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Delegación de Gobierno convoca un grupo de trabajo de delitos de odio ante las agresiones a LGTBI

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València, 8 sep (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha anunciado la constitución de un grupo de trabajo de delitos de odio tras constatar un repunte de infracciones penales relacionadas con la discriminación por razón de sexo y género.

Este grupo estará constituido por las tres subdelegaciones de Alicante, Castellón y Valencia, y representantes de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio valenciano, Policía Nacional y Guardia Civil.

Además, la Delegación del Gobierno invitará a la Fiscalía de Delitos de Odio y a la Conselleria de Justicia e Interior para abordar, desde una perspectiva policial y judicial, la situación actual y proponer soluciones para que estos hechos no queden impunes.

Calero ha lamentado las agresiones que sufren personas del colectivo LGTBI después de que un joven trans de 21 años haya denunciado ante la Policía Nacional de València haber sufrido una agresión por parte de un hombre que le pegó con patadas y puñetazos en la madrugada del lunes al martesen la Avenida Blasco Ibáñez.

La investigación policial está centrada ahora en identificar al autor de estos hechos, según ha apuntado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

«Vamos a recurrir a todos los instrumentos del Estado de Derecho para perseguir unas conductas que merecen todo el reproche social y político. No podemos consentir que determinados mensajes de odio estén envenenando a la sociedad», ha señalado Gloria Calero.

La delegada ha advertido a los agresores que van «a estar alerta frente a estas conductas» y ha pedido «marginarlos y castigarlos con todo el peso de la ley», además de hacer hincapié en la importancia de presentar la denuncia tras sufrir la agresión.

Según datos del Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron o investigaron a un total de 47 personas en la Comunitat Valenciana en 2020 por ser autores de presuntos delitos de odio, un 17 % menos que en 2019 –se contabilizaron 57 personas-.

En total, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 151 incidentes relacionados con esta tipología delictiva, un 5 % más que el año anterior, fecha en la que se conocieron 144 denuncias en el territorio valenciano.

De este modo, la tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes se sitúa en el 3 % en la Comunitat Valenciana, el mismo porcentaje que la media nacional.

La mayoría de infracciones penales están relacionadas con el racismo y la xenofobia -58-, ideología -24- y discriminación por razón de sexo/género -24-.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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