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Sucesos

Condenan a un funcionario que envió en chat de padres del colegio datos de 8.300 miembros de mesas electorales

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Madrid, 1 abr (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel para un funcionario del Ayuntamiento de València que distribuyó en un chat de WhatsApp de un grupo de padres los datos de 8.334 personas que habían sido seleccionadas para integrar las mesas electorales de los comicios de abril de 2019.

El alto tribunal ha rechazado el recurso del acusado contra la sentencia de la Audiencia Provincial que le condenó por esa difusión y, por tanto, ha confirmado el fallo, contra el que ya no cabe recurso.

Fue el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia el que inició el procedimiento contra Alfonso G.G., un funcionario con categoría de personal técnico superior adscrito al servicio de tecnología de la información del Ayuntamiento de València.

«Aprovechando que por su puesto de trabajo en el departamento de informática del Ayuntamiento, tenía acceso legítimo» al archivo que contenía la relación de todos los integrantes seleccionados para conformar las mesas electorales de las elecciones generales y de las autonómicas de la Comunitat Valenciana que se celebraron el día 28 de abril de 2019, el funcionario los difundió.

Unos datos que contenían el nombre, apellidos, DNI, dirección y cargo de presidente o vocal, titular o suplente de las 8.334 personas que habían sido designadas para conformar esas mesas.

El acusado procedió a su difusión por la red de mensajería WhatsApp, en un chat del grupo de padres del colegio, «comenzando una difusión en cadena por parte de diversos usuarios de la aplicación», totalmente ajenos al Ayuntamiento de València y, por tanto, «permitiendo el acceso al archivo a más de un centenar de personas».

Por ello, la Audiencia Provincial condenó a Alfonso G.G. como autor de un delito de violación de secretos, penado con dos años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

Asimismo, le condenó a doce meses de multa a razón de 10 euros diarios, lo que supone un total de 3.600 euros, y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de un año.

En su recurso al Supremo, el condenado pide la absolución y alega para ello que desconocía que la acción realizada fuera delito y que los datos que difundió en el chat

Recuerda el Tribunal Supremo que el acusado era funcionario del Ayuntamiento de València, con titulación de ingeniero informático y que había recibido una formación específica en materia de protección de datos.

Por tanto, según confirmó un testigo en el juicio, conocía las medidas que debían adoptarse para proteger esos datos.

De este modo, el Supremo explica que «se publicaron datos de más de 8.000 personas que incluían información personal muy relevante (nombre, DNI y domicilio), se divulgaron en una red cuya propagación puede ser masiva y, por la naturaleza de los datos, se causó un riesgo objetivo de que pudieran ser utilizados por terceros para fines delictivos».

Por lo tanto, los hechos objeto de acusación han sido correctamente subsumidos en el delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal.

En suma, se difundieron esos datos a través de una red social con el riesgo de suplantaciones de personalidad, estafas y localización de esas personas en sus respectivos domicilios, así como en las mesas electorales.

 

 

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Desmantelada una red criminal de estafas online con mascotas que tenía aislado y explotado a un octogenario

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Desmantelada red criminal estafas online mascotas
Liberado un octogenario que estaba siendo utilizado para ejercer mendicidad y estafar por internet - GUARDIA CIVIL

MADRID / VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafas online mediante falsos anuncios de venta y adopción de mascotas, una trama que llegó a mantener aislado y bajo control a un octogenario, al que utilizaban tanto para ejercer mendicidad como para cometer fraudes por internet.

La operación, denominada Magna-Vallis, se ha saldado con 18 personas detenidas en Bizkaia y una en Burgos, además de tres investigados más, todos ellos presuntamente implicados en una estructura criminal perfectamente organizada.

Un anciano aislado y explotado por un clan familiar

Según ha informado la Guardia Civil, tres miembros de la organización, pertenecientes a un clan familiar, mantenían sometido a un hombre de más de 80 años, al que habían aislado completamente de su entorno familiar. El anciano era obligado a pedir limosna y a abrir numerosas cuentas bancarias que posteriormente eran utilizadas para canalizar el dinero procedente de las estafas.

El hombre ha sido finalmente liberado, poniendo fin a una situación que los investigadores califican como un claro caso de explotación y malos tratos, enmarcado dentro de delitos de trata de seres humanos.

Más de 120 víctimas repartidas por toda España

La investigación ha permitido identificar 121 víctimas de estafa y 10 víctimas de usurpación de identidad, repartidas en un gran número de provincias españolas. Entre ellas figuran Valencia, Alicante y Castellón, además de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, La Rioja, Álava, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña, entre otras.

Las víctimas eran contactadas a través de anuncios falsos en internet en los que se ofrecían perros y otras mascotas en adopción o venta. Una vez iniciado el contacto, los estafadores solicitaban pagos progresivos alegando gastos inexistentes.

El modus operandi: pagos fraccionados y blanqueo

Los miembros de la red exigían a las víctimas desembolsos sucesivos con distintos pretextos, como:

  • Vacunas

  • Transporte del animal

  • Colocación del microchip

  • Jaulas o documentación

Los pagos se realizaban principalmente mediante Bizum o transferencias bancarias. Para dificultar el rastreo del dinero, los estafadores utilizaban el método conocido como “smurfing”, que consiste en fraccionar los cobros en pequeños importes y redistribuirlos a través de múltiples cuentas para blanquear el dinero.

Cuentas bloqueadas y más de 36.000 euros estafados

Durante la investigación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas directamente vinculadas a la organización criminal. Todas ellas han sido bloqueadas por orden judicial.

La Guardia Civil estima que la cantidad directamente asociada a las estafas supera los 36.000 euros, aunque el volumen económico total podría ser mayor.

Fraude con ayudas sociales y criptomonedas

Además, los investigadores han constatado que parte del dinero obtenido de las estafas, junto con prestaciones sociales percibidas de forma indebida, fue destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado se estima en más de 55.000 euros.

La mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de:

  • Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

  • Ingreso Mínimo Vital (IMV)

  • Otras ayudas autonómicas

Se calcula que el fraude en prestaciones sociales podría ascender a más de 560.000 euros.

Delitos imputados a los detenidos

A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de:

  • Estafa continuada

  • Blanqueo de capitales

  • Usurpación de estado civil

  • Pertenencia a grupo criminal

  • Trata de seres humanos

  • Malos tratos de obra sin lesión

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones judiciales.

Recomendaciones para evitar estafas con la compra de mascotas

La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal en España, siempre que se realice conforme a la normativa de bienestar animal y a través de criadores o centros autorizados.

Entre las recomendaciones para evitar estafas destacan:

  • Desconfiar de precios excesivamente bajos.

  • Sospechar de la urgencia por “entregar al animal”.

  • Exigir siempre la identificación del criador o centro.

  • Solicitar documentación veterinaria, cartilla y microchip.

  • No pagar por adelantado ni enviar dinero por Bizum o transferencias sin garantías.

La operación Magna-Vallis pone de nuevo el foco en el auge de las estafas online relacionadas con mascotas, un tipo de fraude que aprovecha la sensibilidad emocional de las víctimas y que sigue creciendo en el entorno digital.

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