Madrid, 11 mar (EFE).- La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará al expresident valenciano Francisco Camps entre el 17 de enero y el 23 de mayo del próximo año por la adjudicación a Orange Market -firma de la trama Gürtel- del expositor valenciano en la feria Fitur de 2009.

Camps, que se enfrenta a una petición del fiscal de dos años y medio de cárcel, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional tras pedir sin éxito que se apartara a dos magistrados del tribunal que le va a juzgar: el presidente, José Antonio Mora Alarcón, y José Ricardo de Prada, uno de los jueces que firmó la sentencia de la primera época de Gürtel que determinó la existencia de una caja b en el PP.

Finalmente, y tras serle rechazados varios recursos, ya hay fecha para el que será su segundo juicio por Gürtel. El primero, el conocido como el de «los trajes» y en el que acabó siendo absuelto, le llevó a dimitir como presidente de la Generalitat en julio de 2011.

Doce años después se volverá a sentar en el banquillo por Gürtel, esta vez en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

Según el calendario de la Sala, al que ha tenido acceso Efe, el juicio está señalado en fechas que van del 17 de enero al 23 de mayo de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción pide para él 2 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación y fraude en relación con la contratación irregular con la trama Gürtel para el montaje del expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009.

Según la Fiscalía, Camps dio verbalmente instrucciones a la ex directora general de promoción institucional Salvadora Ibars para que le adjudicasen a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de ese expositor por 366.529 euros.

Esta investigación contra Camps surgió del juicio a la rama valenciana de Gürtel, cuando algunos acusados, como Álvaro Pérez el Bigotes -responsable de Orange Market- y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, le apuntaron como responsable de adjudicaciones como la de Fitur.

A partir de esas confesiones, la Fiscalía instó la reapertura de la pieza de Gürtel relativa a esa empresa para investigar a Camps y el juez finalmente le procesó únicamente por esa adjudicación.

La Fiscalía defiende que las empresas del líder de Gürtel, Francisco Correa, se asentaron en la Comunidad Valenciana en 2003 para «aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció» Camps, «no solo para la organización y ejecución de todos los actos del PP» sino también para «conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos».

En el caso de Fitur 2009, Anticorrupción afirma que se adjudicó para «contentar» a los miembros de la trama por la «elevada deuda acumulada» que tenía Orange Market con el PP por la organización de actos del partido en años anteriores.

Aparte de la pena de 2 años y medio de prisión, la Fiscalía reclama también que se inhabilite a Camps para cargo público durante 10 años.