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Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para el hermano de Ximo Puig por estafa y falsedad documental

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francis puig
El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig( a la dcha de la imagen, acompañado por su abogado Javier Falomir) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de valencia. EFE/ Manuel Bruque

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por presuntos delitos de falsedad documental y estafa agravada. También pide tres años de cárcel para Juan Enrique Adell Bover, socio del empresario en varios proyectos audiovisuales.

Según el escrito presentado por la fiscal Adoración Cano, se les acusa de haber cobrado de forma indebida un total de 185.402,72 euros mediante facturas presuntamente falsas y simulación de gastos a través de varias empresas del sector audiovisual, entre ellas Mas Mut Produccions, Kriol, Canal Maestrat y Nova CB.

El caso Francis Puig: una denuncia del PP que derivó en una acusación por fraude

La investigación se inició en 2019 por denuncia del Partido Popular

El procedimiento arrancó en 2019 tras una denuncia del Partido Popular en la que se apuntaban posibles delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude fiscal. Sin embargo, tras seis años de instrucción, la causa ha quedado centrada en un presunto fraude de subvenciones públicas. Aunque la cuantía investigada no alcanza el umbral de 120.000 euros exigido para ese tipo penal, la Fiscalía considera que sí se produjo una estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

El escrito de acusación ha sido notificado este lunes a las partes y se centra en el presunto uso fraudulento de ayudas públicas concedidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya para el fomento del valenciano y el catalán, entre 2015 y 2019.

Subvenciones para fomentar el valenciano y el catalán bajo sospecha

Facturas duplicadas, empresas ficticias y conceptos genéricos

Durante ese periodo, tanto Francis Puig como Adell Bover habrían solicitado ayudas públicas para la producción y difusión en valenciano y catalán en programas de televisión, radio y prensa escrita o digital. La Fiscalía sostiene que simularon gastos empresariales mediante facturación cruzada y duplicada, utilizando conceptos genéricos que no están justificados ni pagados a proveedores reales.

En concreto, Francis Puig, como administrador de Comunicacions dels Ports S.A., habría elaborado un sistema para inflar los gastos declarados a la administración con el objetivo de obtener más subvenciones de las que les correspondería.

Además, el Ministerio Público considera que Masmut Produccions S.L. era una empresa ficticia, creada con la única finalidad de captar fondos públicos. Según la Fiscalía, las facturas emitidas desde esta sociedad no reflejaban actividad real ni fueron destinadas a los objetivos contemplados en las convocatorias de ayudas.

Las cantidades reclamadas por Anticorrupción

110.691 € de la Generalitat Valenciana y 74.710 € de la Generalitat de Catalunya

Las ayudas supuestamente fraudulentas obtenidas por Masmut Produccions de la Generalitat Valenciana ascienden a 58.866,69 euros, distribuidos de la siguiente forma:

  • 2015: 23.234,12 €

  • 2016: 16.960,03 €

  • 2017: 12.072,70 €

  • 2018: 6.599,84 €

Por otra parte, según Anticorrupción, la Generalitat de Catalunya otorgó subvenciones por un total de 51.825,28 euros, a pesar de que esta administración indicó al juzgado que “no hay posibilidad de coincidencia ni duplicidad” con las ayudas valencianas. Sin embargo, la Fiscalía considera que también esas ayudas deben reintegrarse a las arcas públicas catalanas:

  • 2015: 9.883,35 €

  • 2016: 9.679,86 €

  • 2017: 16.629,65 €

  • 2018: 15.632,42 €

El total que reclama la Fiscalía asciende a 185.402,72 euros en subvenciones supuestamente obtenidas de forma irregular entre ambas comunidades autónomas.

El proceso judicial avanza hacia juicio

Se espera que se fije fecha para el juicio en los próximos meses

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción es el paso previo a la apertura de juicio oral. Tanto Francis Puig como Juan Enrique Adell Bover tendrán que responder ante la justicia por estos hechos. Las defensas de ambos empresarios niegan cualquier irregularidad y aseguran que todas las facturas son reales y corresponden a trabajos ejecutados.

Mientras tanto, el caso ha cobrado relevancia pública por el vínculo familiar de Francis Puig con Ximo Puig, quien presidió la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2023. Aunque no está implicado judicialmente, el asunto ha reavivado el debate político sobre el uso de las subvenciones públicas y el control de las ayudas al sector audiovisual.

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Valencia

Sanidad y las autonomías acuerdan que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en centros sanitarios

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mascarilla obligatoria centros de salud

Sanidad y las autonomías acuerdan que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en centros sanitarios para contener el avance de la gripe

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han alcanzado este viernes un acuerdo clave para frenar el repunte de virus respiratorios: la mascarilla volverá a ser obligatoria en hospitales y centros de salud cuando los indicadores alcancen niveles de riesgo moderado o alto. La decisión llega tras la alerta emitida por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que advierte de un adelantamiento inusual de la gripe y de la expansión del nuevo linaje A(H3N2) subclado K.

Este consenso, forjado en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), supone un giro respecto al año pasado, cuando Sanidad y las autonomías no lograron pactar un protocolo común. Esta vez, el documento —que se aprobará definitivamente el 3 de diciembre— introduce directrices homogéneas y escalables, orientadas a evitar un colapso asistencial durante la temporada 2025-2026.


Un plan común frente a los virus respiratorios: mascarillas por escenarios

El nuevo protocolo ordena la respuesta sanitaria en cuatro niveles de riesgo (0 a 3), determinados por la incidencia de virus respiratorios, la ocupación hospitalaria y otros indicadores epidemiológicos.

Escenario 0: vigilancia reforzada

En fase de baja circulación vírica, se mantiene la recomendación general:
– Utilizar mascarilla quirúrgica ante cualquier síntoma respiratorio.
– Reducir interacciones sociales, especialmente con colectivos vulnerables.
– Extremar la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.

Escenario 1: incremento controlado de casos

Cuando la incidencia comienza a aumentar:
– Se recomienda llevar mascarilla durante los cinco días posteriores al inicio de síntomas.
– Fomentar el teletrabajo cuando sea posible.

Escenario 2: riesgo moderado

Aquí llegan las primeras obligaciones:
Uso obligatorio de mascarilla en hospitales, centros de salud y salas de espera.
– Los centros sociosanitarios deberán «valorar» imponerla de forma permanente en función de la vulnerabilidad de sus residentes.
– El personal de residencias con síntomas deberá permanecer cinco días de baja.

Escenario 3: riesgo muy alto o situación pandémica

Aunque el documento no impone nuevas reglas específicas, deja vía libre para introducir medidas excepcionales, incluidas restricciones más severas si la situación lo requiere.


Sanidad pone el foco en tres ámbitos clave

El plan concentra esfuerzos en espacios especialmente sensibles:

1. Residencias y centros sociosanitarios

– Bajas obligatorias para trabajadores con síntomas.
– Uso de mascarilla durante toda la jornada tras la reincorporación hasta remitir los síntomas.
– Posibilidad de imponer restricciones adicionales según vulnerabilidad del centro.

2. Hospitales y centros de salud

– En niveles bajos y moderados, mascarilla obligatoria en unidades de especial riesgo (oncología, trasplantes…).
– En nivel medio, uso extensivo en urgencias, salas de espera y zonas comunes.

3. Profesionales con trato directo al público

– Recomendación de usar mascarilla en escenarios de alta circulación vírica, especialmente si interactúan con personas sintomáticas.


Un acuerdo que llega tras un año de desencuentros

El protocolo del año pasado naufragó por falta de consenso entre las autonomías. El resultado fue un documento sin carácter vinculante que dejó a cada región la capacidad de fijar sus propios criterios sobre mascarilla, aforos o restricciones. Este invierno, con un repunte gripal más temprano y agresivo, la presión asistencial ha obligado a cerrar filas.


23,7 millones de euros para reforzar el sistema sanitario

Además de las medidas frente a los virus respiratorios, Sanidad y las comunidades han aprobado la distribución de 23,7 millones de euros destinados a reforzar diversas áreas del Sistema Nacional de Salud.

Entre las partidas destacan:
2 millones para mejorar la autosuficiencia en plasma humano.
2,5 millones para equipamiento de unidades de donación de plasma.
1,5 millones para planes frente al tabaquismo.
7 millones para vigilancia en cáncer, salud mental, resistencias antimicrobianas y enfermedades raras.
1 millón para el Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones.
4 millones adicionales para sistemas de vigilancia epidemiológica.


Un invierno marcado por la prevención y la coordinación

Con este acuerdo, Sanidad pretende adelantarse a la presión asistencial que podría generar la combinación de gripe, covid y otros virus respiratorios en las próximas semanas. La vuelta de la mascarilla obligatoria en centros sanitarios se perfila como una herramienta clave para reducir contagios y proteger a los más vulnerables en un invierno que se prevé especialmente activo en términos epidemiológicos.

¿Cuándo volverán a ser obligatorias?

La mascarilla volverá a ser obligatoria en centros sanitarios tras la aprobación del protocolo el 3 de diciembre de 2025, siempre que se cumplan los umbrales epidemiológicos establecidos (aumento de gripe/virus respiratorios, alta presión hospitalaria, etc.). En ese momento, todos los centros deberán ajustarse a la obligación.

 

 

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