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Compromís pide reformar la Ley del IVA para aplicar al vino el tipo reducido del 10% como alimento natural

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EUROPA PRESS. Compromís ha registrado una proposición no de ley por la que propone al Gobierno reformar la Ley del IVA e incluir al vino como «alimento natural», de tal forma que se le incluya dentro de las bebidas a las que se les aplica el tipo impositivo reducido del 10%.

En concreto, la formación valenciana plantea modificar el artículo 91 de esta normativa en el que se recoge que el tipo reducido de IVA se aplicará a «las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo establecido en el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas».

En este punto, el texto explica que «se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano por ingestión que contenga alcohol etílico», un texto al que Compromís quiere añadir la excepción del vino, «que se considera alimento natural».

Con esta apreciación, unifican la Ley del IVA con la de Ley de la Viña y del Vino, en la que sí se establece en las definiciones del
artículo 2 que esta bebida es natural. «Vino: es el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, de mosto de uva», detalla la norma.

AFECTA AL CONSUMO Y A LA COMPRA
«Por tanto, el IVA del vino debería establecerse dentro de los casos susceptibles de tener un tipo de IVA reducido, actualmente del 10 por ciento, al tratarse de un alimento y no una bebida alcohólica», insiste Compromís.

El diputado que firma esta iniciativa, Enric Bataller, explica que el sector vitivinícola español, a pesar de ser uno de los subsectores más importantes del agro estatal, ha visto como el consumo de vino per cápita en España ha ido reduciéndose paulatinamente, pasando de
10,90 litros en 2004 a 8,88 litros en 2015.

«Esta bajada generalizada del consumo de vino influye negativamente en la rentabilidad de los agricultores y, por tanto, en la competitividad de sus explotaciones y, finalmente, en su renta», ha apuntado. A su juicio, la tasa impositiva actual del 21% «afecta negativamente al consumo» y «no incentiva la compra de vino por parte del consumidor».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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