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Valencia

VÍDEO| Condenan a cinco años de prisión al exmarido de Mónica Oltra, por abusos sexuales a una menor

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Condena prisión exmarido Mónica Oltra
La joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana (izq), acompañada de su letrado (detrás), a su llegada esta tarde a la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE/Ana Escobar

Madrid, 13 dic (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de prisión al exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por abusos sexuales a una menor de 16 años que estaba bajo la tutela de la Generalitat.

Fuentes jurídicas han adelantado el fallo de la sentencia de la Sala de lo Penal que ha rechazado por unanimidad el recurso del exmarido de Oltra, que pedía anular la resolución condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y repetir el juicio.

La menor se hallaba tutelada por la Generalitat desde que fuera declarada en situación de desamparo por resolución administrativa, y los abusos se produjeron en el centro donde residía la víctima y trabajaba como educador el condenado.

El Supremo confirma la condena de cinco años de prisión al exmarido de Oltra por abusar de una menor tutelada

El exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión pero en junio de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló la condena y ordenó repetir la vista para que el tribunal tuviese en consideración dos informes que ponían en duda la credibilidad de la joven. La sentencia fue nuevamente condenatoria y el TSJCV la confirmó.

Y ahora el Tribunal Supremo ha ratificado la condena por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, con prevalimiento, en una sentencia cuyo contenido se conocerá en los próximos días.

En paralelo a este procedimiento, la Audiencia criticó la «instrucción parajudicial» del caso de la menor que, en su opinión, se hizo desde la Conselleria de Igualdad que dirigía Oltra.

Por ello, al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la menor acosada ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria -en el que se encuentra imputada la propia Oltra, quien dimitió de todos sus cargos en junio de 2022- por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido

El abogado de la menor tutelada víctima de abusos, satisfecho con la condena del Supremo

El letrado que representa a la joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana ha asegurado este miércoles que se siente satisfecho por la ratificación de la condena de cinco años de prisión acordada por el Tribunal Supremo, si bien ha insistido en que la reacción de la Administración no fue correcta.

El letrado Manuel Salazar ha realizado estas declaraciones su llegada a los juzgados de València, donde esta tarde declara en calidad de testigo la joven víctima en el marco de la causa que dirige Instrucción 15 y que tiene por objeto investigar precisamente si la Conselleria de Igualdad que dirigía Mónica Oltra, esposa entonces del ahora condenado por abusos, pudo haber maniobrado para ocultar el caso.

Fuentes jurídicas han adelantado el fallo de la sentencia de la Sala de lo Penal que ha rechazado el recurso del exmarido de Oltra, que pedía anular la resolución condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y repetir el juicio.

«(El Gobierno valenciano) tenía la obligación de tutelarla y de velar para que aquello no se produjera. En cambio, no lo hizo y tapó lo sucedido, no evitó que (el condenado) siguiese conviviendo en el mismo centro de menores con la víctima -en su condición de educador-«, ha agregado Salazar.

Preguntado por los últimos informes policiales aportados a la causa, relativos a los correos electrónicos entre los colaboradores más cercanos a Oltra, este letrado ha insistido en que no ha leído «ningún informe que diga que Mónica Oltra no tuvo nada que ver», sino uno que indica que «hay 40.000 correos borrados».

El letrado Manuel Salazar, que representa a la joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana a su llegada a los juzgados de València. EFE/Ana Escobar

La menor víctima de abusos por el exmarido de Oltra asegura que no se sintió respaldada

El abogado de la joven que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra cuando era menor de edad y residía en un centro tutelado por la Generalitat ha asegurado este miércoles ante el juez que la víctima no se sintió respaldada ni apoyada en su denuncia.

Esta joven ha declarado, en calidad de testigo, en el marco de la causa que dirige Instrucción 15 y que tiene por objeto investigar precisamente si la Conselleria de Igualdad, que dirigía Oltra, pudo haber maniobrado para ocultar el caso.

El abogado de la joven, Manuel Salazar, ha indicado que ésta ha declarado «básicamente lo mismo que ya está más que acreditado documentalmente», en referencia a la condena que ha sido ratificada.

«Ahora lo que se está valorando no es si hubo no hubo abusos, sino la actuación de la Conselleria, y ella -la víctima- ha explicado que no se sintió respaldada», ha añadido este letrado.

La menor se sintió desprotegida

«Ella no podía saber si el asunto lo conocía una determinada funcionaria u otra, pero sí que se sintió desprotegida, ignorada, después incluso de haberse conocido esos abusos de los que fue víctima, ya que tuvo que seguir conviviendo con el abusador», ha apuntado.

Según ha recordado este letrado, «se tomó la decisión de trasladar a la víctima de centro, no al educador» y, tras el juicio, ha aludido al despido, considerado nulo posteriormente, de la víctima y su novio de los puestos de trabajo que ocuparon en el Hospital de Torrevieja.

«Fue discriminada precisamente por haber presentado la querella que dio pie al presente procedimiento», ha lamentado su letrado.

Por otra parte, la abogada Marta Castro, que representa a Vox como acusación popular en este proceso, ha indicado que «hay una abrumadora prueba documental sobre la actuación de la Conselleria en relación a la protección de las menores que están bajo su tutela, que eso es de lo que trata este procedimiento».

La actuación de la Conselleria de Oltra

«No podemos olvidar que lo que está en tela de juicio es si la Conselleria tomó todas las medidas adecuadas para proteger a una menor que fue abusada o se valió de su influencia y de su poder, bien fuese la consellera Oltra, o bien sus ayudantes, para ocultar el delito que cometió su exmarido», ha agregado.

Castro ha explicado que «la menor no recordaba mucha cosas concretas, como es lógico y razonable. Ha sufrido. Es un proceso muy traumático para ella. Son hechos que le daban asco y vergüenza contar y que ha tratado de olvidar».

Igualmente, ha asegurado que su formación estudiará la conveniencia de pedir la declaración del educador condenado.

Por el contrario, varios letrados de las defensas han explicado a EFE que han considerado un «auténtico despropósito» la declaración de la víctima, por considerar que no ha determinado con certeza si comunicó lo sucedido, ni cuándo lo hizo, y porque entienden que la entonces menor ha sido instrumentalizada, con promesas incluso de bienes materiales, para lograr un objetivo político.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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