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Valencia

Comienza el juicio contra Consuelo Císcar por malversación en el IVAM

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Valencia, 2 nov (EFE).- La exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar se enfrenta a partir de hoy a un nuevo juicio por haber gastado de forma ilícita unos 4 millones de euros de fondos públicos en la compra de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda, unos hechos por los que se pide para ella una condena de seis años.

Císcar ya fue condenada -admitió su responsabilidad- el pasado verano a un año y seis meses de prisión por haber cometido prevaricación y malversación de caudales públicos al utilizar los recursos del museo para favorecer la carrera artística como escultor de su hijo -y del exconseller del Gobierno valenciano condenado varias veces por corrupción, Rafael Blasco (PP)- Rafael Blasco Císcar, alias ‘Rablaci’.

Esta condena fue suspendida con la condición de que no delinquiese en el plazo de dos años y abonase, junto con los otros condenados, 75.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Ahora se enfrenta a una segunda causa en el marco del caso IVAM, en esta ocasión por haber adquirido obras de arte del escultor Gerardo Rueda que se consideran falsas.

También será juzgado el ex director financiero del museo Juan Carlos Lledó y José Luis Rueda, hijo adoptivo del escultor fallecido, por los mismos delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

Según relata el abogado de la Generalitat en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, «de forma sorpresiva y enigmática, en 2007 (11 años después de la muerte de su padre) José Luis Rueda, obviando al albacea, protocoliza mediante instrumento público notarial una adición de herencia en la que dice haber encontrado unas 600 obras de arte valoradas en más de 21 millones de euros».

Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat reclaman para la acusada -ex alto cargo con los gobiernos del PP y esposa del exconseller Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación- seis años de cárcel y una multa de 144.000 euros.

De forma subsidiaria, el abogado de la Generalitat reclama que los tres acusados sean considerados autores de un delito de estafa.

Para Juan Carlos Lledó la fiscal reclama cinco años y medio de prisión y una multa de 63.000 euros y para José Luis Rueda una condena de cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los tres acusados una indemnización de 3.456.876 euros, que deberán abonar de forma solidaria y conjunta.

Esta cantidad se eleva hasta los 4.176.868 en el escrito de acusación que ha presentado la Abogacía de la Generalitat.

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Valencia

Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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falsa médica tratamientos estéticos Valencia
Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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