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DIMISIÓN| Moix presenta su renuncia al Fiscal General del Estado

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Finalmente, lo esperado se ha hecho realidad. Acorralado las polémicas pero sobre todo tras conocerse que poseía el 25% de una sociedad en Panamá, heredada de su padre por él y por sus hermanos, Manuel Moix ha presentado este jueves su dimisión como Fiscal Jefe Anticorrupción ante el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Manuel Moix ha vivido un mandato en la Fiscalía Anticorrupción llena de tensiones desde su llegada, lo que le llevó a ser reprobado por el Congreso, junto al Ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero lo que ha llevado a la dimisión es la pérdida de los apoyos con los que había contado en las filas del Gobierno y de la Fiscalía del Estado, fundamentalmente de José Manuel Maza. Así, primero la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro Rafael Catalá, con declaraciones en las que se desmarcaban de la actuación del fiscal, dejaban entrever el desenlace que se ha confirmado en la mañana del jueves, y que no es otro que su renuncia.

“Si el Consejo Fiscal ha puesto en marcha un nombramiento, nosotros respetamos la autonomía fiscal, y cuando se trata de un caso como este la decisión le corresponde a la fiscalía”, decía este miércoles Sáez de Santamaría. De forma similar se expresaba el ministro Catalá, quien aseguraba que Moix no había sido nombrada «por la confianza del Gobierno», sino por la decisión del Fiscal General del Estado. No obstante, salió en defensa de Moix al alegrar que «creo que ha dado toda la información».

Panamá, el inicio del fin
Todo empezó a precipitarse con la información revelada por por el medio «Infolibre» en la que destapó que Moix era propietario de un 25% de la empresa Duchesse Financial Overseas, constituida en 1988 y propietaria de un chalet valorado en más de medio millón de euros en el municipio madrileño de Collado Villalba. Moix se defendió admitiendo su error en no comunicarlo en su momento al Fiscal Jose Manuel Maza, aunque adujo que no le dio importancia por tratarse de un asunto de su padre,

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Le cobran 12 euros por un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza 

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colgador bolso restaurante Ibiza 
Restaurante japonés Wakame

La polémica se ha desatado en Ibiza tras conocerse el caso de una clienta que recibió en su cuenta un cargo de 12 euros por un simple gancho para colgar el bolso en la mesa. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante japonés Wakame, ubicado en la isla, por considerar que se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo.

El caso: de una oferta amable a un cobro inesperado

Según relató la afectada en la red social X (antes Twitter), la camarera del establecimiento le ofreció “amablemente” colocar su bolso en un gancho instalado en la mesa. En un primer momento, la clienta rechazó la propuesta, pero la insistencia del personal la llevó a aceptar. La sorpresa llegó al recibir la cuenta, donde figuraba un cargo adicional bajo el concepto «gancho bolsa».

El restaurante ha intentado justificar el cobro alegando que en ocasiones anteriores algunos clientes se llevaban el accesorio pensando que era gratuito. Por ello, aseguran que aplican el importe como “depósito” para evitar olvidos a la hora de retirarlo, afirmando que se descuenta al pagar salvo que el cliente quiera quedárselo.

Sin embargo, FACUA señala que en ningún momento se informó a la consumidora del coste antes de ofrecerle el servicio, algo que la ley obliga a hacer de forma clara y previa. Además, recuerdan que este tipo de colgadores se pueden adquirir en el mercado por poco más de un euro, lo que hace que el cobro resulte “desproporcionado y abusivo”.

Qué dice la ley sobre este tipo de cobros

FACUA fundamenta su denuncia en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma prohíbe prácticas comerciales desleales, cobros por servicios no solicitados expresamente y cláusulas abusivas que generen un desequilibrio entre las partes.

Asimismo, el artículo 20 establece que cualquier servicio debe mostrar su precio final completo, incluyendo impuestos y gastos adicionales, antes de que el consumidor lo acepte.

La Ley 7/2014 de las Islas Baleares también sanciona la utilización de métodos de venta que induzcan a pagar servicios accesorios no solicitados o que confundan al consumidor sobre su coste real.

FACUA pide sanciones

Ante estos hechos, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear que abra una investigación y, en caso de confirmarse la irregularidad, imponga un expediente sancionador al restaurante.

La asociación recuerda que cualquier establecimiento que quiera cobrar por un servicio opcional debe informar de forma previa y clara al cliente y permitirle decidir libremente si lo adquiere o no. De lo contrario, la ley considera que se trata de un obsequio o atención comercial y no puede cobrarse después.

Un debate que incendia las redes

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el cobro y lo consideran un ejemplo de cómo algunos negocios aplican tarifas abusivas en zonas turísticas como Ibiza. Otros apuntan que, aunque el restaurante intente justificarlo como un “depósito”, el hecho de no informar previamente vulnera los derechos básicos de los consumidores.

FACUA concluye que este tipo de prácticas dañan la imagen del sector hostelero y suponen un riesgo para el turismo de calidad en las Islas Baleares.

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