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El Consell ‘da carpetazo’ a RTVV cinco años después del cierre

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El Pleno del Consell ha declarado la extinción de la entidad de derecho público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) después de aprobar la aceptación de la cesión e integración global de todo el activo y el pasivo del ente a favor de la Generalitat.

Además, el Consell, constituido en Junta General de Accionistas, ha aprobado el proyecto de cesión a favor de la Generalitat de los activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana SAU, así como la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM).

Con la adopción de estos dos acuerdos, concluye un proceso que se inició primero con la aprobación en 2012 de la Ley 3/2012 -norma que modificó el modelo de la RTVV pública autonómica y dictaminó la disolución-liquidación de esta entidad para transformarla en una sociedad (SAU) que debía prestar este servicio de radiotelevisión-, y siguió después con el abrupto cierre de estos medios, que se consumó con la Ley 4/2013 y el cese de las emisiones de Canal 9 y Ràdio 9 el 29 de noviembre de 2013.

Durante este tiempo se ha tenido que hacer frente a una deuda de más de 1.200 millones de euros y a una herencia acumulada de numerosos conflictos laborales o judiciales con productoras, trabajadores, acreedores, Seguridad Social e incluso Agencia Tributaria, que han ido resolviéndose, en buena parte de los casos, con resultados razonables y evitando consecuencias más costosas para la Administración.

Al mismo tiempo, con las diversas actuaciones de la liquidación, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, y conforme se ha ido detallando también en los 16 informes que se han ido presentado a Les Corts (cada dos meses desde la aprobación de la citada Ley), se ha procurado rescatar, evitar el deterioro y reparar los activos, tanto del edificio de Burjassot como de la red de repetidores extendida por toda la Comunitat Valenciana, que permitían la prestación del servicio público de radio y televisión.

Cese de los liquidadores

El acuerdo adoptado por el Pleno del Gobierno valenciano para la extinción total del ente público RTVV, que conlleva el cese de los liquidadores, implica la subrogación de la Generalitat en todas las relaciones jurídicas de la entidad de derecho público Radiotelevisión Valenciana con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorios.

Además, por parte de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, se realizarán las operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales de carácter preceptivo y necesarias para la incorporación de todo el activo y el pasivo del ente público en el patrimonio de la Generalitat.

Asimismo, la publicación del proyecto de cesión a favor de la Generalitat de los activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana SAU se realizará en el BORM y en prensa escrita, al objeto de que sea conocido y, si es el caso, puedan presentarse posibles impugnaciones por parte de acreedores.

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La UCO entrega al Supremo el contrato privado de compraventa por el que Santos Cerdán adquirió parte de Servinabar

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Santos Cerdán
Contrato de Servinabar.

El documento, hallado durante un registro en Vizcaya, acredita la compra de participaciones de Servinabar 2000 SL por parte del dirigente socialista en 2016. La defensa de Cerdán sostiene que nunca tuvo efecto jurídico.

Por Miguel Ángel Pérez | Actualizado: 24 de junio de 2025

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente —que instruye la investigación de la trama Koldo—, una copia del contrato de compraventa por el que Santos Cerdán, actual secretario del PSOE, habría adquirido parte de la empresa Servinabar 2000 SL en 2016.

Dicha empresa, según las investigaciones, habría sido adjudicataria de varias obras públicas valoradas en millones de euros, y está siendo analizada en el marco de este caso de presunta corrupción.


Un contrato fechado en 2016 y hallado en un registro en Vizcaya

En un oficio al que ha tenido acceso Libertad Digital, la UCO informa que el documento fue hallado el pasado 10 de junio de 2025 durante un registro en el domicilio de Joseba Antxón Alonso, ubicado en Elorrio (Vizcaya). Esta actuación se realizó en el marco de la Causa Especial nº 003/0020775/2020.

Durante el registro se intervino documentación en papel, incluyendo un contrato privado de compraventa de participaciones sociales fechado el 1 de junio de 2016, mediante el cual Santos Cerdán adquiría 1.350 participaciones de Servinabar 2000 SL por un valor de 6.000 euros. El contrato consta de cuatro páginas, firmadas por ambas partes, y cuenta con el sello oficial de la empresa en su hoja final.


Entrega oficial del documento al Supremo

Tras una solicitud expresa del magistrado instructor, el pasado 20 de junio de 2025, la UCO ha remitido una copia del contrato al Tribunal Supremo. El documento fue recogido durante el registro y sellado por la Letrada de la Administración de Justicia en funciones de guardia de los Juzgados de Durango (Vizcaya).


La defensa de Cerdán: “Es solo un contrato privado sin efecto jurídico”

Fuentes de la defensa de Santos Cerdán han confirmado a este medio que ya han recibido una copia del documento intervenido por la UCO. Según han explicado, «no se trata de una escritura pública, sino de un contrato privado que nunca se elevó a público», por lo que «no tuvo ni tiene efecto jurídico alguno».

Además, subrayan que Servinabar ya informó a los medios hace días que Santos Cerdán nunca formó parte activa de la sociedad, ni percibió ingresos derivados de su actividad. Según estas fuentes, en el momento de la firma del contrato, en 2016, «el objeto social de la empresa era distinto al actual». El dirigente socialista ampliará sus explicaciones sobre este asunto en su declaración prevista para este lunes.


Opiniones jurídicas: el contrato privado puede ser válido si fue registrado

Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital han matizado que una compraventa de participaciones mediante documento privado es perfectamente válida entre las partes, siempre que la sociedad acepte el registro del contrato en su libro de socios. Además, recuerdan que este tipo de contratos pueden ser elevados a públicos en cualquier momento, si las partes así lo desean.


Detalles del contrato de compraventa de Servinabar 2000 SL

El contrato recoge lo siguiente:

  • Vendedor: Joseba Antxón Alonso Egurrola, administrador único de Servinabar 2000 SL.

  • Comprador: Santos Cerdán León.

  • Objeto: Venta de 1.350 participaciones sociales de la empresa, numeradas del 1.650 al 3.000.

  • Precio: 6.000 euros, con carta de pago incluida.

  • Cláusulas adicionales:

    • Los gastos e impuestos derivados correrían a cargo del comprador.

    • Declaración de cumplimiento de requisitos legales.

    • Ambas partes se someten a los juzgados de Navarra en caso de conflicto.

El contrato, con fecha de 1 de junio de 2016, lleva la firma de ambas partes y el sello de Servinabar 2000 SL.


Un documento clave en la investigación de la trama Koldo

Este contrato privado de compraventa se suma a la documentación analizada por la Guardia Civil en el contexto de la trama Koldo, y podría resultar clave para esclarecer la posible vinculación de Santos Cerdán con la sociedad adjudicataria de obras públicas. El Tribunal Supremo tendrá ahora que valorar la validez y el impacto legal de este documento en el marco de la causa abierta.

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