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Valencia

Comienza el juicio contra Consuelo Císcar por malversación en el IVAM

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Valencia, 2 nov (EFE).- La exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar se enfrenta a partir de hoy a un nuevo juicio por haber gastado de forma ilícita unos 4 millones de euros de fondos públicos en la compra de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda, unos hechos por los que se pide para ella una condena de seis años.

Císcar ya fue condenada -admitió su responsabilidad- el pasado verano a un año y seis meses de prisión por haber cometido prevaricación y malversación de caudales públicos al utilizar los recursos del museo para favorecer la carrera artística como escultor de su hijo -y del exconseller del Gobierno valenciano condenado varias veces por corrupción, Rafael Blasco (PP)- Rafael Blasco Císcar, alias ‘Rablaci’.

Esta condena fue suspendida con la condición de que no delinquiese en el plazo de dos años y abonase, junto con los otros condenados, 75.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Ahora se enfrenta a una segunda causa en el marco del caso IVAM, en esta ocasión por haber adquirido obras de arte del escultor Gerardo Rueda que se consideran falsas.

También será juzgado el ex director financiero del museo Juan Carlos Lledó y José Luis Rueda, hijo adoptivo del escultor fallecido, por los mismos delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

Según relata el abogado de la Generalitat en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, «de forma sorpresiva y enigmática, en 2007 (11 años después de la muerte de su padre) José Luis Rueda, obviando al albacea, protocoliza mediante instrumento público notarial una adición de herencia en la que dice haber encontrado unas 600 obras de arte valoradas en más de 21 millones de euros».

Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat reclaman para la acusada -ex alto cargo con los gobiernos del PP y esposa del exconseller Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación- seis años de cárcel y una multa de 144.000 euros.

De forma subsidiaria, el abogado de la Generalitat reclama que los tres acusados sean considerados autores de un delito de estafa.

Para Juan Carlos Lledó la fiscal reclama cinco años y medio de prisión y una multa de 63.000 euros y para José Luis Rueda una condena de cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los tres acusados una indemnización de 3.456.876 euros, que deberán abonar de forma solidaria y conjunta.

Esta cantidad se eleva hasta los 4.176.868 en el escrito de acusación que ha presentado la Abogacía de la Generalitat.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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