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Valencia

Comienza el juicio contra Consuelo Císcar por malversación en el IVAM

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Valencia, 2 nov (EFE).- La exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar se enfrenta a partir de hoy a un nuevo juicio por haber gastado de forma ilícita unos 4 millones de euros de fondos públicos en la compra de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda, unos hechos por los que se pide para ella una condena de seis años.

Císcar ya fue condenada -admitió su responsabilidad- el pasado verano a un año y seis meses de prisión por haber cometido prevaricación y malversación de caudales públicos al utilizar los recursos del museo para favorecer la carrera artística como escultor de su hijo -y del exconseller del Gobierno valenciano condenado varias veces por corrupción, Rafael Blasco (PP)- Rafael Blasco Císcar, alias ‘Rablaci’.

Esta condena fue suspendida con la condición de que no delinquiese en el plazo de dos años y abonase, junto con los otros condenados, 75.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Ahora se enfrenta a una segunda causa en el marco del caso IVAM, en esta ocasión por haber adquirido obras de arte del escultor Gerardo Rueda que se consideran falsas.

También será juzgado el ex director financiero del museo Juan Carlos Lledó y José Luis Rueda, hijo adoptivo del escultor fallecido, por los mismos delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

Según relata el abogado de la Generalitat en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, «de forma sorpresiva y enigmática, en 2007 (11 años después de la muerte de su padre) José Luis Rueda, obviando al albacea, protocoliza mediante instrumento público notarial una adición de herencia en la que dice haber encontrado unas 600 obras de arte valoradas en más de 21 millones de euros».

Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat reclaman para la acusada -ex alto cargo con los gobiernos del PP y esposa del exconseller Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación- seis años de cárcel y una multa de 144.000 euros.

De forma subsidiaria, el abogado de la Generalitat reclama que los tres acusados sean considerados autores de un delito de estafa.

Para Juan Carlos Lledó la fiscal reclama cinco años y medio de prisión y una multa de 63.000 euros y para José Luis Rueda una condena de cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los tres acusados una indemnización de 3.456.876 euros, que deberán abonar de forma solidaria y conjunta.

Esta cantidad se eleva hasta los 4.176.868 en el escrito de acusación que ha presentado la Abogacía de la Generalitat.

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Valencia

La jueza de la dana descarta «por ahora» citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

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Maribel Vilaplana juicio
La periodista Maribel Vilaplana en imagen de archivo-LEVANTE UD

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, descarta «por el momento» volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la ríada, y ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar –ya lo hizo hace unos meses–.

Así se desprende de un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

En su resolución, la jueza descarta «en el presente momento» volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular.

La jueza de la dana cuestiona el reservado del Ventorro y abre la puerta a nuevas declaraciones

La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.

En su resolución, la instructora señala que, «ciertamente, las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor».

No obstante, cree «necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada» por Vilaplana, «oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es-Alert, de las medidas de protección a la población, oír a los testigos que de manera similar a la sra. Vilaplana, pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión y cualesquiera otros destinados a proteger a la población».

La magistrada también rechaza la petición de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello «es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme».

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

PRADAS Y SALVADOS

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener «efecto en el proceso», ha de efectuarse con la «oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento», pues se trata de «una garantía para la propia investigada».

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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