El Ayuntamiento de Valencia bonificará los alquileres públicos: ninguno de sus inquilinos pagará más del 25% de su sueldo
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado hoy que el Pleno aprobará una moción para que ningún inquilino de una vivienda en alquiler de AUMSA pague una renta mensual que supere el 25 % de los ingresos de la unidad de convivencia familiar. Además, ha destacado que se modificará el procedimiento de adjudicación de las viviendas en alquiler para valorar las situaciones de especial vulnerabilidad.
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción alternativa, con los votos a favor del PP y Vox, en la que se establece que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.3 del Decreto 68/2023 de la Generalitat que ningún inquilino de la empresa pública AUMSA paguen por renta de alquiler cantidad que supere el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia con efectos de 1 de enero de 2024”.
De esta forma, la empresa AUMSA, a través de una oficina que se pone en marcha esta semana, atenderá de manera individualizada a los inquilinos para dar soluciones a las familias que se encuentren en esta situación.
Por otro lado, el Pleno también ha apoyado, en consonancia con la decisión adoptada en el último consejo de administración de la empresa pública AUMSA, “iniciar el procedimiento de revisión de la Normativa del Registro de Demandantes y Procedimiento de Adjudicación de las Viviendas Promovidas y Gestionadas por AUMSA, para homogenizar criterios con las Bases Reguladoras del Procedimiento de Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda y del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas en Régimen de Alquiler Asequible del Ayuntamiento de València de manera que se tenga en cuenta en vez del orden de inscripción, como hasta ahora, las situaciones de vulnerabilidad, mayores de 65 años, entre 18 y 35 años, familias numerosas y monoparentales, víctimas de violencia de género doméstica o terrorismo, miembros de la unidad de convivencia con dependencia o diversidad funcional, familias en situación de desahucio eminente o incluidas en programas de bienestar social”.
Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que “las personas que viven en las viviendas d’AUMSA no pueden pagar los precios que los han puesto ustedes y no pueden tratar la gente como clientes sino como ciudadanos porque el derecho a la vivienda es un derecho y AUMSA tiene que ser una herramienta útil para facilitar el acceso a la vivienda”.
Robles ha recordado que “la subida del alquiler se ha hecho sin preaviso y no figuraba en el presupuesto y todo esto pasa porque emplean la gerencia de AUMSA y de las entidades para pagar favores”.
Por su parte, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha afirmado que “el gobierno municipal ha hecho el ridículo, el ridículo más espantoso, porque el que pretendían hacer no lo pueden hacer”. Gómez se ha preguntado “por qué a la vez que aprobaban a bombo y platillo una reforma fiscal para reducir el IBI, dejaban sin bonificaciones el precio público de las viviendas de alquiler”. Gómez considera que “han generado una situación imprevista sin informar de nada y además de 500 familias los han pegado una estocada”.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado esta mañana, con los votos a favor del Partido Popular y de VOX i en contra de Compromís i del PSPV-PSOE, la alternativa del gobierno municipal a la moción presentada por Compromís, acerca del alquiler de los pisos de uso turístico, por la cual solicitaban su regulación a través de la redacción de una ordenanza, entre otras medidas.
La alternativa aprobada contempla, por un lado, que se continúe con los estudios y trabajos para la regulación del uso de apartamentos turísticos con seguridad jurídica y una normativa bien definida. Por otro lado, la continuación del plan de inspección de apartamentos turísticos ilegales. Y, por último, que se definan canales de comunicación directa para la recepción de las denuncias por molestias y la inspección de las mismas por el personal técnico municipal.
No obstante, se ha rechazado, con los votos en contra del Partido Popular y de VOX y a favor de Compromís y del PSPV-PSOE, la moción presentada por el grupo Socialista relativa a la aplicación de una tasa turística municipal y una pionera tasa Airbnb en la ciudad de València, a cual se ha adherido Compromís a través de una enmienda.
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