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Comienza la distribución de la esperada vacuna monodosis de Janssen

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EFE

Madrid, 21 abr (EFE).- El Ministerio de Sanidad comienza este miércoles a distribuir las cerca de 150.000 vacunas de Janssen entre las comunidades autónomas, toda vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha avalado esta vacuna monodosis, llamada a agilizar la inmunización del grupo de 70 a 79 años en el que solo el 3,3 % tiene la pauta completa.

De esta forma, la primera remesa de 146.000 monodosis de este suero, que desde el 14 de abril estaban custodiadas en el almacén central de la compañía a la espera del veredicto de la EMA, comenzarán a repartirse entre las comunidades y ciudades autónomas. La previsión es que lleguen 300.000 en todo el mes de abril.

La estrategia de vacunación determinó que esta vacuna se iba a destinar a los más mayores, con el objetivo de agilizar la inmunización del grupo de 70 a 79 años, pues había quedado más rezagado. En estos momento, 2.054.922 personas de estas edades han recibido una dosis (el 45,4 % del total), y la pauta completa solo ha llegado a 278.772 (el 3,3 %).

Así, de esta primera remesa, la Comunidad de Madrid prevé administrar 20.900 a personas de 70 a 79 años y que estén inmovilizadas en sus domicilios. Andalucía cuenta con recibir 26.150 monodosis de Janssen; Castilla y León, 7.400 y Euskadi, 6.850.

Ha sido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la que este martes en el Senado ha comunicado a los miembros de la Comisión de Sanidad y Consumo que al término de la sesión iba a «recepcionar» Janssen para comenzar de inmediato el reparto.

«¿Qué vamos a hacer con Janssen?. Cuando acabe esta comparecencia esta ministra va a recepcionar Janssen para que mañana puedan estar distribuyéndose entre las comunidades autónomas», señaló Darias.

La decisión llega tras determinar la EMA -como hizo con AstraZeneca- que pese al «posible vínculo» del fármaco con el desarrollo de coágulos sanguíneos muy raros, el balance entre beneficio y riesgo de este preparado sigue siendo «positivo».

El reparto de Janssen coincide con la decisión de la Comisión de Salud Pública, que hoy será, con toda probabilidad, ratificada por el Consejo Interterritorial de Salud, de no retrasar las segundas dosis de las vacunas.

De esta forma, la estrategia actual de vacunación se seguirá aplicando con los intervalos de dosis que especifica cada compañía farmacéutica: 21 días para Pfizer, 28 para Moderna y 12 semanas para AstraZeneca.

Según la ministra, la propuesta de espaciar las segundas dosis de seis a ocho semanas respondía a una petición de algunas comunidades autónomas y «había que plantear el debate porque forma parte de la cogobernanza y de la democracia».

Además, de ratificar el acuerdo de Salud Pública, el Consejo Interterritorial estudiará este miércoles otro documento del Ministerio de Sanidad con recomendaciones comunes ante la reactivación progresiva de eventos y actividades multitudinarias para establecer medidas preventivas y de control hasta que mejore la situación epidemiológica.

Se trata, en definitiva, de eventos culturales, deportivos, religiosos o festivales, entre otros, que se consideran situaciones de riesgo de transmisión.

El documento cuenta con cuatro niveles de alerta a modo de semáforo que determinan una serie de actuaciones proporcionales al nivel de riesgo y adaptables según la situación y el contexto del territorio.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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