Valencia
VÍDEO| Condenan a cinco años de prisión al exmarido de Mónica Oltra, por abusos sexuales a una menor
Publicado
hace 2 añosen
Madrid, 13 dic (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cinco años de prisión al exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por abusos sexuales a una menor de 16 años que estaba bajo la tutela de la Generalitat.
Fuentes jurídicas han adelantado el fallo de la sentencia de la Sala de lo Penal que ha rechazado por unanimidad el recurso del exmarido de Oltra, que pedía anular la resolución condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y repetir el juicio.
La menor se hallaba tutelada por la Generalitat desde que fuera declarada en situación de desamparo por resolución administrativa, y los abusos se produjeron en el centro donde residía la víctima y trabajaba como educador el condenado.
El exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión pero en junio de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló la condena y ordenó repetir la vista para que el tribunal tuviese en consideración dos informes que ponían en duda la credibilidad de la joven. La sentencia fue nuevamente condenatoria y el TSJCV la confirmó.
Y ahora el Tribunal Supremo ha ratificado la condena por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, con prevalimiento, en una sentencia cuyo contenido se conocerá en los próximos días.
En paralelo a este procedimiento, la Audiencia criticó la «instrucción parajudicial» del caso de la menor que, en su opinión, se hizo desde la Conselleria de Igualdad que dirigía Oltra.
Por ello, al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la menor acosada ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria -en el que se encuentra imputada la propia Oltra, quien dimitió de todos sus cargos en junio de 2022- por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido
El letrado que representa a la joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana ha asegurado este miércoles que se siente satisfecho por la ratificación de la condena de cinco años de prisión acordada por el Tribunal Supremo, si bien ha insistido en que la reacción de la Administración no fue correcta.
El letrado Manuel Salazar ha realizado estas declaraciones su llegada a los juzgados de València, donde esta tarde declara en calidad de testigo la joven víctima en el marco de la causa que dirige Instrucción 15 y que tiene por objeto investigar precisamente si la Conselleria de Igualdad que dirigía Mónica Oltra, esposa entonces del ahora condenado por abusos, pudo haber maniobrado para ocultar el caso.
Fuentes jurídicas han adelantado el fallo de la sentencia de la Sala de lo Penal que ha rechazado el recurso del exmarido de Oltra, que pedía anular la resolución condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y repetir el juicio.
«(El Gobierno valenciano) tenía la obligación de tutelarla y de velar para que aquello no se produjera. En cambio, no lo hizo y tapó lo sucedido, no evitó que (el condenado) siguiese conviviendo en el mismo centro de menores con la víctima -en su condición de educador-«, ha agregado Salazar.
Preguntado por los últimos informes policiales aportados a la causa, relativos a los correos electrónicos entre los colaboradores más cercanos a Oltra, este letrado ha insistido en que no ha leído «ningún informe que diga que Mónica Oltra no tuvo nada que ver», sino uno que indica que «hay 40.000 correos borrados».

El letrado Manuel Salazar, que representa a la joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana a su llegada a los juzgados de València. EFE/Ana Escobar
El abogado de la joven que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra cuando era menor de edad y residía en un centro tutelado por la Generalitat ha asegurado este miércoles ante el juez que la víctima no se sintió respaldada ni apoyada en su denuncia.
Esta joven ha declarado, en calidad de testigo, en el marco de la causa que dirige Instrucción 15 y que tiene por objeto investigar precisamente si la Conselleria de Igualdad, que dirigía Oltra, pudo haber maniobrado para ocultar el caso.
El abogado de la joven, Manuel Salazar, ha indicado que ésta ha declarado «básicamente lo mismo que ya está más que acreditado documentalmente», en referencia a la condena que ha sido ratificada.
«Ahora lo que se está valorando no es si hubo no hubo abusos, sino la actuación de la Conselleria, y ella -la víctima- ha explicado que no se sintió respaldada», ha añadido este letrado.
«Ella no podía saber si el asunto lo conocía una determinada funcionaria u otra, pero sí que se sintió desprotegida, ignorada, después incluso de haberse conocido esos abusos de los que fue víctima, ya que tuvo que seguir conviviendo con el abusador», ha apuntado.
Según ha recordado este letrado, «se tomó la decisión de trasladar a la víctima de centro, no al educador» y, tras el juicio, ha aludido al despido, considerado nulo posteriormente, de la víctima y su novio de los puestos de trabajo que ocuparon en el Hospital de Torrevieja.
«Fue discriminada precisamente por haber presentado la querella que dio pie al presente procedimiento», ha lamentado su letrado.
Por otra parte, la abogada Marta Castro, que representa a Vox como acusación popular en este proceso, ha indicado que «hay una abrumadora prueba documental sobre la actuación de la Conselleria en relación a la protección de las menores que están bajo su tutela, que eso es de lo que trata este procedimiento».
«No podemos olvidar que lo que está en tela de juicio es si la Conselleria tomó todas las medidas adecuadas para proteger a una menor que fue abusada o se valió de su influencia y de su poder, bien fuese la consellera Oltra, o bien sus ayudantes, para ocultar el delito que cometió su exmarido», ha agregado.
Castro ha explicado que «la menor no recordaba mucha cosas concretas, como es lógico y razonable. Ha sufrido. Es un proceso muy traumático para ella. Son hechos que le daban asco y vergüenza contar y que ha tratado de olvidar».
Igualmente, ha asegurado que su formación estudiará la conveniencia de pedir la declaración del educador condenado.
Por el contrario, varios letrados de las defensas han explicado a EFE que han considerado un «auténtico despropósito» la declaración de la víctima, por considerar que no ha determinado con certeza si comunicó lo sucedido, ni cuándo lo hizo, y porque entienden que la entonces menor ha sido instrumentalizada, con promesas incluso de bienes materiales, para lograr un objetivo político.
Publicado
hace 2 díasen
5 diciembre, 2025
El caso de la clínica dental de Alzira, donde una niña de 6 años falleció tras recibir una sedación y otra menor de 4 años resultó gravemente afectada, continúa avanzando con nuevas revelaciones. La detención del anestesista y de la dueña del centro ha reactivado el interés social y judicial en un episodio que está generando un enorme impacto en la Comunidad Valenciana.
El anestesista, un hombre de 43 años, ha sido detenido acusado de varios delitos graves:
Homicidio imprudente
Lesiones
Omisión del deber de socorro
Delitos contra la salud pública
Hurto de fármacos
Práctica irregular de sedación en un centro no autorizado
Las investigaciones apuntan a que podría haber sustraído medicamentos anestésicos de un hospital público en el que trabajaba.
Trabajaba además en varias clínicas de Valencia, Paterna, Alzira y también en centros de Teruel, lo que abre una línea de investigación sobre si pudo repetir prácticas de riesgo en otros establecimientos.
La dueña del centro dental también fue detenida. Tras declarar, quedó en libertad provisional, pero sigue investigada por:
Omisión del deber de socorro
Permitir sedaciones no autorizadas
Posibles delitos contra la salud pública
La clínica ha sido clausurada cautelarmente por la Conselleria de Sanidad debido a graves irregularidades.
Una de las claves más importantes del caso es que la clínica dental de Alzira no tenía permiso para realizar sedación intravenosa, sino únicamente anestesia local.
Pese a ello:
Se realizó sedación intravenosa a dos niñas pequeñas.
No había equipamiento adecuado de reanimación.
Tampoco contaban con supervisión anestésica reglamentaria ni autorización sanitaria para ese tipo de intervenciones.
Estas irregularidades habrían contribuido directamente al resultado fatal.
Cronología actualizada de los hechos
20 de noviembre de 2025
Dos niñas, de 6 y 4 años, acuden a la clínica para un tratamiento dental rutinario.
El anestesista administra sedación intravenosa.
La niña de 6 años presenta síntomas de malestar durante horas: vómitos, somnolencia, palidez y baja respuesta.
Permaneció en observación en la clínica más de lo habitual antes de ser trasladada.
Finalmente ingresa en un hospital en parada cardiorrespiratoria y fallece poco después.
La niña de 4 años
También presenta síntomas graves tras el procedimiento.
Es trasladada y permanece varios días en la UCI pediátrica.
Finalmente recibe el alta, aunque continúa bajo seguimiento médico.
Las autoridades centran sus diligencias en varios puntos esenciales:
Se sospecha que el anestesista usó medicamentos robados de un hospital donde trabajaba, algo que se investiga como hurto continuado.
Se estudia si hubo:
Monitorización deficiente
Dosis inadecuadas
Retraso en activar los servicios de emergencia
Falta de consentimiento informado
La investigación evalúa si la dueña conocía la ausencia de autorización para sedación y aun así permitió su aplicación.
La Policía ha registrado:
La clínica dental
El domicilio del anestesista
El hospital donde trabajaba
Material anestésico y documentación sanitaria
El asunto ya está bajo instrucción judicial. El juzgado estudia:
Informes toxicológicos
Informe preliminar de autopsia
Historial profesional del anestesista
Declaraciones de empleados y testigos
Comunicaciones internas de la clínica
Peritajes sobre los fármacos empleados
Aún no se ha comunicado oficialmente la causa exacta de la muerte, pero todo apunta a una combinación de sedación indebida, reacción adversa no controlada y posible negligencia.
Los próximos días serán clave para resolver:
El resultado definitivo de la autopsia.
El origen real de los medicamentos.
Si el anestesista actuaba igual en otras clínicas.
El grado de implicación de la dirección del centro.
Posibles responsabilidades civiles y penales hacia ambas familias.
Este suceso ha reabierto el debate sobre:
El control de las clínicas dentales privadas
La regulación de sedaciones infantiles fuera del ámbito hospitalario
La supervisión del uso de fármacos anestésicos
La formación y acreditación del personal autorizado para sedación
Expertos en salud pública y sociedades médicas advierten que este caso podría marcar un antes y un después en el uso de sedación en clínicas dentales pediátricas.
La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Alzira tras la muerte de una niña
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