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CCOO y UGT convocan una «gran movilización» en defensa de las pensiones públicas para el 17 de marzo

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CCOO y UGT convocan una "gran movilización" en defensa de las pensiones públicas para el 17 de marzo

VALENCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) –

Los sindicatos de UGT y CCOO han convocado una «gran movilización» para el próximo 17 de marzo en defensa de las pensiones publicas, por una revalorización que evite que pierdan poder adquisitivo y para que se destinen recursos públicos al sistema que permitan que «sigan siendo viables en las próximas décadas».

Así lo han anunciado este jueves los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en la rueda de prensa previa a una asamblea por la huelga del 8M en València, en la que han hecho un llamamiento para que todo aquel que esté a favor de que se derogue la reforma de las pensiones de 2013, el coeficiente de sostenibilidad y de que se revaloricen las pensiones «dé un paso adelante» y salga a la calle a reivindicar ese día.

En este sentido, Pepe Álvarez ha animado a participar en «una gran movilización que obligue al Gobierno a cambiar sus políticas» en materia de pensiones. «No hay duda de que hay que revisar la subida del 0,25% de las pensiones, sin atajos y de manera justa», ha subrayado, para que «recuperen poder adquisitivo».

En la misma línea, Unai Sordo ha asegurado que las organizaciones sindicales van a dar «el Do de pecho» y se van a dirigir al conjunto de fuerzas sociales para plantear una movilización en defensa de las pensiones publicas.

«Los pensionistas van a seguir en la calle defendiendo la necesidad de un sistema público de pensiones, la revalorización de las pensiones actuales y la garantía de que se va a mantener un sistema de pensiones en las próximas décadas».

Se trata de una «pelea», ha dicho, que «alude a las personas pensionistas y al conjunto de la población, también a la gente más joven», puesto que «no se trata solo de revalorizar las pensiones, se trata de garantizar que las personas que ahora mismo tienen 30 ó 40 años, vayan a tener un pensión pública suficiente».

El dirigente sindical de CCOO ha defendido así que esta es una «lucha por la cohesión social, por la igualdad, por la solidaridad y por la vertebración territorial e intergeneracional que necesita este país». Se trata se «cambiar la orientación de las políticas de agravio a la mayoría social, políticas de austeridad que siguen empobreciendo al conjunto de la población», ha sentenciado.

La movilización tendrá su máxima expresión en Madrid, aunque está por cerrar el modo de «descentralizarla» para que sea visible en el conjunto del Estado, ha explicado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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