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El caso Emarsa queda visto para sentencia tras 8 meses de vistas

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(EFE).- El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, en el que se han sentado en el banquillo 24 acusados de haber desviado 23,5 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (València), ha quedado visto para sentencia tras cerca de un centenar de vistas en ocho meses.

En la última vista, en la que han estado presentes todos los acusados, se han escuchado los alegatos finales de varios de ellos, en los que han tratado de delimitar sus responsabilidades, asumirlas, o pedir perdón.

Entre los acusados figuran exdirectivos de la empresa pública municipal Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y de la empresa de la Generalitat Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales), así como varios empresarios, procesados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad.

La Fiscalía pide penas de 20 años de cárcel para el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises (Valencia), Enrique Crespo, y 24 años de prisión para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta.

Reclama 10 años Juan José Morenilla y 3,5 para Ignacio Bernácer, ex altos cargos de la Generalitat, en todos los casos por falsedad, prevaricación y malversación, además de cohecho en el caso de Cuesta.

El Ministerio Público reclama que los principales acusados hagan frente, de forma solidaria y conjunta, a una indemnización de 23,5 millones de euros para las empresas matrices de Emarsa: Epsar (Generalitat) y Emshi (entidad metropolitana), además de los gastos del proceso de liquidación de Emarsa, que ascienden por el momento a 8,2 millones, más 3,2 millones en concepto de sanciones tributarias.

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Koldo García facilitó contratos públicos al empresario José Ruz en el Puerto de València y el baipás, según la UCO

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Caso Koldo
Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado a la causa del Tribunal Supremo que investiga el denominado caso Koldo, revela que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, actuó como mediador para favorecer al empresario valenciano José Ruz en la obtención de contratos públicos.

Según el contenido del informe, García intervino para que Ruz, propietario de la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, accediera a adjudicaciones relevantes en el Puerto de València y en las obras del baipás, una infraestructura estratégica en la red de comunicaciones de la Comunitat Valenciana.

Contratos públicos bajo sospecha

Las conversaciones interceptadas entre García y Ruz, así como la documentación incautada en el registro efectuado en la sede de la empresa en Alberic, apuntan a que el empresario logró beneficiarse de su relación con el entorno del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.

Levantina Ingeniería y Construcción, propiedad de José Ruz, habría obtenido más de 100 millones de euros en contratos públicos en los últimos años, muchos de ellos en el ámbito de infraestructuras de transporte. Los investigadores vinculan estas adjudicaciones con la supuesta intermediación de Koldo García, quien también habría intervenido en procesos relacionados con Adif, Aena y el Ministerio de Defensa.

Relación privilegiada con el poder político

El informe judicial describe una relación fluida entre Koldo García y José Ruz, basada en una interlocución directa que permitió al contratista conocer detalles de adjudicaciones antes de su publicación oficial. Esta conexión habría sido clave para el éxito de Ruz en diversas licitaciones.

La Guardia Civil investiga si esta mediación implicó pagos encubiertos o contraprestaciones no declaradas. Algunos testimonios recogidos apuntan a que el empresario valenciano reconoció haber realizado “favores” al entorno del exministro, sin concretar públicamente la naturaleza de dichos beneficios.

Contexto del caso Koldo

Estas nuevas revelaciones se suman a una trama más amplia que involucra a figuras políticas del PSOE en la gestión irregular de contratos públicos. Tanto Koldo García como José Luis Ábalos están siendo investigados por su posible implicación en delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos.

El caso ha adquirido una dimensión nacional, con derivadas que afectan a varias instituciones públicas y empresas contratistas. La citación de Ábalos y García está prevista para finales de junio, mientras que nuevas diligencias continúan abiertas.

 

 

 

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