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Detenido un veterinario por operar a animales para cobrar indemnizaciones a las aseguradoras

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre español, de 46 años de edad, que ejercía como veterinario en la localidad de Alcoy. Se le imputan delitos de maltrato animal, estafa y usurpación de estado civil por realizar operaciones quirúrgicas innecesarias a los animales para cobrar indemnizaciones a las aseguradoras. Además utilizaba los datos de identidad de sus clientes sin su conocimiento para dar de alta pólizas de seguros veterinarios a animales, en muchos casos inexistentes, para después inventarse siniestros y cobrar las ficticias intervenciones. Extracciones de sangre sin realizar las analíticas correspondientes, radiografías o endoscopias no realizadas son otras de las irregularidades que el facultativo cometía para cobrar las indemnizaciones a los seguros.

Denuncia de la dueña de un perro

La investigación se inició en mayo del año pasado, cuando los agentes recibieron una denuncia de la dueña de un perro, en la que acusaba a un veterinario de Alcoy de haberla estafado en la administración de vacunas a su mascota. Recibida la información, los agentes lograron recoger diversos testimonios en los que se daba cuenta de la mala praxis llevada a cabo por este facultativo, que al parecer cometía diversas irregularidades con las mascotas de sus clientes.

Más adelante los investigadores también comprobaron que esta persona había extraído sangre a los animales sin realizar las analíticas correspondientes, falseando los resultados de las mismas, o explicaba a los clientes la realización de pruebas a sus mascotas, como radiografías y endoscopias, sin que en realidad las llegara a practicar. En otros casos, el facultativo intervino quirúrgicamente a animales advirtiendo a sus dueños de que sus mascotas habían ingerido de manera “ficticia” objetos peligrosos. Uno de los testigos llegó a manifestar a los agentes que esta persona había llegado incluso a sacrificar a su mascota de forma innecesaria.

Estafas a aseguradoras

Fruto de la investigación que los agentes llevaron a cabo, se determinó también que el veterinario había estafado a diversas compañías de seguros de animales domésticos. Su modus operandi consistía en utilizar los datos de identidad de sus clientes sin su conocimiento, para dar de alta pólizas de seguros que cubrían a animales, en muchos casos inexistentes, para después inventarse siniestros y aportar documentación a los seguros sobre supuestas intervenciones, cobrando el importe de los siniestros ficticios en sus cuentas.

Finalmente los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Alcoy (Alicante), detuvieron a esta persona por delitos de maltrato animal, estafa y usurpación de estado civil.

En el registro practicado en la cínica veterinaria, los agentes comprobaron ciertas irregularidades, como sangre en jeringuillas sin refrigerar o vacunas caducadas. La documentación intervenida está siendo analizada por los agentes, quienes continúan con la investigación al objeto de determinar el importe exacto estafado hasta la fecha.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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