva nómina del president Llorca supera la de Puig tras la última actualización salarial

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estrenado su etapa al frente del Consell con una actualización al alza de su nómina, apenas dos meses después de llegar al Palau. La mejora salarial se deriva de la subida del 2,5% aprobada para todo el personal público, que también se aplica a los altos cargos de la Administración autonómica.

La actualización quedó reflejada el pasado viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tras la aprobación del decreto-ley de final de año con el que el Consell adaptó el incremento retributivo pactado por el Gobierno central para los empleados públicos.

Una subida automática ligada al decreto estatal

El aumento de la retribución del jefe del Consell no responde a una decisión específica del nuevo Ejecutivo, sino a la aplicación automática del marco salarial estatal, que afecta tanto a funcionarios como a responsables políticos. En el caso del president, el salario base queda fijado en 82.572 euros anuales, tras incorporarse el incremento aprobado.

Esta mejora se suma a la ya aplicada anteriormente durante el mandato de Carlos Mazón, que autorizó una actualización similar tres días antes de presentar su dimisión, aún como máximo responsable del Consell.

Diferencia respecto al último sueldo de Ximo Puig

Con la nueva tabla retributiva, la nómina de Pérez Llorca queda por encima de la que percibía Ximo Puig al frente de la Generalitat durante la anterior legislatura, marcando una diferencia acumulada tras dos años y medio de actualizaciones salariales vinculadas a los acuerdos estatales.

Desde el entorno del Consell se subraya que estas subidas están homologadas al conjunto del sector público y que no se trata de incrementos discrecionales, sino del cumplimiento de los acuerdos salariales firmados a nivel nacional.

Los altos cargos también se benefician de la actualización

La publicación de las nuevas tablas salariales no solo afecta al president, sino también al conjunto de consellers, secretarios autonómicos y altos cargos, que verán reflejado en sus nóminas el mismo incremento porcentual.

El Consell defiende que la medida busca mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos y garantizar la coherencia retributiva entre administraciones, en un contexto marcado por la inflación acumulada de los últimos años.

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