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Blasco, recibido al grito de «ladrón» al llegar a la Ciudad de la Justicia por el caso Cooperación

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VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) –

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía con el PP, Rafael Blasco, ha sido recibido este lunes al grito de «ladrón» a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València donde se sentará en el banquillo de los acusados por el segundo juicio del llamado ‘caso Cooperación’, el que comprende las piezas 2 y 3 y en las que se juzgará el presunto desvío de millones de euros destinados a la cooperación internacional y por la fallida construcción del hospital de Haití, tras el terremoto que asoló el país en 2010.

Blasco, que ha llegado solo a las 09.24 horas, minutos antes del momento fijado para comenzar la vista, ha sido recibido de esta forma por un grupo de ciudadanos y miembros de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que había convocado una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia, con pancartas con los lemas «Que tornen els diners de la cooperació»; «Menys corrupció, més cooperació»; «#JusticiacasoBlasco»; y «On estan els diners». («Que devuelvan el dinero de la cooperación»; «Menos corrupción, más cooperación» y «Dónde está el dinero»).

A la llegada del exconseller, los concentrados han intensificado sus proclamas y las han unido en un solo grito: «Lladre» (ladrón), mientras que Blasco era rodeado por los medios que le aguardaban a la puerta, ha accedido al interior y ha aguardado su turno para entrar, sin hacer declaraciones. Desde el cristal exterior, le han reclamado que devuelva el dinero de la cooperación y han gritado que el pueblo valenciano está «contra la corrupción».

Previamente a su llegada, le ha precedido quien fuera su alto cargo y también acusado, Josep Maria Felip, quien también ha aguardado la cola al grito de «lladre».

En nombre de la Coordinadora, han leído un manifiesto su presidenta, Lourdes Miró, y el responsable de esta campaña, Carles Xavier López, quien han concretado que en este caso se juzga el presunto desvío de fondos para 23 proyectos de cooperación a diez países, entre los que ha citado Perú, Guinea, Senegal, Mauritania, entre otros, más el caso del fallido Hospital de Haití, tras el terremoto de 2010 que causó 300.000 muertos y medio millón de personas sin hogar.

«NO ES UN CASO MÁS»
«No es un caso más, es el caso de una de las tramas más indignas de los últimos años», han dicho, y han apuntado a Blasco como «máximo responsable» de una trama desde su departamento y con el empresario Augusto César Tauroni, también acusado, como principal «cerebro», y que «aprovechó el sufrimiento de miles de personas» para comprarse viviendas, yates e, incluso, una avioneta.

Por ello, reclaman 154 años de prisión para Blasco, Tauroni, Felip y la cúpula de la extinta Conselleria con el PP: «Reivindicamos Justicia sin impunidad; que la corrupción no salga gratis», han reclamado, así como respeto a la dignidad del trabajo de las ONGD internacionales, que desarrollan su cometido de manera «honrada y con responsabilidad desde hace más de 30 años».

Además, exigen que el caso deje de llamarse Cooperación y sea denominado Blasco, y la devolución de «hasta el último céntimo defraudado».

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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