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Educación pide explicaciones a Marzà sobre el plurilingüismo tras las quejas de PP y Ciudadanos

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EL Ministerio de Educación que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha enviado una carta a la Conselleria de Educación en la que insta a que el departamento que dirige Vicent Marzà aclare algunos aspectos de su ‘decreto de plurilingüismo’.

Todo ello se produce tras las quejas de PP y Ciudadanos (C’s) que consideran que dicho decreto «vulnera derechos» porque «castiga» con menos horas de inglés a quienes estudien en castellano y no en valenciano.

Desde C’s han presentado al Defensor del Pueblo una queja formal por el decreto del plurilingüismo del conseller Marzá. «El decreto del plurilingüismo supone un ataque a la libertad de elección de los padres y a la igualdad de oportunidades», ha declarado Fernando Giner, quien tras la exposición de la denuncia de C’s a Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, ha destacado que «el aprendizaje del inglés para los niños es algo tan esencial para las familias que es intolerable que Compromis lo utilice como un arma para penalizarlas. En la Comunitat Valenciana, Ciudadanos ha presentado infinidad de propuestas por una educación trilingüe, a las que Compromís ha dicho ‘no’ de manera sistemática».

Sobre este asunto, Marta Martín ha declarado que «seguiremos pidiendo al gobierno que actúe» y solicitará una reunión con el ministro de Educación con el objetivo de que «dé cuenta sobre el informe de la abogacía del estado y de la alta inspección educativa, en caso de que exista». Además, la diputada ha pedido «una comparecencia para que éste dé cuenta a la Comisión los plazos de implantación del decreto».

«Cs no va a parar de denunciar estos ataques a las libertades. No vamos a parar de defender la igualdad de oportunidades para todos, vengan de donde vengan y elijan la lengua que elijan para la educación de sus hijos», ha concluido Fernando Giner.

Cabe recordar que el decreto sobre el que pide explicaciones el Ministerio de Educación fue aprobado el 27 de enero de 2017 por el Gobierno valenciano para establecer el modelo lingüístico educativo valenciano y regular su aplicación a las enseñanzas no universitarias en la Comunitat Valenciana. Dicho decreto propone que, en todos los centros educativos públicos, se aplicará el ‘Programa de Educación Plurilingüe Dinámico’, que establece seis niveles de competencia en lenguas que van del nivel básico 1 al nivel avanzado 2.

El programa organiza como ‘básicos’ a los alumnos que estudien en castellano y como ‘avanzados’ a los que lo hagan en valenciano, ya que estos niveles se asocian con unas horas y una titulación diferente en inglés, siendo inferior en el caso del nivel básico o castellano y lográndose la titulación máxima de inglés si se opta por el nivel de mayor número de horas en valenciano.

El decreto establece que una vez finalizado el periodo formativo se certificará el nivel de competencia de los alumnos. Así, los que terminen el Bachillerato con un nivel ‘avanzado’, es decir, inglés y valenciano, obtendrán la certificación del B1 de inglés y el C1 de valenciano, a diferencia de los que hayan escogido el nivel ‘básico’ o castellano, que no obtendrán ninguna acreditación.

Y es aquí donde el PP critica que esta decreto va contra la Constitución

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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