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Así son las normas en los comedores escolares para el curso 2020-2021

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ayuntamiento de valencia becas comedor

El viernes comienza el mes de octubre y con él llegan a los centros educativos las clases en horario de tarde y los comedores escolares a pleno rendimiento. La pandemia de coronavirus ha obligado también a establecer normas especiales para un espacio por el que pasa gran parte del alumnado, cerrado y con dificultades para mantener la distancia interpersonal. Un protocolo que supone, según reconoce el documento elaborado por las consellerias de Eduacación y de Sanidad, «bastantes retos dado que las mascarillas no se pueden utilizar (durante la ingesta, algo obvio) y los comedores suelen estar muy concurridos».

La distancia interpersonal es la norma básica que rige el protocolo. Se ha de respetar siempre la separación de 1,5 metros entre los alumnos, ya que muchos de los usuarios del comedor no pertenecen a los llamados «grupos burbuja». La excepción sólo se aplica para esos grupos de convivencia estable, que sí podrán sentarse juntos, pero manteniendo la distancia de 1,5 metros respecto a otros grupos.

El mantenimiento de la distancia obliga a una reducción del aforo, y por tanto a un aumento de los turnos y del personal destinado a cubrirlos. Para ello, la conselleria de Educación ha realizado 3.112 contrataciones extraordinarias, un 41’2% más de lo habitual, lo que eleva a 10.669 el número de monitores que atenderán el servicio en los centros públicos.

En el protocolo también se establecen la normas de limpieza y desinfección, que deben llevarse a cabo al finalizar cada turno. Los alumnos han de lavarse las manos al entrar y al salir del comedor, y no pueden compartir cubiertos, vasos, alimentos ni bebidas. Se recomienda además que se sienten durante todo el curso en el mismo lugar, para facilitar el rastreo en caso de contagio. Por último, la recogida de las bandejas deberá realizarla siempre una única persona.

El uso de la mascarilla es obligatorio para los usuarios y los monitores durante todo el servicio, también para los alumnos mayores de seis años, tanto en la entrada como en la salida. Lógicamente, los alumnos se la pueden quitar durante la ingesta.

Por el último, y dado que el aumento de los turnos aumenta también la duración del servicio, Educación ha dado permiso a cada centro a reducir hasta en 30 minutos al día el horario lectivo para adecuarse a nueva realidad del comedor escolar.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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