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Sucesos

Doce detenidos por estafar 200.000 euros a empresas pasándose por proveedores

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Doce detenidos por estafar 200.000 euros a empresas pasándose por proveedores
Momento de la operación, en una imagen compartida por la Guardia Civil.

Alicante, 27 oct (OFFICIAL PRESS/EFE).- Doce jóvenes de entre 19 y 24 años han sido detenidos en Manresa (Barcelona) al estafar casi 200.000 euros a al menos once empresas de todo el territorio español mediante una estafa «online» por la que se hacían pasar por proveedores de estas compañías, y al estafar también a otros usuarios de webs de compraventa de objetos.

Estafa mediante un ciberataque

La Guardia Civil ha informado de que la investigación empezó tras denunciar una empresa de Crevillente (Alicante) una estafa mediante un ciberataque, así como que, tras desmantelar al grupo, ha confirmado estafas a firmas de Alicante, Madrid, Granada, Asturias, Murcia, Tenerife y Málaga, así como a usuarios de las Islas Baleares, Burgos, Lérida, Valencia, Barcelona, Vizcaya y Gerona.

Las investigaciones, que han terminado por detener a doce individuos de nacionalidad marroquí y española, se iniciaron este enero, cuando una compañía denunció que los estafadores habían interceptado unos correos electrónicos enviados a un proveedor, posteriormente alguien los había modificados para inducir a error y finalmente habían sufrido una estafa de más de 37.000 euros.

Método

El método correspondía al BEC (Business Email Compromise) o compromiso de email corporativo, un tipo de estafa mediante una combinación de tácticas de «phishing», «vishing» e ingeniería social a medianas y pequeñas empresas.

En ellas, los delincuentes realizan envíos desde direcciones de email, que imitan ser de empresas proveedoras, para así poder engañar a sus clientes, realizando estas últimas trasferencias bancarias a las cuentas de los delincuentes.

Tras analizar la Guardia Civil de Alicante más de 50 cuentas bancarias de esta firma así como cientos de movimientos bancarios con grandes cantidades de dinero de por medio, se identificó la existencia de un grupo de ciberdelincuentes muy activo en todo el territorio nacional.

Los investigadores identificaron a diez nuevas víctimas de este grupo criminal, ascendiendo el montante económico de lo defraudado a 188.000 euros, al tiempo que constataron que para blanquear el dinero los delincuentes desviaban las transferencias a otras cuentas bancarias de España o Lituania, o bien adquirían criptomonedas.

Además, los investigadores pudieron acreditar que la banda, mediante una identidad falsa y creando varios perfiles en webs dedicadas a la compraventa de objetos entre particulares, había estafado 2.800 euros a otros siete compradores.

Nueva modalidad de estafa

En esta nueva modalidad de estafa, los ciberdelincuentes contactaban con posibles compradores y posteriormente les invitaban a continuar la compraventa por privado, saliendo ambos de la página web o de la aplicación.

Una vez fuera, los delincuentes les indicaban que pagasen el producto por medio de una plataforma de pagos con teléfono móvil y, una vez realizados los pagos, los compradores no volvían a saber nada más de los delincuentes ni de los productos comprados.

Entre los días 28 y 30 de septiembre se desarrolló la fase de explotación de la operación en Manresa (Barcelona), donde se realizaron dos registros domiciliarios, interviniendo ordenadores, teléfonos móviles, documentación bancaria y otros documentos para su posterior análisis.

Además, se detuvo a los 12 miembros de la organización criminal, todo ellos hombres de entre 19 y 24 años y de nacionalidades marroquí y española.

A los detenidos, como presuntos autores en diferentes grados de participación, se les han imputado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra el secreto de las comunicaciones, suplantación de la identidad y pertenencia a organización criminal.

Los tres líderes de la organización criminal pasaron a disposición del Juzgado de Guardia e Instrucción de Manresa, quedando en libertad con medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados.

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Condenado un menor por matar a su padre para defender a su madre durante una pelea

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Menor mata a su padre para defender a su madre

El Juzgado de Menores número 1 de Murcia ha dictado una sentencia firme contra un menor de 14 años, que ha sido condenado como autor de un delito de homicidio por apuñalar a su padre en defensa de su madre durante una fuerte discusión familiar en Totana, en junio de 2024.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el menor asestó cinco puñaladas a su progenitor, una de ellas mortal, provocándole heridas graves en el hígado, diafragma y pulmón derecho. La víctima fue trasladada con urgencia al hospital, donde falleció posteriormente.

El joven reconoció los hechos en la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia, aceptando las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal. Ante su confesión y la aceptación de todas las partes, el juez dictó sentencia ‘in voce’, imponiendo 24 meses de internamiento en régimen cerrado, sustituibles por una medida de libertad vigilada bajo estrictas condiciones.

⚖️ Medidas impuestas al menor:

La sentencia establece un control integral del menor, incluyendo:

  • Escolarización adaptada a su situación personal

  • Seguimiento psicológico continuo

  • Controles periódicos de consumo de sustancias

  • Asistencia obligatoria a programas de educación en valores

  • Participación en actividades deportivas y de integración social

  • Restricción de movimientos nocturnos

  • Prohibición de contacto con entornos delictivos

  • Supervisión constante del equipo educativo y sanitario

El menor deberá asistir a todas las citas programadas y mostrar una actitud de responsabilidad frente a las normas impuestas. El fallo es firme y no recurrible.

Las consecuencias de este caso, tanto jurídicas como sociales y psicológicas, son amplias y delicadas debido a la gravedad de los hechos, la edad del autor y el contexto de violencia familiar. Aquí te detallo las principales posibles consecuencias:


⚖️ 1. Consecuencias jurídicas para el menor

Aunque se trata de un menor de 14 años —la edad mínima de responsabilidad penal en España— ha sido condenado conforme a la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Las consecuencias legales incluyen:

  • Libertad vigilada con estrictas condiciones durante 24 meses.

  • Restricción de derechos y movimientos: limitación de horarios, prohibición de contacto con ciertos entornos y obligación de asistencia a programas.

  • Registro de antecedentes (aunque de tipo reservado y con posible cancelación futura).

  • Supervisión judicial constante: si incumple las normas, podría pasar a régimen cerrado.

👉 En caso de reincidencia o incumplimiento, el juez podría revisar la medida y endurecerla, incluso decretar internamiento en un centro cerrado de menores.


🧠 2. Consecuencias psicológicas para el menor

El hecho de haber matado a su propio padre —aunque haya sido en un contexto de defensa de su madre— puede generar en el menor:

  • Trastornos emocionales como estrés postraumático, culpa o ansiedad.

  • Riesgo de estigmatización en su entorno escolar o social.

  • Necesidad de atención psicológica continuada para evitar conductas futuras de riesgo o retraimiento.

  • Impacto en su desarrollo emocional y relaciones futuras.


👪 3. Consecuencias familiares

  • Desestructuración familiar total: pérdida del padre y posible distanciamiento con otros familiares.

  • Carga emocional y legal para la madre: puede verse afectada por la culpa o presión social.

  • Implicaciones en custodia o tutela, si el menor no puede seguir viviendo con su madre.


📰 4. Consecuencias sociales y mediáticas

  • Estigmatización en el entorno: especialmente en un municipio pequeño como Totana.

  • Debate público sobre violencia familiar, defensa propia y justicia juvenil.

  • Revisión del sistema de protección a menores en contextos de violencia doméstica.


🛡️ 5. Implicaciones para el sistema judicial y de protección

Este caso puede tener repercusiones más amplias, como:

  • Mayor atención a los menores que viven en entornos de violencia familiar.

  • Revisión de políticas de intervención temprana y protocolos escolares.

  • Debate sobre la edad penal mínima y el tipo de medidas aplicadas en casos extremos.

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