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La patronal valenciana no secundará el paro del transporte

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Camiones parados durante la anterior huelga del sector. EFE/Archivo

València, 9 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- La junta directiva de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha anunciado que no secunda el paro sectorial de transportistas “como solución a las problemáticas que a día de hoy vive el transporte por carretera”.

Así lo han anunciado desde la Federación, que han asegurado que su postura va en línea con la del Comité Nacional del Transporte por Carretera y las organizaciones que lo integran.

«El transporte valenciano apuesta por mantener el cauce de negociaciones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», han asegurado.

El presidente de FVET, Carlos Prades, ha considerado que en la coyuntura económica actual «no es responsable ni para las empresas, ni para la sociedad, ni para el propio transporte asumir un paro sectorial que provocaría un desabastecimiento y un empeoramiento generalizado de la situación económica y social”.

Desde la Federación han confiado en que, en este contexto, «las empresas que elijan trabajar puedan hacerlo con totales garantías» y han apelado al respeto de todas las partes.

En la Comunitat Valenciana operan más de 15.000 empresas de transporte de mercancías, y es la tercera autonomía, por detrás de Andalucía y Cataluña, con mayor volumen de mercancías transportadas en España, con un total de 279 millones, un 20 % más que el año anterior.

Desde FVET han asegurado que, «además de estudiar nuevas medidas para limitar la subcontratación en el transporte o atender a la escasez de conductores, el Comité Nacional está llevando una labor de seguimiento del cumplimiento de las novedades legislativas que se han conseguido en los últimos meses».

La Federación ha considerado que son medidas que, «sin duda, pretenden mejorar las condiciones laborales de los conductores y defender a los transportistas, especialmente a los autónomos y a las pequeñas empresas, de posibles abusos en las relaciones contractuales».

“El Comité Nacional y la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística seguirán trabajando por los transportistas y nuestros conductores”, ha concluido Prades.

¿Vuelve el desabastecimiento? Los transportistas autónomos convocan huelga indefinida

La sombra del desabastecimiento vuelve a planear sobre los hogares españoles.

Esto se produce tras el anuncio de la Plataforma Nacional en Defensa del sector del Transporte de que llevará a cabo un paro nacional indefinido a partir de del próximo lunes.

«Mes a mes se está produciendo la desaparición de cerca de 200 empresas de pequeños autónomos del transporte»,

Así lo ha anunciado el presidente de la asociación que representa a los transportistas autónomos, Manuel Hernández, que ha señalado que la movilización responde al incumplimiento de la Ley de Costes que impedía que los camioneros trabajaran por debajo de lo que les costaba realizar los servicios.

«Los transportistas se están arruinando trabajando» ha reiterado.

Nuevo paro

Tras el que se produjo el pasado mes de marzo, el anuncio de un nuevo paro, ha sido decidido en las asambleas provinciales celebradas este fin de semana.

El pasado sábado, sus delegados provinciales mantuvieron una reunión en la que analizaron la situación actual del sector, tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Entre estas medidas:

  • La nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos.
  • La prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga.
  • La limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga.
  • El refuerzo de la inspección de transporte.
  • Las ayudas al abandono de la profesión.

 

Incumplimiento

La Plataforma ha seguido denunciando el «incumplimiento» por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.

¿Qué dice el Gobierno?

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido este lunes su «preocupación» ante otra posible huelga en el sector del transporte y ha apelado a la «responsabilidad» del colectivo para que no convoquen paros de nuevo.

Tras ofrecer diálogo para «reconducir» los «pequeños desajustes» que puedan existir, la responsable de Transportes había hecho un llamamiento a los transportistas para que no fueran de nuevo a la huelga, sobre todo ante el «momento complejo» actual.

«Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros», ha subrayado la ministra, que ha avanzado además que su Departamento está ultimando un plan de Inspección, que presentará «en las próximas semanas», donde se refuerzan los mecanismos de inspección.

La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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