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Comunicado de Eduardo Zaplana

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MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) –

El expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana ha defendido este viernes en una carta que es «inocente» y que «jamás» cobró «comisión alguna». «Jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas», ha explicado.

A través de una carta publicada por su mujer, Rosa Barceló, y recogida por Europa Press, Zaplana ha dado las gracias a las personas que «se pronuncian en favor» de su puesta en libertad alegando motivos de humanidad por la enfermedad que sufre.

«Quiero empezar afirmando, ‘como obviedad’, que soy inocente porque no he sido juzgado tal y como reconoce nuestro ordenamiento jurídico, aunque no sea libre por estar sometido a prisión preventiva, estando privado de mis derechos y mis libertades; y si me lo permiten quiero hacer otra afirmación en este caso subjetiva, «soy inocente» por el convencimiento absoluto de no ser responsable de los hechos de los que se me acusa», ha sostenido Zaplana.

Asimismo, el expresidente ha afirmado que «jamás» cobró «comisión alguna por unas adjudicaciones públicas». «Jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví y de cuya labor me siento muy orgulloso», ha añadido.

«MI ESTADO DE SALUD NO ES LA PRINCIPAL CAUSA DE PREOCUPACIÓN»
Según Zaplana, la enfermedad que sufre «no es la principal causa de preocupación» — «sin duda lo es para mi familia, mis seres queridos y mis médicos»–, ya que por encima de ello «está la defensa» de su honor y su nombre. «Y el recuerdo que de mi nombre quede a mis hijas y nietos», ha explicado.

El que fuera presidente de la Generalitat valenciana fue ingresado el pasado martes en el Hospital la Fe de Valencia –donde fue trasladado desde la cárcel de Picassent– para ser sometido a un chequeo rutinario. Fue en ese momento cuando un médico detectó un empeoramiento en su estado.

«Los motivos que me mantienen en prisión ya más de siete meses son mi capacidad para destruir pruebas y el riesgo de fuga. El mismo resultado se podría haber conseguido si, en lugar de la prisión provisional se hubiese acordado el arresto domiciliario que, además,
hubiera ayudado a mi salud», ha lamentado Zaplana.

En la carta, el expresidente se cuestiona «cuántos años hace falta para instruir un asunto contra una persona». «Se inició en el año 2015 y estamos entrando en 2019. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en prisión para no destruir pruebas?», ha preguntado.

«NO HE TENIDO LA SUERTE DE OTRAS PERSONAS»
Zaplana cree no haber «tenido la suerte de otras personas, también de notoriedad pública o mayor, que acusados de delitos similares o de mayor gravedad» que los suyos «se pueden defender sin limitación de derechos y libertades desde sus casas».

«Juro que no siento envidia por ellos, sino que sinceramente me alegro. Como me alegraría de todo corazón que pusieran en libertad a las dos personas (amigos míos) que ingresaron en prisión conmigo por el convencimiento interno de que su castigo tiene mucho que ver con su amistad conmigo y ser yo quien soy», ha señalado.

El expresidente espera que «cuando se levante el secreto de sumario» pueda defenderse y explicar «todo aquello que la instrucción necesita que aclare». «De momento quiero trasladar mi agradecimiento a cuantos han tenido la sensibilidad y argumentos para pedir mi libertad y desearles a todos feliz Navidad», ha apostillado.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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