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Valencia

Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para el hermano de Ximo Puig por estafa y falsedad documental

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francis puig
El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig( a la dcha de la imagen, acompañado por su abogado Javier Falomir) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de valencia. EFE/ Manuel Bruque

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por presuntos delitos de falsedad documental y estafa agravada. También pide tres años de cárcel para Juan Enrique Adell Bover, socio del empresario en varios proyectos audiovisuales.

Según el escrito presentado por la fiscal Adoración Cano, se les acusa de haber cobrado de forma indebida un total de 185.402,72 euros mediante facturas presuntamente falsas y simulación de gastos a través de varias empresas del sector audiovisual, entre ellas Mas Mut Produccions, Kriol, Canal Maestrat y Nova CB.

El caso Francis Puig: una denuncia del PP que derivó en una acusación por fraude

La investigación se inició en 2019 por denuncia del Partido Popular

El procedimiento arrancó en 2019 tras una denuncia del Partido Popular en la que se apuntaban posibles delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude fiscal. Sin embargo, tras seis años de instrucción, la causa ha quedado centrada en un presunto fraude de subvenciones públicas. Aunque la cuantía investigada no alcanza el umbral de 120.000 euros exigido para ese tipo penal, la Fiscalía considera que sí se produjo una estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

El escrito de acusación ha sido notificado este lunes a las partes y se centra en el presunto uso fraudulento de ayudas públicas concedidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya para el fomento del valenciano y el catalán, entre 2015 y 2019.

Subvenciones para fomentar el valenciano y el catalán bajo sospecha

Facturas duplicadas, empresas ficticias y conceptos genéricos

Durante ese periodo, tanto Francis Puig como Adell Bover habrían solicitado ayudas públicas para la producción y difusión en valenciano y catalán en programas de televisión, radio y prensa escrita o digital. La Fiscalía sostiene que simularon gastos empresariales mediante facturación cruzada y duplicada, utilizando conceptos genéricos que no están justificados ni pagados a proveedores reales.

En concreto, Francis Puig, como administrador de Comunicacions dels Ports S.A., habría elaborado un sistema para inflar los gastos declarados a la administración con el objetivo de obtener más subvenciones de las que les correspondería.

Además, el Ministerio Público considera que Masmut Produccions S.L. era una empresa ficticia, creada con la única finalidad de captar fondos públicos. Según la Fiscalía, las facturas emitidas desde esta sociedad no reflejaban actividad real ni fueron destinadas a los objetivos contemplados en las convocatorias de ayudas.

Las cantidades reclamadas por Anticorrupción

110.691 € de la Generalitat Valenciana y 74.710 € de la Generalitat de Catalunya

Las ayudas supuestamente fraudulentas obtenidas por Masmut Produccions de la Generalitat Valenciana ascienden a 58.866,69 euros, distribuidos de la siguiente forma:

  • 2015: 23.234,12 €

  • 2016: 16.960,03 €

  • 2017: 12.072,70 €

  • 2018: 6.599,84 €

Por otra parte, según Anticorrupción, la Generalitat de Catalunya otorgó subvenciones por un total de 51.825,28 euros, a pesar de que esta administración indicó al juzgado que “no hay posibilidad de coincidencia ni duplicidad” con las ayudas valencianas. Sin embargo, la Fiscalía considera que también esas ayudas deben reintegrarse a las arcas públicas catalanas:

  • 2015: 9.883,35 €

  • 2016: 9.679,86 €

  • 2017: 16.629,65 €

  • 2018: 15.632,42 €

El total que reclama la Fiscalía asciende a 185.402,72 euros en subvenciones supuestamente obtenidas de forma irregular entre ambas comunidades autónomas.

El proceso judicial avanza hacia juicio

Se espera que se fije fecha para el juicio en los próximos meses

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción es el paso previo a la apertura de juicio oral. Tanto Francis Puig como Juan Enrique Adell Bover tendrán que responder ante la justicia por estos hechos. Las defensas de ambos empresarios niegan cualquier irregularidad y aseguran que todas las facturas son reales y corresponden a trabajos ejecutados.

Mientras tanto, el caso ha cobrado relevancia pública por el vínculo familiar de Francis Puig con Ximo Puig, quien presidió la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2023. Aunque no está implicado judicialmente, el asunto ha reavivado el debate político sobre el uso de las subvenciones públicas y el control de las ayudas al sector audiovisual.

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Valencia

La celebración del Festival de les Arts y BigSound, en peligro por una sentencia judicial en València

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Festival de les Arts 2026
Imagen de un concierto en la Ciudad de las Artes de València - EUROPA PRESS

El juez ordena medidas contra la contaminación acústica en la Ciudad de las Artes y reconoce indemnizaciones a vecinos

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 8 de València ha estimado la demanda presentada por vecinos de dos edificios y ha ordenado al Ayuntamiento de la capital adoptar medidas para evitar que el ruido de discotecas y conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias vulnere derechos fundamentales.

La resolución judicial incluye la posibilidad de revocar autorizaciones o reubicar eventos y reconoce además el derecho de los vecinos a ser indemnizados por daño moral.

El Ayuntamiento vulneró derechos fundamentales, según la sentencia

Así lo señala el fallo, fechado el 24 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado declara que el Ayuntamiento de València ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad y a la integridad moral de los vecinos demandantes.

Los afectados residen en dos edificios de la avenida Profesor López Piñero, en las inmediaciones del recinto de CACSA, donde se celebran conciertos y eventos. El origen del proceso se remonta a una reclamación presentada en 2022.

Indemnización de 3.000 euros por daños morales

En la resolución, contra la que cabe recurso, el juez condena al consistorio a indemnizar con 3.000 euros a cada vecino demandante. Considera esta cantidad “proporcional” teniendo en cuenta el tiempo durante el que han sufrido las molestias.

El magistrado subraya que no es necesario aportar pruebas médicas para acreditar el daño moral, apoyándose en jurisprudencia consolidada:

  • La exposición continuada a ruido intenso genera daño moral
  • Provoca desasosiego, sufrimiento e incomodidad
  • Supone una merma en la calidad de vida

“El simple hecho de estar sometido de forma continuada a ruidos de ciertas características constituye un daño moral”, recoge la sentencia.

El control del ruido es competencia municipal

El fallo recuerda que corresponde al Ayuntamiento ejercer las inspecciones necesarias para garantizar que las actividades cumplen la normativa, en base a la Ley 7/2002 de la Generalitat sobre contaminación acústica.

Además, aclara que aunque ciertas actividades no requieran licencia previa, esto no elimina el control posterior:

  • El Ayuntamiento debe inspeccionar
  • Puede sancionar incumplimientos
  • Debe garantizar el respeto a la normativa acústica

“El hecho de que las actividades se desarrollen en ese entorno no implica que gocen de patente de corso en materia de contaminación acústica”, señala el magistrado.

“Ruidos insoportables” por conciertos y discotecas

Los vecinos denunciaron que los eventos celebrados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como conciertos o la actividad de la terraza del Umbracle, generan niveles de ruido “insoportables”.

Según informes periciales:

  • Se registraron niveles de hasta 80 dBA
  • Se superaron los límites legales de 45 dBA nocturnos y 55 diurnos
  • Se detectaron molestias en festivales como Big Sound, Love the 90’s o Festival de les Arts

Estas mediciones evidencian, según los demandantes, una vulneración de los límites acústicos establecidos en la ordenanza municipal.

Falta de control municipal en la zona

El magistrado también critica la actuación del Ayuntamiento, señalando que los controles han sido “escasísimos”, deficientes e ineficaces.

Según recoge la sentencia:

  • No se han realizado mediciones adecuadas en viviendas
  • Se han ignorado numerosas quejas vecinales
  • La mayoría de actas se centran en el Umbracle, sin control sobre conciertos

Además, considera que el consistorio no ha demostrado haber adoptado medidas eficaces para proteger los derechos de los vecinos tras la reclamación.

Postura del Ayuntamiento y de la Generalitat

El Ayuntamiento defendió que no tenía competencia directa, alegando que la Generalitat declaró en 2006 de interés general la Ciudad de las Artes y las Ciencias, excluyendo ciertas actividades de licencia municipal.

También cuestionó los informes periciales al considerar que no medían el ruido de fondo sin actividad.

Por su parte, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha indicado que la resolución corresponde al Ayuntamiento, mientras que el fiscal se opuso inicialmente a la demanda al no apreciar inactividad municipal suficiente.

El Ayuntamiento estudiará la sentencia

Fuentes municipales han confirmado que los servicios jurídicos del consistorio analizarán el fallo, que no es firme y puede ser recurrido.

Además, recuerdan que los hechos denunciados se remontan a 2018 y que la demanda se presentó en mayo de 2023, antes de la llegada de la actual corporación municipal.

Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias también han señalado que su departamento jurídico está valorando la sentencia.

Un fallo con impacto en el modelo de eventos en València

Esta sentencia puede tener consecuencias importantes en la celebración de conciertos, festivales y actividades en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El fallo reabre el debate sobre:

  • La convivencia entre ocio y vecinos
  • El control del ruido en grandes eventos
  • El modelo de festivales urbanos en València

La posible reubicación o limitación de eventos marca un punto de inflexión en la gestión de la actividad cultural en la ciudad.

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