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Valencia

Cierra el Balneario de la Alameda

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Balneario de la Alameda
València, 9 nov (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Balneario de la Alameda de València cierra tras acatar este miércoles la orden cautelar del Ayuntamiento de cierre por legionella spp. en sus aguas y no ha abierto al público.
La gerencia ha anunciado que ha presentado alegaciones y acudirá a los tribunales por una decisión que ha considerado «arbitraria e ilegal».

Así lo han confirmado tanto desde el Ayuntamiento de València como desde el propio Balneario, cuyos responsables han reclamado en redes sociales que el cierre administrativo «sea levantado cuanto antes».

A juicio de la gerencia del Balneario, «las razones sanitarias no existen»: «Incluso la analítica del laboratorio municipal presenta recuentos que el propio decreto de legionella no considera susceptibles de ninguna actuación extraordinaria».

Balneario de la Alameda

Según la gerencia, el motivo del cierre es que no aceptan que al Balneario «se le trate como una piscina normal» y ha afirmado que el establecimiento está «exento de la legislación de piscinas».

«Nuestra obsesión es combinar la seguridad con la calidad del agua para que los efectos beneficiosos sobre la salud se mantengan, así se prescribe que debe hacerse con las aguas mineromedicinales en el nuevo decreto de legionella que entrará en vigor en enero de 2023», ha añadido.

En referencia a sus protocolos de higienización de las aguas, ha detallado que eso lo pueden hacer «vaciando la piscina activa cada semana, limpiando con ácido e hiperclorando la instalación, y dejando que el agua fluya constantemente».

Desde el Ayuntamiento han asegurado que las alegaciones presentadas por la gerencia del establecimiento «les van a ser respondidas».

El Balneario de la Alameda niega tener legionella y estudia acciones legales

Fuentes de la Concejalía de Sanidad han confirmado que la medición del pasado octubre arrojó datos sobre la presencia de legionella spp en sus aguas, en el aljibe y la piscina de magnesio.

Asimismo, el informe de los técnicos denuncia que los dispositivos de cloración en continuo no estaban operativos y no se les había realizado ninguna operación de reparación o mantenimiento.

El documento refleja asimismo que no se tiene constancia de que la piscina de magnesio tenga un sistema de depuración de gua recirculada que cumpla con la normativa en materia de prevención de la legionella.

«Con esto nos han hundido las ventas y las reservas»

En declaraciones a EFE, el gerente del Balneario, Javier Vázquez-Illá, ha dicho: «Con esto nos han hundido las ventas y las reservas».

«Yo viví la dictadura franquista y hay gente en las administraciones públicas que me recuerda a esa arbitrariedad», ha denunciado, y ha afirmado que el cierre se debe a que «quieren hacerse con el balneario».

En este sentido, ha dicho que el consistorio «tiene una empresa detrás y le están moviendo los hilos» con la finalidad de «cambiar la concesión»: «Lo hemos convertido en algo apetitoso».

Sobre el informe y los niveles de legionella que indica, ha asegurado que las analíticas del laboratorio municipal muestran que «no hay presencia de legionella nemófila en el aljibe, y que en la piscina, la cantidad que hay es mínima».

«Lo que se debería haber hecho es un muestreo en un plazo de quince días, no pedir el cierre», ha defendido, y lo ha considerado fruto de una «cruzada» y algo «vergonzoso».

Duras acusaciones al Ayuntamiento de València

Asimismo, Vázquez-Illá ha dicho no haber recibido respuesta a su petición de reunión con el alcalde, «solo la respuesta del servicio de comunicación de que lo tramitarán».

«Esto le va a costar al Ayuntamiento la reclamación patrimonial, porque ha habido un engaño a la ciudadanía», ha lamentado a EFE el gerente, que ha asegurado que desde el Balneario denunciaron «la filtración del expediente a la prensa por parte del consistorio» y la Fiscalía, ha añadido, «ha abierto diligencias de investigación».

Así, ha considerado que sopesan «pedir el amparo de los tribunales» y ha añadido que «afortunadamente, todavía hay poder judicial en España».

Además, en redes sociales ha afirmado sobre las manifestaciones del alcalde Joan Ribó, que afirmó que la empresa encargada «no es ejemplo de buena gestión», que «denotan un desconocimiento absoluto» sobre la labor de la compañía «en atención a la calidad y seguridad del agua minero-medicinal», y sobre su trayectoria.

«Las otras supuestas deficiencias que según Sanidad hay en el centro se han notificado al Ayuntamiento de València, a Patrimonio, como propietario del edificio», ha defendido, y ha añadido que las actuaciones que dependen de su empresa «ya están hechas».

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento han asegurado que se envió la notificación por sede electrónica este viernes y se han preguntado si el gerente «pone en duda el control oficial», recogido en el acta de toma de muestras, el registro de las muestras y los resultados analíticos del laboratorio.

Para Joan Ribó, la acción del Ayuntamiento busca «tomar las medidas sanitarias necesarias» para que haya «total y absoluta seguridad de que la legionella no aparece por allí».

«Por supuesto, no tiene nada que ver con los problemas que ha mencionado su gerente, sino solo con la seguridad sanitaria», ha afirmado en declaraciones a los medios tras la visita de este lunes a la Oficina contra la Discriminación y los Delitos de Odio.

«Tomaremos las medidas que sean necesarias para que se cumpla la seguridad, que es lo que nos interesa», ha defendido Ribó, quien ha destacado que la prioridad es «que no pueda aparecer un problema que ha aparecido por desgracia demasiadas veces en la Comunitat Valenciana».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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