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El Consell rebaja a 16 la edad de los jóvenes para poder participar en las consultas ciudadanas
Publicado
hace 9 añosen
De
El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Políticas Integrales de Juventud, una ley para que cerca de 900.000 jóvenes residentes en la Comunitat Valenciana construyan su proyecto vital individual y colectivo en igualdad de condiciones y enfoquen su realidad desde el empoderamiento, la participación y la emancipación.
El proyecto de ley establece que las políticas integrales de juventud reconocen los derechos de las personas jóvenes, con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años, por lo que se adelanta la «edad joven» a los 12 años y se establecen mecanismos para el fomento de la participación y el asociacionismo juvenil, entre los que destaca la participación a partir de los 16 años en las consultas llevadas a cabo entre la ciudadanía.
Asimismo, el texto fija legalmente la corresponsabilidad de las administraciones públicas y las personas jóvenes en la elaboración y ejecución de las políticas; su municipalización y el reconocimiento del ocio educativo como instrumento de educación en valores de solidaridad, compañerismo y de inclusión social.
Paridad y tramos de edad en la representación
El proyecto de Ley recupera la denominación original del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) que se configura como un organismo autónomo de la Generalitat También destaca la nueva composición del Consejo Rector, órgano de representación y participación, diseñado desde la paridad de mujeres y hombres y con representación directa de la juventud, asociada o no, de manera que ninguna persona joven se quede sin voz, con la incorporación, además, en la representación de diferentes tramos de edad (de los 12 – 18 años, de los 19 – 24 años y de los 25-30 años).
Participación juvenil
El proyecto de ley regula las estructuras de participación juvenil, mencionando a los grupos de jóvenes como realidades que deben ser reconocidas por las administraciones públicas e incorpora el Fòrum Jove como mecanismo para grupos juveniles no asociados y de modo individual.puedan aportar sus propuestas.
También otorga al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana la condición de máximo órgano de representación y de interlocución con el Consell y con otras instituciones públicas y privadas en materia de Juventud y son igualmente reconocidos los consejos locales y territoriales de Juventud.
La educación en la participación, un elemento fundamental que ayudará a la juventud a entender que «participar es decidir.»
Estrategia Valenciana de Juventud
A las Políticas Integrales en materia de Juventud se dedica el título III con especial incidencia en la Estratègia Valenciana de Joventut, que se configura como marco general de la planificación de las políticas a desarrollar en todo el territorio de la Comunitat Valenciana con la intervención de los ayuntamientos
Entre los elementos de apoyo a la Estrategia se encuentra la Comisión Interdepartamental de Juventud de la Generalitat y la Xarxa Jove. Otro principio articulador del proyecto es facilitar la emancipación de los y las jóvenes a través de los ayuntamientos reconociéndoles corresponsabilidad en la materia, en consonancia con los principios de proximidad y arraigo.
La municipalización y la unión de municipios es un concepto clave para hacer llegar recursos y servicios como la Xarxa Valenciana d’Informació i Animació Juvenil, la Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu, la Xarxa Valenciana d’Albergs Juvenils, las Escuelas de Animación Juvenil, el Carnet Jove y el Servei d’Assessorament i Recursos Tècnics per a Municipis.
Ocio educativo
Otro elemento destacado es la incorporación del ocio educativo junto a la información y orientación juveniles, la formación y la movilidad como servicios y recursos para la juventud.
En él se establece la necesidad del ocio educativo para la formación y un sistema común que integre recursos públicos y privados y que acredite las competencias adquiridas a través del voluntariado, en actividades de tiempo libre educativo.
Amplia participación directa en el proceso de elaboración
Uno de los rasgos distintivos de la futura Ley de Políticas integrales es que para su redacción ha contado con la audiencia y las aportaciones de entidades representativas de los intereses de la juventud, entre las que se encuentran la Federació Valenciana de Municipis I Provincies-Fvmp; el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana; Juniors Moviment Diocesà; el Consell de la Joventut de Mislata; la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana; Associació de Professionals de la Joventut de la Comunitat Valenciana; Avecoe. Associació Valenciana d’empreses Culturals i d’Oci Educatiu y Jovesord, Associació Juvenil de Persones Sordes.
Asimismo, ha contado con la participación de UGT-PV; CCOO-PV; STEP Intersindical; Concapa-Conval Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d’alumnes, Covapa; Confederació Valenciana d’Associacions d’Apas/Ampas; Confederació d’ Ampas Gonzalo Anaya; COEESCV. Col·legi Oficial d’educadores I Educadors de la Comunitat Valenciana; y las Diputaciones de València, Alicante y Castelló como a miembros del Consell Rector de l’IVAJ.
También han contribuido las delegaciones de estudiantes de la Universitat d’ Alacant, Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat Miguel Hernández y Universitat Jaume I, así como las escuelas de animación juvenil. ACCENT, Agustinos, Anima’t, Bona Gent, Evall Centre Excursionista València, Creu Roja Joventut, Cuyju, Don Bosco, EAJEF, Edetania, Ensenya de Fusta-Scouts Valencians, Etell, Federació de Cases, Fernando Soto Campos, Juniors, Ymca, Lluerna, Lluïsos, Món Màgic, Morvedre – Ajuntament de Sagunt, Carpe Vitae, Abast Animació y Sant Roc
Pero, sobre todo, en su elaboración se ha potenciado la participación directa con difusión del anteproyecto, una encuesta on-line y reuniones por todo el territorio de la Comunitat .
El texto fue aprobado por unanimidad en una reunión plenaria del Consejo Rector del IVAJ y tras el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, entrará como proyecto de ley del Consell en sede parlamentaria.
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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”
Publicado
hace 14 horasen
4 noviembre, 2025
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.
“El fiscal general me había destrozado públicamente”
Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.
“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.
El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.
De una negociación fiscal a un caso mediático
Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.
“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.
A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.
El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.
Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.
Un juicio histórico en la democracia española
El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.
Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.
El origen del caso: el correo del abogado de González Amador
Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.
Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.
La posición del fiscal general
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.
El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:
“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.
Un proceso sin retransmisión pública
Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.
Qué consecuencias puede tener el juicio
Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:
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Entre 4 y 6 años de cárcel,
-
12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,
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y una multa superior a los 400.000 euros.
Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.
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