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El TSJ valenciano remite al Supremo una demanda por la «inacción» del Gobierno en la DANA

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha remitido al Tribunal Supremo una demanda presentada por la asociación Liberum, que denuncia la «inacción» del Gobierno frente a las graves inundaciones causadas por la DANA en la provincia. Esta acción legal argumenta que dicha inacción supone una vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física.

Detalles de la demanda y su tramitación

La demanda interpuesta por la asociación Liberum es un recurso contencioso-administrativo especial, orientado a la protección de derechos fundamentales. Fue presentada contra la Delegación del Gobierno en Valencia y, tras ser evaluada, el TSJCV decidió enviarla al Supremo, dado que este tribunal es el órgano competente.

Medidas cautelarísimas rechazadas

En el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, los magistrados del TSJCV rechazaron las medidas cautelarísimas solicitadas por la asociación. Estas medidas pretendían asegurar «una intervención inmediata» para prevenir daños adicionales a la población afectada por las inundaciones y garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

Principales objetivos de la demanda:

  • Que se declare oficialmente la inacción del Gobierno central en la gestión de la crisis.
  • Que se reconozca la vulneración de derechos como el de la vida y la integridad física.
  • Que el Gobierno sea obligado a implementar medidas urgentes y proporcionales para proteger la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos afectados.

Argumentos legales y competencia del Supremo

El TSJCV resolvió que no es competente para tratar este recurso, basándose en la opinión del fiscal que confirmó que el Tribunal Supremo es el órgano adecuado para conocer este caso. Sin embargo, el auto incluye un voto particular concurrente de uno de los magistrados, Miguel A. Narváez, quien está de acuerdo con la competencia del Supremo pero discrepa sobre los argumentos utilizados.

Voto particular de Miguel A. Narváez

El magistrado Narváez sostiene que el TSJCV debería haberse inhibido no por la falta de competencia, sino por la ausencia de un requerimiento previo a la administración, necesario para apreciar la inactividad. Además, enfatiza la necesidad de adoptar medidas urgentes para tutelar derechos fundamentales como la vida y la integridad física.

Declaraciones del magistrado Narváez:

  • Señala que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige la protección urgente de estos derechos.
  • Advierte que no actuar rápidamente frente a la crisis podría agravar el drama humanitario causado por la DANA.
  • Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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