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El TSJ valenciano remite al Supremo una demanda por la «inacción» del Gobierno en la DANA

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha remitido al Tribunal Supremo una demanda presentada por la asociación Liberum, que denuncia la «inacción» del Gobierno frente a las graves inundaciones causadas por la DANA en la provincia. Esta acción legal argumenta que dicha inacción supone una vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física.

Detalles de la demanda y su tramitación

La demanda interpuesta por la asociación Liberum es un recurso contencioso-administrativo especial, orientado a la protección de derechos fundamentales. Fue presentada contra la Delegación del Gobierno en Valencia y, tras ser evaluada, el TSJCV decidió enviarla al Supremo, dado que este tribunal es el órgano competente.

Medidas cautelarísimas rechazadas

En el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, los magistrados del TSJCV rechazaron las medidas cautelarísimas solicitadas por la asociación. Estas medidas pretendían asegurar «una intervención inmediata» para prevenir daños adicionales a la población afectada por las inundaciones y garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

Principales objetivos de la demanda:

  • Que se declare oficialmente la inacción del Gobierno central en la gestión de la crisis.
  • Que se reconozca la vulneración de derechos como el de la vida y la integridad física.
  • Que el Gobierno sea obligado a implementar medidas urgentes y proporcionales para proteger la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos afectados.

Argumentos legales y competencia del Supremo

El TSJCV resolvió que no es competente para tratar este recurso, basándose en la opinión del fiscal que confirmó que el Tribunal Supremo es el órgano adecuado para conocer este caso. Sin embargo, el auto incluye un voto particular concurrente de uno de los magistrados, Miguel A. Narváez, quien está de acuerdo con la competencia del Supremo pero discrepa sobre los argumentos utilizados.

Voto particular de Miguel A. Narváez

El magistrado Narváez sostiene que el TSJCV debería haberse inhibido no por la falta de competencia, sino por la ausencia de un requerimiento previo a la administración, necesario para apreciar la inactividad. Además, enfatiza la necesidad de adoptar medidas urgentes para tutelar derechos fundamentales como la vida y la integridad física.

Declaraciones del magistrado Narváez:

  • Señala que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige la protección urgente de estos derechos.
  • Advierte que no actuar rápidamente frente a la crisis podría agravar el drama humanitario causado por la DANA.
  • Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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