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Valencia

Cierra el Balneario de la Alameda

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Balneario de la Alameda
València, 9 nov (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Balneario de la Alameda de València cierra tras acatar este miércoles la orden cautelar del Ayuntamiento de cierre por legionella spp. en sus aguas y no ha abierto al público.
La gerencia ha anunciado que ha presentado alegaciones y acudirá a los tribunales por una decisión que ha considerado «arbitraria e ilegal».

Así lo han confirmado tanto desde el Ayuntamiento de València como desde el propio Balneario, cuyos responsables han reclamado en redes sociales que el cierre administrativo «sea levantado cuanto antes».

A juicio de la gerencia del Balneario, «las razones sanitarias no existen»: «Incluso la analítica del laboratorio municipal presenta recuentos que el propio decreto de legionella no considera susceptibles de ninguna actuación extraordinaria».

Balneario de la Alameda

Según la gerencia, el motivo del cierre es que no aceptan que al Balneario «se le trate como una piscina normal» y ha afirmado que el establecimiento está «exento de la legislación de piscinas».

«Nuestra obsesión es combinar la seguridad con la calidad del agua para que los efectos beneficiosos sobre la salud se mantengan, así se prescribe que debe hacerse con las aguas mineromedicinales en el nuevo decreto de legionella que entrará en vigor en enero de 2023», ha añadido.

En referencia a sus protocolos de higienización de las aguas, ha detallado que eso lo pueden hacer «vaciando la piscina activa cada semana, limpiando con ácido e hiperclorando la instalación, y dejando que el agua fluya constantemente».

Desde el Ayuntamiento han asegurado que las alegaciones presentadas por la gerencia del establecimiento «les van a ser respondidas».

El Balneario de la Alameda niega tener legionella y estudia acciones legales

Fuentes de la Concejalía de Sanidad han confirmado que la medición del pasado octubre arrojó datos sobre la presencia de legionella spp en sus aguas, en el aljibe y la piscina de magnesio.

Asimismo, el informe de los técnicos denuncia que los dispositivos de cloración en continuo no estaban operativos y no se les había realizado ninguna operación de reparación o mantenimiento.

El documento refleja asimismo que no se tiene constancia de que la piscina de magnesio tenga un sistema de depuración de gua recirculada que cumpla con la normativa en materia de prevención de la legionella.

«Con esto nos han hundido las ventas y las reservas»

En declaraciones a EFE, el gerente del Balneario, Javier Vázquez-Illá, ha dicho: «Con esto nos han hundido las ventas y las reservas».

«Yo viví la dictadura franquista y hay gente en las administraciones públicas que me recuerda a esa arbitrariedad», ha denunciado, y ha afirmado que el cierre se debe a que «quieren hacerse con el balneario».

En este sentido, ha dicho que el consistorio «tiene una empresa detrás y le están moviendo los hilos» con la finalidad de «cambiar la concesión»: «Lo hemos convertido en algo apetitoso».

Sobre el informe y los niveles de legionella que indica, ha asegurado que las analíticas del laboratorio municipal muestran que «no hay presencia de legionella nemófila en el aljibe, y que en la piscina, la cantidad que hay es mínima».

«Lo que se debería haber hecho es un muestreo en un plazo de quince días, no pedir el cierre», ha defendido, y lo ha considerado fruto de una «cruzada» y algo «vergonzoso».

Duras acusaciones al Ayuntamiento de València

Asimismo, Vázquez-Illá ha dicho no haber recibido respuesta a su petición de reunión con el alcalde, «solo la respuesta del servicio de comunicación de que lo tramitarán».

«Esto le va a costar al Ayuntamiento la reclamación patrimonial, porque ha habido un engaño a la ciudadanía», ha lamentado a EFE el gerente, que ha asegurado que desde el Balneario denunciaron «la filtración del expediente a la prensa por parte del consistorio» y la Fiscalía, ha añadido, «ha abierto diligencias de investigación».

Así, ha considerado que sopesan «pedir el amparo de los tribunales» y ha añadido que «afortunadamente, todavía hay poder judicial en España».

Además, en redes sociales ha afirmado sobre las manifestaciones del alcalde Joan Ribó, que afirmó que la empresa encargada «no es ejemplo de buena gestión», que «denotan un desconocimiento absoluto» sobre la labor de la compañía «en atención a la calidad y seguridad del agua minero-medicinal», y sobre su trayectoria.

«Las otras supuestas deficiencias que según Sanidad hay en el centro se han notificado al Ayuntamiento de València, a Patrimonio, como propietario del edificio», ha defendido, y ha añadido que las actuaciones que dependen de su empresa «ya están hechas».

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento han asegurado que se envió la notificación por sede electrónica este viernes y se han preguntado si el gerente «pone en duda el control oficial», recogido en el acta de toma de muestras, el registro de las muestras y los resultados analíticos del laboratorio.

Para Joan Ribó, la acción del Ayuntamiento busca «tomar las medidas sanitarias necesarias» para que haya «total y absoluta seguridad de que la legionella no aparece por allí».

«Por supuesto, no tiene nada que ver con los problemas que ha mencionado su gerente, sino solo con la seguridad sanitaria», ha afirmado en declaraciones a los medios tras la visita de este lunes a la Oficina contra la Discriminación y los Delitos de Odio.

«Tomaremos las medidas que sean necesarias para que se cumpla la seguridad, que es lo que nos interesa», ha defendido Ribó, quien ha destacado que la prioridad es «que no pueda aparecer un problema que ha aparecido por desgracia demasiadas veces en la Comunitat Valenciana».

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Valencia

Pradas presenta un vídeo del Ayuntamiento de Paiporta como prueba

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justicia dana
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, a su llegada a declarar como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, a 29 de abril de 2025, en Valencia (España) - Rober Solsona - Europa Press

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

Pradas presenta un vídeo del Ayuntamiento de Paiporta para demostrar que el barranco del Poyo ya estaba desbordado cuando se recibió el aviso de la CHJ

València, 21 de mayo de 2025 – La exconsellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, ha incorporado un nuevo elemento clave a su defensa en relación con la gestión del episodio de inundaciones ocurrido en Paiporta. Pradas ha aportado un vídeo oficial del Ayuntamiento de Paiporta que, según su equipo, demostraría que el barranco del Poyo ya estaba desbordado cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió su aviso por correo electrónico.

Según ha explicado la exconsellera, el vídeo fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del consistorio a las 18:42 horas, un momento en el que, subraya, “ya era imposible tomar medidas extraordinarias de prevención”.

El correo de la CHJ llegó con el tiempo justo

La defensa de Pradas sostiene que el aviso de la CHJ sobre el posible desbordamiento del barranco llegó cuando la emergencia ya se estaba produciendo, lo que limitaría la capacidad de reacción de las autoridades autonómicas. La exconsellera intenta así justificar que su gestión no incurrió en negligencia y que las circunstancias hacían inviable cualquier respuesta preventiva eficaz en ese momento.

El vídeo en cuestión muestra imágenes del desbordamiento y ha sido incluido como prueba documental por parte del equipo legal de Pradas, que insiste en que “los hechos deben analizarse con objetividad y con base en evidencias verificables”.

Contexto del caso

El desbordamiento del barranco del Poyo provocó graves afecciones en varias localidades del área metropolitana de València, incluyendo Paiporta, y ha generado un intenso debate político sobre la gestión de las alertas y la coordinación institucional entre administraciones.

La responsabilidad en la cadena de avisos y la actuación de las distintas instituciones implicadas están siendo objeto de análisis tanto en sede judicial como en el ámbito político. La aportación de este vídeo pretende reforzar la tesis de que la Generalitat no tuvo margen operativo suficiente una vez recibido el aviso.

Trabajadores de la AVSRE y del 112 testificarán en junio por la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana

La investigación judicial sobre la gestión de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024 sigue avanzando. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) ha citado a declarar a una docena de trabajadores de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y del servicio 112 Comunitat Valenciana, en calidad de testigos, durante los meses de junio y julio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), estas declaraciones forman parte de la instrucción de la causa penal abierta para esclarecer posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia que dejó cuantiosos daños materiales y varias víctimas mortales.


Calendario de testificales por la DANA

Las comparecencias comenzarán el 2 de junio, con la declaración de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València (UV), que acudirá en calidad de perito. Posteriormente, se irán sucediendo los testimonios de personal técnico y operativo vinculado a los servicios de emergencia:

  • 4 de junio: operadora de comunicación del 112

  • 6 de junio: técnica superior de Emergencias

  • 10 de junio: jefe de unidad de análisis y seguimiento de Emergencias

  • 12 de junio: trabajador de Ilunion Emergencias

  • 17 de junio: jefa de servicio de Emergencias

  • 19 de junio: técnico medio de Protección Civil

  • 20 de junio: jefe de Servicio de Emergencias

  • 25 de junio: coordinadora de Recursos y Protección Civil

  • 27 de junio: segunda trabajadora de Ilunion Emergencias

  • 1 de julio: empleado de Ilunion

  • 3 de julio: otro trabajador de la misma empresa


Una causa clave para depurar responsabilidades

La DANA que azotó la Comunitat Valenciana a finales de octubre de 2024 dejó graves inundaciones, especialmente en la comarca de l’Horta Sud, donde municipios como Torrent, Paiporta, Catarroja o Albal sufrieron daños sin precedentes.

Esta investigación penal busca analizar la actuación de las administraciones y servicios de emergencia durante las horas críticas en las que se produjeron las precipitaciones torrenciales, especialmente en lo referente a la gestión de avisos, coordinación y respuesta.

 

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