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Estas son las bonificaciones del Ayuntamiento para los alquileres públicos

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Bonificaciones Ayuntamiento Valencia alquiler público

El Ayuntamiento de Valencia bonificará los alquileres públicos: ninguno de sus inquilinos pagará más del 25% de su sueldo

 La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado hoy que el Pleno aprobará una moción para que ningún inquilino de una vivienda en alquiler de AUMSA pague una renta mensual que supere el 25 % de los ingresos de la unidad de convivencia familiar. Además, ha destacado que se modificará el procedimiento de adjudicación de las viviendas en alquiler para valorar las situaciones de especial vulnerabilidad. 

 

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción alternativa, con los votos a favor del PP y Vox, en la que se establece que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.3 del Decreto 68/2023 de la Generalitat que ningún inquilino de la empresa pública AUMSA paguen por renta de alquiler cantidad que supere el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia con efectos de 1 de enero de 2024”. 

 De esta forma, la empresa AUMSA, a través de una oficina que se pone en marcha esta semana, atenderá de manera individualizada a los inquilinos para dar soluciones a las familias que se encuentren en esta situación. 

 

Por otro lado, el Pleno también ha apoyado, en consonancia con la decisión adoptada en el último consejo de administración de la empresa pública AUMSA, “iniciar el procedimiento de revisión de la Normativa del Registro de Demandantes y Procedimiento de Adjudicación de las Viviendas Promovidas y Gestionadas por AUMSA, para homogenizar criterios con las Bases Reguladoras del Procedimiento de Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda y del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas en Régimen de Alquiler Asequible del Ayuntamiento de València de manera que se tenga en cuenta en vez del orden de inscripción, como hasta ahora, las situaciones de vulnerabilidad, mayores de 65 años, entre 18 y 35 años, familias numerosas y monoparentales, víctimas de violencia de género doméstica o terrorismo, miembros de la unidad de convivencia con dependencia o diversidad funcional, familias en situación de desahucio eminente o incluidas en programas de bienestar social”. 

 

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que “las personas que viven en las viviendas d’AUMSA no pueden pagar los precios que los han puesto ustedes y no pueden tratar la gente como clientes sino como ciudadanos porque el derecho a la vivienda es un derecho y AUMSA tiene que ser una herramienta útil para facilitar el acceso a la vivienda”. 

 

Robles ha recordado que “la subida del alquiler se ha hecho sin preaviso y no figuraba en el presupuesto y todo esto pasa porque emplean la gerencia de AUMSA y de las entidades para pagar favores”.  

 

Por su parte, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha afirmado que “el gobierno municipal ha hecho el ridículo, el ridículo más espantoso, porque el que pretendían hacer no lo pueden hacer”. Gómez se ha preguntado “por qué a la vez que aprobaban a bombo y platillo una reforma fiscal para reducir el IBI, dejaban sin bonificaciones el precio público de las viviendas de alquiler”. Gómez considera que “han generado una situación imprevista sin informar de nada y además de 500 familias los han pegado una estocada”. 

 

Por otro lado, el Pleno ha aprobado esta mañana, con los votos a favor del Partido Popular y de VOX i en contra de Compromís i del PSPV-PSOE, la alternativa del gobierno municipal a la moción presentada por Compromís, acerca del alquiler de los pisos de uso turístico, por la cual solicitaban su regulación a través de la redacción de una ordenanza, entre otras medidas. 

 

La alternativa aprobada contempla, por un lado, que se continúe con los estudios y trabajos para la regulación del uso de apartamentos turísticos con seguridad jurídica y una normativa bien definida. Por otro lado, la continuación del plan de inspección de apartamentos turísticos ilegales. Y, por último, que se definan canales de comunicación directa para la recepción de las denuncias por molestias y la inspección de las mismas por el personal técnico municipal. 

 

No obstante, se ha rechazado, con los votos en contra del Partido Popular y de VOX y a favor de Compromís y del PSPV-PSOE, la moción presentada por el grupo Socialista relativa a la aplicación de una tasa turística municipal y una pionera tasa Airbnb en la ciudad de València, a cual se ha adherido Compromís a través de una enmienda. 

 

 

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Valencia

Sanidad y las autonomías acuerdan que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en centros sanitarios

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mascarilla obligatoria centros de salud

Sanidad y las autonomías acuerdan que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en centros sanitarios para contener el avance de la gripe

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han alcanzado este viernes un acuerdo clave para frenar el repunte de virus respiratorios: la mascarilla volverá a ser obligatoria en hospitales y centros de salud cuando los indicadores alcancen niveles de riesgo moderado o alto. La decisión llega tras la alerta emitida por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que advierte de un adelantamiento inusual de la gripe y de la expansión del nuevo linaje A(H3N2) subclado K.

Este consenso, forjado en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), supone un giro respecto al año pasado, cuando Sanidad y las autonomías no lograron pactar un protocolo común. Esta vez, el documento —que se aprobará definitivamente el 3 de diciembre— introduce directrices homogéneas y escalables, orientadas a evitar un colapso asistencial durante la temporada 2025-2026.


Un plan común frente a los virus respiratorios: mascarillas por escenarios

El nuevo protocolo ordena la respuesta sanitaria en cuatro niveles de riesgo (0 a 3), determinados por la incidencia de virus respiratorios, la ocupación hospitalaria y otros indicadores epidemiológicos.

Escenario 0: vigilancia reforzada

En fase de baja circulación vírica, se mantiene la recomendación general:
– Utilizar mascarilla quirúrgica ante cualquier síntoma respiratorio.
– Reducir interacciones sociales, especialmente con colectivos vulnerables.
– Extremar la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.

Escenario 1: incremento controlado de casos

Cuando la incidencia comienza a aumentar:
– Se recomienda llevar mascarilla durante los cinco días posteriores al inicio de síntomas.
– Fomentar el teletrabajo cuando sea posible.

Escenario 2: riesgo moderado

Aquí llegan las primeras obligaciones:
Uso obligatorio de mascarilla en hospitales, centros de salud y salas de espera.
– Los centros sociosanitarios deberán «valorar» imponerla de forma permanente en función de la vulnerabilidad de sus residentes.
– El personal de residencias con síntomas deberá permanecer cinco días de baja.

Escenario 3: riesgo muy alto o situación pandémica

Aunque el documento no impone nuevas reglas específicas, deja vía libre para introducir medidas excepcionales, incluidas restricciones más severas si la situación lo requiere.


Sanidad pone el foco en tres ámbitos clave

El plan concentra esfuerzos en espacios especialmente sensibles:

1. Residencias y centros sociosanitarios

– Bajas obligatorias para trabajadores con síntomas.
– Uso de mascarilla durante toda la jornada tras la reincorporación hasta remitir los síntomas.
– Posibilidad de imponer restricciones adicionales según vulnerabilidad del centro.

2. Hospitales y centros de salud

– En niveles bajos y moderados, mascarilla obligatoria en unidades de especial riesgo (oncología, trasplantes…).
– En nivel medio, uso extensivo en urgencias, salas de espera y zonas comunes.

3. Profesionales con trato directo al público

– Recomendación de usar mascarilla en escenarios de alta circulación vírica, especialmente si interactúan con personas sintomáticas.


Un acuerdo que llega tras un año de desencuentros

El protocolo del año pasado naufragó por falta de consenso entre las autonomías. El resultado fue un documento sin carácter vinculante que dejó a cada región la capacidad de fijar sus propios criterios sobre mascarilla, aforos o restricciones. Este invierno, con un repunte gripal más temprano y agresivo, la presión asistencial ha obligado a cerrar filas.


23,7 millones de euros para reforzar el sistema sanitario

Además de las medidas frente a los virus respiratorios, Sanidad y las comunidades han aprobado la distribución de 23,7 millones de euros destinados a reforzar diversas áreas del Sistema Nacional de Salud.

Entre las partidas destacan:
2 millones para mejorar la autosuficiencia en plasma humano.
2,5 millones para equipamiento de unidades de donación de plasma.
1,5 millones para planes frente al tabaquismo.
7 millones para vigilancia en cáncer, salud mental, resistencias antimicrobianas y enfermedades raras.
1 millón para el Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones.
4 millones adicionales para sistemas de vigilancia epidemiológica.


Un invierno marcado por la prevención y la coordinación

Con este acuerdo, Sanidad pretende adelantarse a la presión asistencial que podría generar la combinación de gripe, covid y otros virus respiratorios en las próximas semanas. La vuelta de la mascarilla obligatoria en centros sanitarios se perfila como una herramienta clave para reducir contagios y proteger a los más vulnerables en un invierno que se prevé especialmente activo en términos epidemiológicos.

¿Cuándo volverán a ser obligatorias?

La mascarilla volverá a ser obligatoria en centros sanitarios tras la aprobación del protocolo el 3 de diciembre de 2025, siempre que se cumplan los umbrales epidemiológicos establecidos (aumento de gripe/virus respiratorios, alta presión hospitalaria, etc.). En ese momento, todos los centros deberán ajustarse a la obligación.

 

 

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