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El caso de María José Carrasco reabre el debate sobre la eutanasia en plena campaña electoral

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VALÈNCIA, 5 Abr.- La vida de Maria José Carrasco se terminó este miércoles. Después de más de 30 años sufriendo una larga enfermedad, su marido, Ángel Hernández, le ayudó a poner fin con una muerte digna y que en todo momento estuvo grabada por el propio Ángel para dejar constancia de los hechos.

La esclerosis múltiple que sufría María José la había sumergido en un estado terminal que la postró en una cama y que le producía muchos dolores. A pesar de la larga lucha constante que ha tenido y de haber intentado incluso suicidarse, se encontraba en un punto en el que ya no le era posible acabar con su vida por si misma.

Su marido, Ángel Hernández, después de haber luchado junto a su mujer hasta el último momento, confesaba en la grabación que se ha emitido públicamente en todos los medios de comunicación, que la situación era ya insostenible y que María José «necesitaba morir dignamente».

En la grabación se puede ver como Ángel mantiene una conversación con María José en la que le pregunta explícitamente que lo que va a realizar es lo que ella quiere, y ella le contesta sin ningún tipo de coacción. Tras la conversación se puede ver como se realiza todo el proceso y el momento más personal, cuando Ángel le suministra la sustancia que acaba con la vida de María José.

La Policía conocía los hechos y detenía este miércoles a Ángel por un presunto delito de homicidio por cooperación al suicidio. Tras prestar declaración, la jueza dejaba en libertad sin medidas cautelares a Ángel Hernández.

En este momento se ha reabierto el debate sobre el derecho a una muerte digna, y los partidos políticos que se encuentran en plena campaña electoral han salido a valorar los hechos. Una cuestión que ya se ha debatido en muchas ocasiones en el Congreso de los Diputados pero que a día de hoy sigue sin tener una ley que lo regule.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que ofreció este jueves por la noche en Tele 5, aseguraba que si gana las elecciones generales del próximo 28 de abril regulará la eutanasia y que no descarta el ‘indulto’ de Ángel Hernández; por su parte el líder de ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba también el jueves por la noche que si llega a presidente del Gobierno impulsará una ley de eutanasia “garantista y de consenso”.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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