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Valencia

Eduardo Zaplana condenado a más de 10 años de prisión por corrupción

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EFE/ Domenech Castelló/Archivo
Fotografía de archivo de Eduardo Zapalana, exministro y expresidente de la Generalitat valenciana. EFE/Kai Försterling

El exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha sido condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.

Absuelven a otros acusados del caso Erial

José Luis Olivas y otros acusados quedan absueltos

Los ocho acusados restantes en el denominado caso Erial, entre los que se encuentra el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por falta de pruebas que sustenten una condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Detalles de la sentencia del caso Erial

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, emitida tras el juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo, consta de 364 páginas. Sin embargo, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

 

Condena a Eduardo Zaplana

Los presuntos delitos que cita el auto son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y como presuntos autores apunta a una veintena de personas, entre ellas Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens (testaferro), los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà, el también expresident de la Generalitat y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los investigados, «dirigidos por» Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.

Todos los implicados

Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete con Zaplana en la Generalitat, Mitsuko Flerida, su secretaria personal, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo SEDESA -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino -expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía-, usando sociedades como Asedes Capital.

Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.

Comunicado de Zaplana

Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia y «absoluta disconformidad» con la acusación que formula hacia él y otras 14 personas el fiscal anticorrupción y ha lamentado la «instrucción inqusitorial» a la que se ha visto sometido los últimos siete años.

«Una vez visto el escrito de acusación del Fiscal, muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan», ha señalado en un comunicado.

Reitera su inocencia y lamenta 7 años de instrucción «inquisitorial»

«Al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales», ha añadido.

Por último, Zaplana expresa su confianza en que en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que le permitan acreditar su inocencia y «que hasta el momento le han sido vedadas».

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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