Valencia

El exalcalde de Gandia Arturo Torró, condenado a 3,5 años de cárcel por malversar

Publicado

hace 3 años

13 abril, 2023

Arturo Torró, en una imagen de archivo. EFE/Natxo Francés

València, 13 abr (EFE).- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exalcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), a una pena de tres años y seis meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento de 2012 a 2015.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia también condena al empresario Ricardo Manuel Faura, de la sociedad Comarques Centrals Televisió , a un año y nueve meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación absoluta por entenderlo cooperador necesario de un delito de malversación, y absuelve al resto de acusados.

La sentencia condena a Torró y Faura a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Gandia con 135.812,50 euros, más los intereses legales y a pagar, cada uno de ellos, 2/18 partes de las costas procesales incluidas, en dicha proporción, las costas de la acusación particular.

Condena también a la sociedad Comarques Centrals Televisió, en calidad de responsable civil subsidiario, al pago de esa misma indemnización.

El juicio del conocido como ‘caso Tele 7’ dirimía la responsabilidad del que fuera alcalde de 2011 a 2015 y otros seis procesados por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación supuestamente cometidos en la adjudicación, a través de una empresa pública, de los servicios de comunicación del Ayuntamiento entre 2012 y 2015 a la firma Comarques Centrals Televisió.

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Sucesos

Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

Publicado

hace 1 hora

7 abril, 2026

REDACCIÓN OP

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La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años fallecida por pancreatitis aguda después de pasar 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica adecuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación de la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre presentaron la reclamación patrimonial contra la sanidad pública por negligencia médica.

Cronología de los hechos

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias del Hospital General de València por dolor abdominal intenso, vómitos y sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y ecografía abdominal, se diagnosticó pancreatitis aguda biliar y se solicitó su ingreso en hospitalización.

Sin embargo, no había camas disponibles, por lo que la paciente permaneció en un box de Urgencias durante 36 horas, esperando atención médica. Durante ese tiempo, no se registraron constantes vitales ni se realizaron controles ni analíticas. Finalmente, la mujer falleció sin recibir tratamiento, según señalan los informes.

Pancreatitis aguda: un riesgo grave

La pancreatitis puede presentarse de forma leve, con evolución favorable, o grave, con inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo orgánico múltiple, cuya mortalidad puede superar el 30%.

Los expertos subrayan que en los casos graves se requiere vigilancia intensiva y tratamiento inmediato. La ausencia de monitoreo y atención en Urgencias del Hospital General de València contribuyó directamente a la muerte de la paciente, según la asociación.

Declaraciones de la asociación

La asociación El Defensor del Paciente critica la inacción del personal sanitario, calificándola de «evitable» y de un incumplimiento del mínimo de atención esperado en cualquier hospital. La paciente quedó «privada de la posibilidad de un tratamiento que podría haber salvado su vida», añaden.

Indemnización y acuerdo

El seguro de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario cubrirán 225.000 euros en concepto de indemnización por negligencia médica, poniendo fin al procedimiento administrativo iniciado por los familiares de la fallecida.

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