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Delegación de Gobierno convoca un grupo de trabajo de delitos de odio ante las agresiones a LGTBI

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València, 8 sep (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha anunciado la constitución de un grupo de trabajo de delitos de odio tras constatar un repunte de infracciones penales relacionadas con la discriminación por razón de sexo y género.

Este grupo estará constituido por las tres subdelegaciones de Alicante, Castellón y Valencia, y representantes de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio valenciano, Policía Nacional y Guardia Civil.

Además, la Delegación del Gobierno invitará a la Fiscalía de Delitos de Odio y a la Conselleria de Justicia e Interior para abordar, desde una perspectiva policial y judicial, la situación actual y proponer soluciones para que estos hechos no queden impunes.

Calero ha lamentado las agresiones que sufren personas del colectivo LGTBI después de que un joven trans de 21 años haya denunciado ante la Policía Nacional de València haber sufrido una agresión por parte de un hombre que le pegó con patadas y puñetazos en la madrugada del lunes al martesen la Avenida Blasco Ibáñez.

La investigación policial está centrada ahora en identificar al autor de estos hechos, según ha apuntado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

«Vamos a recurrir a todos los instrumentos del Estado de Derecho para perseguir unas conductas que merecen todo el reproche social y político. No podemos consentir que determinados mensajes de odio estén envenenando a la sociedad», ha señalado Gloria Calero.

La delegada ha advertido a los agresores que van «a estar alerta frente a estas conductas» y ha pedido «marginarlos y castigarlos con todo el peso de la ley», además de hacer hincapié en la importancia de presentar la denuncia tras sufrir la agresión.

Según datos del Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron o investigaron a un total de 47 personas en la Comunitat Valenciana en 2020 por ser autores de presuntos delitos de odio, un 17 % menos que en 2019 –se contabilizaron 57 personas-.

En total, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 151 incidentes relacionados con esta tipología delictiva, un 5 % más que el año anterior, fecha en la que se conocieron 144 denuncias en el territorio valenciano.

De este modo, la tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes se sitúa en el 3 % en la Comunitat Valenciana, el mismo porcentaje que la media nacional.

La mayoría de infracciones penales están relacionadas con el racismo y la xenofobia -58-, ideología -24- y discriminación por razón de sexo/género -24-.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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