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EDUCACIÓN| Las familias votan en 90 escuelas a favor de modificar la jornada escolar y en 69 en contra

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte dispone de los primeros datos de participación y los resultados de los 162 centros educativos que ayer realizaron las consultas para determinar la modificación del cambio de horario en la jornada escolar, 28 pertenecientes a las comarcas de Alicante, 20 a las comarcas de Castellón y 114 a las de València.

En estos momentos se tienen los datos provisionales de 159 centros donde se hicieron las votaciones ayer. Quedan por verificar provisionalmente dos centros de las comarcas de València y un centro de las comarcas de Castellón.

Podían votar 44.170 padres y madres en todo el territorio valenciano, 8.495 de los cuales corresponden a las comarcas de Alicante, 6.309 a las comarcas de Castellón y 29.366 a las comarcas de València.

Del total del censo, han participado en el proceso de votaciones el 70,25 % de padres y madres en todo el territorio. En las comarcas de Alicante el 74,74 % de los padres y madres; en las de Castellón, el 76,10 %, y en las de València, el 67,70 %.

Provisionalmente, las familias de 90 escuelas de Infantil y Primaria han decidido, mediante consultas, cambiar el horario de la jornada escolar, y las familias de 60 centros han decidido no cambiar el tipo de jornada.

Por lo que respecta a los resultados por comarcas, de los 28 centros educativos convocados de las comarcas de Alicante se tienen datos de todos. De estos, en 20 centros se ha votado a favor de la modificación de la jornada escolar y en 8 en contra.

En las comarcas de Castellón había 20 centros convocados y se tienen datos de 19. De estos, 9 centros han obtenido el sí a la modificación del horario de jornada escolar y 10 el no.

En las comarcas de València había 114 centros convocados y se tienen datos de 112. De estos, 61 centros han obtenido el sí a la modificación del horario de jornada escolar y 51 el no.

Una vez conocidos los resultados definitivos y atendidos los posibles recursos de alzada, el director general de Política Educativa dictará, antes del período de matriculación para el próximo curso, la autorización o no definitiva del cambio de jornada escolar.

Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se hará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

Hay que recordar que, actualmente, en el curso 2017-2018, hay 522 centros que aplican la jornada continua. De estos, 341 pertenecen a las comarcas de Alicante, 44 a las de Castellón y 137 a las comarcas de València.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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