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Valencia

Declaración institucional: El Consell exige «el mismo estatus de oficialidad» para el valenciano

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Declaración institucional Consell valenciano
La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, lee la declaración institucional realizada por la Generalitat en defensa de la lengua, cultura y señas de identidad de la Comunitat Valenciana, esta mañana en el Palau de la Generalitat. En la imagen junto a Camarero (izqda a dcha), la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, la consellera de Justicia, Elisa Nuñez, y la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino. EFE/Biel Aliño

València, 18 ago (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Ejecutivo valenciano ha calificado este viernes de «nefasto» el acuerdo político que garantizará el uso de catalán, euskera y gallego en el Congreso, ha exigido «respeto para la Comunitat Valenciana» y que el valenciano «tenga el mismo estatus de oficialidad que el resto de lenguas cooficiales del Estado».

La vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, ha comparecido en el Palau de la Generalitat para leer un manifiesto del Ejecutivo autonómico íntegramente en valenciano, sin admitir preguntas a su conclusión.

Camarero ha estado acompañada por la consellera de Justicia, Elisa Núñez; la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz, Ruth Merino.

Declaración institucional del Consell sobre el valenciano

En este manifiesto, el Consell ha reclamado al Gobierno y a la nueva presidenta del Congreso, Francina armengol, «respeto» para el valenciano ante el «nefasto» acuerdo sobre las lenguas cooficiales y ha insistido en que «no se permitirá un ataque más ni ser moneda de cambio para quienes quieren enfrentar a España».

La lengua, a su juicio, «está para unir y no para dividir», por lo que ha anunciado que «a la vista de la sumisión de aquellos que quiere romper España -el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso Francina Armengol-» en el próximo pleno del Consell, en septiembre, se aprobará una declaración institucional «en defensa del valenciano, reconocido, igual que el castellano, en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía y en el 3 de la Constitución».

Además, ha señalado, se enviará un requerimiento la semana próxima, a Pedro Sánchez y a Armengol para que «se respete nuestra historia y nuestra cultura y lengua centenarias, como parte esencial de la riqueza de España».

También se remitirá una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchel, «instándole a que, ante cualquier petición que nos afecte se respete el valenciano».

Igualmente, ha dicho, la cámara de representación territorial es el Senado, donde «las diferentes lenguas de España ya pueden ser utilizadas», al tiempo que ha considerado que «no tiene sentido utilizar de manera partidista el Congreso de los Diputados».

Para el Consell, la Comunitat Valenciana «no puede ser moneda de cambio en los pactos entre Sánchez y los separatistas catalanes. El anterior Consell lo fomentaba, éste no lo tolerará», ha apostillado Camarero.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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