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Sucesos

El 60% de víctimas de accidente en 2021 son peatones, ciclistas y motoristas

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¿Puede un peatón guardar la plaza de aparcamiento a un coche en la calle?

(EFE).- Un total de 115 personas perdieron la vida, el 60 % de ellos «usuarios vulnerables» –peatones, ciclistas y motoristas-, en los más de 6.900 accidentes de tráfico ocurridos el pasado año en las carreteras de la Comunitat Valenciana, un 22,3 % menos que en 2019, cuando hubo 148 muertes.

Este porcentaje es superior a la reducción registrada a nivel nacional, que fue del 8,9, según informa la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en el que se resalta que en los accidentes ocurridos el pasado año resultaron heridas 9.254 personas, 831 de las cuales requirieron hospitalización.

El 72 % de las víctimas mortales se registraron en vías interurbanas y el 28 %, en vías urbanas, y peatones, ciclistas y motoristas -usuarios vulnerables- representaron el 60 % de las víctimas mortales.

Estos son algunos de los datos expuestos en la XXXV sesión del pleno de la Comisión autonómica de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial de la Comunitat Valenciana, celebrada de forma telemática y presidida por la delegada de Gobierno, Gloria Calero.

La Comisión también está integrada por representantes de la Administración, entidades, instituciones, y organizaciones directamente vinculadas con el tráfico y la seguridad vial.

Gloria Calero ha subrayado la necesidad de que los «usuarios vulnerables» extremen las precauciones, puesto que suponen un porcentaje «muy elevado» de las víctimas mortales en carretera.

La delegada ha añadido que «a pesar de la disminución en el número de fallecidos, mientras muera una sola persona en las carreteras españolas se tendrá que seguir trabajando y apelando a la necesidad de cumplir exhaustivamente con la normativa de seguridad vial».

Ha recordado que todas las actuaciones realizadas en 2021 por parte de la DGT y los cambios normativos «han tenido como objetivo disminuir la siniestralidad vial».

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Sucesos

Condenado un menor por matar a su padre para defender a su madre durante una pelea

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Menor mata a su padre para defender a su madre

El Juzgado de Menores número 1 de Murcia ha dictado una sentencia firme contra un menor de 14 años, que ha sido condenado como autor de un delito de homicidio por apuñalar a su padre en defensa de su madre durante una fuerte discusión familiar en Totana, en junio de 2024.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el menor asestó cinco puñaladas a su progenitor, una de ellas mortal, provocándole heridas graves en el hígado, diafragma y pulmón derecho. La víctima fue trasladada con urgencia al hospital, donde falleció posteriormente.

El joven reconoció los hechos en la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia, aceptando las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal. Ante su confesión y la aceptación de todas las partes, el juez dictó sentencia ‘in voce’, imponiendo 24 meses de internamiento en régimen cerrado, sustituibles por una medida de libertad vigilada bajo estrictas condiciones.

⚖️ Medidas impuestas al menor:

La sentencia establece un control integral del menor, incluyendo:

  • Escolarización adaptada a su situación personal

  • Seguimiento psicológico continuo

  • Controles periódicos de consumo de sustancias

  • Asistencia obligatoria a programas de educación en valores

  • Participación en actividades deportivas y de integración social

  • Restricción de movimientos nocturnos

  • Prohibición de contacto con entornos delictivos

  • Supervisión constante del equipo educativo y sanitario

El menor deberá asistir a todas las citas programadas y mostrar una actitud de responsabilidad frente a las normas impuestas. El fallo es firme y no recurrible.

Las consecuencias de este caso, tanto jurídicas como sociales y psicológicas, son amplias y delicadas debido a la gravedad de los hechos, la edad del autor y el contexto de violencia familiar. Aquí te detallo las principales posibles consecuencias:


⚖️ 1. Consecuencias jurídicas para el menor

Aunque se trata de un menor de 14 años —la edad mínima de responsabilidad penal en España— ha sido condenado conforme a la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Las consecuencias legales incluyen:

  • Libertad vigilada con estrictas condiciones durante 24 meses.

  • Restricción de derechos y movimientos: limitación de horarios, prohibición de contacto con ciertos entornos y obligación de asistencia a programas.

  • Registro de antecedentes (aunque de tipo reservado y con posible cancelación futura).

  • Supervisión judicial constante: si incumple las normas, podría pasar a régimen cerrado.

👉 En caso de reincidencia o incumplimiento, el juez podría revisar la medida y endurecerla, incluso decretar internamiento en un centro cerrado de menores.


🧠 2. Consecuencias psicológicas para el menor

El hecho de haber matado a su propio padre —aunque haya sido en un contexto de defensa de su madre— puede generar en el menor:

  • Trastornos emocionales como estrés postraumático, culpa o ansiedad.

  • Riesgo de estigmatización en su entorno escolar o social.

  • Necesidad de atención psicológica continuada para evitar conductas futuras de riesgo o retraimiento.

  • Impacto en su desarrollo emocional y relaciones futuras.


👪 3. Consecuencias familiares

  • Desestructuración familiar total: pérdida del padre y posible distanciamiento con otros familiares.

  • Carga emocional y legal para la madre: puede verse afectada por la culpa o presión social.

  • Implicaciones en custodia o tutela, si el menor no puede seguir viviendo con su madre.


📰 4. Consecuencias sociales y mediáticas

  • Estigmatización en el entorno: especialmente en un municipio pequeño como Totana.

  • Debate público sobre violencia familiar, defensa propia y justicia juvenil.

  • Revisión del sistema de protección a menores en contextos de violencia doméstica.


🛡️ 5. Implicaciones para el sistema judicial y de protección

Este caso puede tener repercusiones más amplias, como:

  • Mayor atención a los menores que viven en entornos de violencia familiar.

  • Revisión de políticas de intervención temprana y protocolos escolares.

  • Debate sobre la edad penal mínima y el tipo de medidas aplicadas en casos extremos.

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