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Detenido un veterinario por operar a animales para cobrar indemnizaciones a las aseguradoras

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre español, de 46 años de edad, que ejercía como veterinario en la localidad de Alcoy. Se le imputan delitos de maltrato animal, estafa y usurpación de estado civil por realizar operaciones quirúrgicas innecesarias a los animales para cobrar indemnizaciones a las aseguradoras. Además utilizaba los datos de identidad de sus clientes sin su conocimiento para dar de alta pólizas de seguros veterinarios a animales, en muchos casos inexistentes, para después inventarse siniestros y cobrar las ficticias intervenciones. Extracciones de sangre sin realizar las analíticas correspondientes, radiografías o endoscopias no realizadas son otras de las irregularidades que el facultativo cometía para cobrar las indemnizaciones a los seguros.

Denuncia de la dueña de un perro

La investigación se inició en mayo del año pasado, cuando los agentes recibieron una denuncia de la dueña de un perro, en la que acusaba a un veterinario de Alcoy de haberla estafado en la administración de vacunas a su mascota. Recibida la información, los agentes lograron recoger diversos testimonios en los que se daba cuenta de la mala praxis llevada a cabo por este facultativo, que al parecer cometía diversas irregularidades con las mascotas de sus clientes.

Más adelante los investigadores también comprobaron que esta persona había extraído sangre a los animales sin realizar las analíticas correspondientes, falseando los resultados de las mismas, o explicaba a los clientes la realización de pruebas a sus mascotas, como radiografías y endoscopias, sin que en realidad las llegara a practicar. En otros casos, el facultativo intervino quirúrgicamente a animales advirtiendo a sus dueños de que sus mascotas habían ingerido de manera “ficticia” objetos peligrosos. Uno de los testigos llegó a manifestar a los agentes que esta persona había llegado incluso a sacrificar a su mascota de forma innecesaria.

Estafas a aseguradoras

Fruto de la investigación que los agentes llevaron a cabo, se determinó también que el veterinario había estafado a diversas compañías de seguros de animales domésticos. Su modus operandi consistía en utilizar los datos de identidad de sus clientes sin su conocimiento, para dar de alta pólizas de seguros que cubrían a animales, en muchos casos inexistentes, para después inventarse siniestros y aportar documentación a los seguros sobre supuestas intervenciones, cobrando el importe de los siniestros ficticios en sus cuentas.

Finalmente los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Alcoy (Alicante), detuvieron a esta persona por delitos de maltrato animal, estafa y usurpación de estado civil.

En el registro practicado en la cínica veterinaria, los agentes comprobaron ciertas irregularidades, como sangre en jeringuillas sin refrigerar o vacunas caducadas. La documentación intervenida está siendo analizada por los agentes, quienes continúan con la investigación al objeto de determinar el importe exacto estafado hasta la fecha.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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