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Blasco, recibido al grito de «ladrón» al llegar a la Ciudad de la Justicia por el caso Cooperación

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VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) –

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía con el PP, Rafael Blasco, ha sido recibido este lunes al grito de «ladrón» a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València donde se sentará en el banquillo de los acusados por el segundo juicio del llamado ‘caso Cooperación’, el que comprende las piezas 2 y 3 y en las que se juzgará el presunto desvío de millones de euros destinados a la cooperación internacional y por la fallida construcción del hospital de Haití, tras el terremoto que asoló el país en 2010.

Blasco, que ha llegado solo a las 09.24 horas, minutos antes del momento fijado para comenzar la vista, ha sido recibido de esta forma por un grupo de ciudadanos y miembros de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que había convocado una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia, con pancartas con los lemas «Que tornen els diners de la cooperació»; «Menys corrupció, més cooperació»; «#JusticiacasoBlasco»; y «On estan els diners». («Que devuelvan el dinero de la cooperación»; «Menos corrupción, más cooperación» y «Dónde está el dinero»).

A la llegada del exconseller, los concentrados han intensificado sus proclamas y las han unido en un solo grito: «Lladre» (ladrón), mientras que Blasco era rodeado por los medios que le aguardaban a la puerta, ha accedido al interior y ha aguardado su turno para entrar, sin hacer declaraciones. Desde el cristal exterior, le han reclamado que devuelva el dinero de la cooperación y han gritado que el pueblo valenciano está «contra la corrupción».

Previamente a su llegada, le ha precedido quien fuera su alto cargo y también acusado, Josep Maria Felip, quien también ha aguardado la cola al grito de «lladre».

En nombre de la Coordinadora, han leído un manifiesto su presidenta, Lourdes Miró, y el responsable de esta campaña, Carles Xavier López, quien han concretado que en este caso se juzga el presunto desvío de fondos para 23 proyectos de cooperación a diez países, entre los que ha citado Perú, Guinea, Senegal, Mauritania, entre otros, más el caso del fallido Hospital de Haití, tras el terremoto de 2010 que causó 300.000 muertos y medio millón de personas sin hogar.

«NO ES UN CASO MÁS»
«No es un caso más, es el caso de una de las tramas más indignas de los últimos años», han dicho, y han apuntado a Blasco como «máximo responsable» de una trama desde su departamento y con el empresario Augusto César Tauroni, también acusado, como principal «cerebro», y que «aprovechó el sufrimiento de miles de personas» para comprarse viviendas, yates e, incluso, una avioneta.

Por ello, reclaman 154 años de prisión para Blasco, Tauroni, Felip y la cúpula de la extinta Conselleria con el PP: «Reivindicamos Justicia sin impunidad; que la corrupción no salga gratis», han reclamado, así como respeto a la dignidad del trabajo de las ONGD internacionales, que desarrollan su cometido de manera «honrada y con responsabilidad desde hace más de 30 años».

Además, exigen que el caso deje de llamarse Cooperación y sea denominado Blasco, y la devolución de «hasta el último céntimo defraudado».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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