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Destapan un fraude de 6 millones de euros en el cobro de pensiones de personas fallecidas

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MADRID/VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) – La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas y ha detenido a nueve de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, como presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

La mayoría de los implicados en la denominada ‘operación Libitina II’ eran familiares de las personas fallecidas, aunque también se han encontrado casos de amigos o compañeros de vivienda, según ha informado la Policía.

Para hacerse con el dinero ocultaban el fallecimiento del pensionista a la Administración, llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto, con el objeto de realizar reintegros en efectivo.

Uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años haciéndose pasar por un nonagenario. Para lograrlo aprovechó sus similares características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.

La investigación la han desarrollado agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

La investigación comenzó tras recibir varias denuncias, en diferentes puntos del país, en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con las primeras pesquisas se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos quienes seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos.

Avanzada la investigación, los agentes localizaron casos similares en 17 provincias españolas: A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya. La investigación cuantifica en casi seis millones de euros la cantidad defraudada a la Seguridad Social.

Entre los motivos más comunes en los que se escudaban las personas que cobraban las prestaciones indebidamente para cometer el fraude están el desconocimiento de su abono –pese a que hacían uso de ese dinero, según la Policía–, necesidades económicas para la subsistencia personal o familiar, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado en los años anteriores.

Se ha llegado a detectar que en algunos casos, para no ser descubiertos en su entorno más cercano, los defraudadores engañaban a sus allegados sobre la procedencia de los fondos que manejaban.

DEL EMPLEADO DE BANCA AL COMPAÑERO DE PISO
En la provincia de Albacete se averiguó que un empleado de una entidad bancaria, donde se ubicaba la cuenta del fallecido, habría cobrado de forma ilícita casi 10.000 euros. Para hacerse con el botín aprovechó su posición, realizando reintegros en efectivo en provecho propio desde la muerte del pensionista en 2003 hasta 2017.

Otro caso significativo se dio tras una denuncia realizada en la provincia de Madrid sobre una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,50 euros durante aproximadamente seis años. Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios se observaron 209 compras, abonadas a través de una entidad financiera digital, con posterioridad al fallecimiento de la pensionista. Se descubrió que la tarjeta bancaria de la pensionista había sido robada por un compatriota compañero de piso, quien a su vez compartía el número de la tarjeta con varios amigos suyos.

En la provincia de Málaga fue investigado el cobro de más de 129.200 euros por prestaciones indebidas de un pensionista perecido en 1999, y que fueron abonadas hasta el año 2017. Gracias al análisis de la información bancaria se observaron varios traspasos ulteriores al fallecimiento, pudiendo identificar a varios familiares del mismo como responsables de estos hechos.

Los investigados como argucia para poder seguir cobrando la ilícita pensión, aprovechaban el parecido de uno de ellos, que contaba con características físicas parecidas al pensionista, para hacerse pasar por el fallecido. Además, para la extracción de las prestaciones, se caracterizaba vistiendo ropa de persona mayor y portando como complemento un andador que le ayudaba a pasarse por el nonagenario pensionista.

En la actualidad los distintos organismos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social cuentan con nuevas tecnologías que permiten la interconexión telemática entre administraciones. De forma que realizan de forma periódica controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones periódicas. Estos avances hacen que muchas de las comprobaciones se realicen en tiempo real, lo cual hace cada vez más difícil a los defraudadores conseguir el cobro indebido de prestaciones.

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Polémica: el juez Castro manda a Ayuso “al psiquiatra” y desata las críticas

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juez Castro Ayuso
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado con contundencia desde el plató del programa de AR al polémico comentario del juez José Castro, quien este fin de semana en laSexta Xplica aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid “debería someterse a tratamiento psiquiátrico”.

El magistrado, conocido por haber instruido el caso Nóos, calificó a Ayuso de “absurda” y añadió que “lo único que dice son estupideces”, aunque matizó que se trataba de una opinión personal y no de una valoración judicial. Castro hizo referencia además al caso que afecta a la pareja de Ayuso, al recordar que “si su pareja manda un correo a la Fiscalía reconociendo delitos contra la Hacienda Pública, no se lo inventa ni la Fiscalía ni la jueza, es ridículo pensar lo contrario”.

Ayuso denuncia una campaña de “guerra psicológica”

Durante la emisión de Telecinco, Ana Rosa Quintana le mostró a Ayuso las imágenes y ella respondió asegurando que este tipo de ataques los sufre “todos los días desde hace seis años”.

“Recibo insultos muy personales. Me he dado cuenta de que es una guerra psicológica, de intentar destruirme anímicamente”, afirmó.

La presidenta madrileña defendió que no tiene causas judiciales abiertas: “En los tribunales no tengo nada. No aparezco en ninguna sentencia, ni en autos de nada, porque no tengo nada. Por eso van por lo personal, porque en lo electoral tampoco lo llevan fácil”.

Ayuso acusó al Gobierno central de “fabricar relatos” y de intentar “poner bombas en su propia casa”: “Lo hacen con Nacho Cano, con familiares y con amigos cercanos. La idea es acabar contigo en el ánimo para que un día digas ‘no puedo más’”.

Críticas al Gobierno y al caso de su pareja

Sobre la investigación que afecta a su pareja, Ayuso insistió en que “esto va mucho más allá” y acusó directamente a Pedro Sánchez de “haber echado al monte” contra jueces y fiscales: “Lo hace para salvar de posibles delitos de corrupción a su hermano, a su mujer, a Ábalos y a Santos Cerdán”.

Unas declaraciones impropias de un juez

Las palabras del juez Castro han generado un intenso debate político y mediático. Más allá de las simpatías o críticas hacia la gestión de Ayuso, el hecho de que un magistrado, incluso retirado, califique públicamente a una presidenta autonómica como alguien que “debería someterse a tratamiento psiquiátrico” resulta un comentario desafortunado y grave.

Se trata de una expresión que no solo descalifica políticamente, sino que banaliza los problemas de salud mental, en un contexto donde cada vez más se intenta desestigmatizar la atención psiquiátrica. Que un juez recurra a este tipo de afirmaciones erosiona la confianza en la neutralidad de la justicia y abre un frente innecesario en el terreno de la confrontación personal.

 

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