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El Consell rebaja a 16 la edad de los jóvenes para poder participar en las consultas ciudadanas

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El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Políticas Integrales de Juventud, una ley para que cerca de 900.000 jóvenes residentes en la Comunitat Valenciana construyan su proyecto vital individual y colectivo en igualdad de condiciones y enfoquen su realidad desde el empoderamiento, la participación y la emancipación.

El proyecto de ley establece que las políticas integrales de juventud reconocen los derechos de las personas jóvenes, con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años, por lo que se adelanta la «edad joven» a los 12 años y se establecen mecanismos para el fomento de la participación y el asociacionismo juvenil, entre los que destaca la participación a partir de los 16 años en las consultas llevadas a cabo entre la ciudadanía.

Asimismo, el texto fija legalmente la corresponsabilidad de las administraciones públicas y las personas jóvenes en la elaboración y ejecución de las políticas; su municipalización y el reconocimiento del ocio educativo como instrumento de educación en valores de solidaridad, compañerismo y de inclusión social.

Paridad y tramos de edad en la representación

El proyecto de Ley recupera la denominación original del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) que se configura como un organismo autónomo de la Generalitat También destaca la nueva composición del Consejo Rector, órgano de representación y participación, diseñado desde la paridad de mujeres y hombres y con representación directa de la juventud, asociada o no, de manera que ninguna persona joven se quede sin voz, con la incorporación, además, en la representación de diferentes tramos de edad (de los 12 – 18 años, de los 19 – 24 años y de los 25-30 años).

Participación juvenil

El proyecto de ley regula las estructuras de participación juvenil, mencionando a los grupos de jóvenes como realidades que deben ser reconocidas por las administraciones públicas e incorpora el Fòrum Jove como mecanismo para grupos juveniles no asociados y de modo individual.puedan aportar sus propuestas.

También otorga al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana la condición de máximo órgano de representación y de interlocución con el Consell y con otras instituciones públicas y privadas en materia de Juventud y son igualmente reconocidos los consejos locales y territoriales de Juventud.

La educación en la participación, un elemento fundamental que ayudará a la juventud a entender que «participar es decidir.»

Estrategia Valenciana de Juventud

A las Políticas Integrales en materia de Juventud se dedica el título III con especial incidencia en la Estratègia Valenciana de Joventut, que se configura como marco general de la planificación de las políticas a desarrollar en todo el territorio de la Comunitat Valenciana con la intervención de los ayuntamientos

Entre los elementos de apoyo a la Estrategia se encuentra la Comisión Interdepartamental de Juventud de la Generalitat y la Xarxa Jove. Otro principio articulador del proyecto es facilitar la emancipación de los y las jóvenes a través de los ayuntamientos reconociéndoles corresponsabilidad en la materia, en consonancia con los principios de proximidad y arraigo.

La municipalización y la unión de municipios es un concepto clave para hacer llegar recursos y servicios como la Xarxa Valenciana d’Informació i Animació Juvenil, la Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu, la Xarxa Valenciana d’Albergs Juvenils, las Escuelas de Animación Juvenil, el Carnet Jove y el Servei d’Assessorament i Recursos Tècnics per a Municipis.

Ocio educativo

Otro elemento destacado es la incorporación del ocio educativo junto a la información y orientación juveniles, la formación y la movilidad como servicios y recursos para la juventud.

En él se establece la necesidad del ocio educativo para la formación y un sistema común que integre recursos públicos y privados y que acredite las competencias adquiridas a través del voluntariado, en actividades de tiempo libre educativo.

Amplia participación directa en el proceso de elaboración

Uno de los rasgos distintivos de la futura Ley de Políticas integrales es que para su redacción ha contado con la audiencia y las aportaciones de entidades representativas de los intereses de la juventud, entre las que se encuentran la Federació Valenciana de Municipis I Provincies-Fvmp; el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana; Juniors Moviment Diocesà; el Consell de la Joventut de Mislata; la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana; Associació de Professionals de la Joventut de la Comunitat Valenciana; Avecoe. Associació Valenciana d’empreses Culturals i d’Oci Educatiu y Jovesord, Associació Juvenil de Persones Sordes.

Asimismo, ha contado con la participación de UGT-PV; CCOO-PV; STEP Intersindical; Concapa-Conval Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d’alumnes, Covapa; Confederació Valenciana d’Associacions d’Apas/Ampas; Confederació d’ Ampas Gonzalo Anaya; COEESCV. Col·legi Oficial d’educadores I Educadors de la Comunitat Valenciana; y las Diputaciones de València, Alicante y Castelló como a miembros del Consell Rector de l’IVAJ.

También han contribuido las delegaciones de estudiantes de la Universitat d’ Alacant, Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat Miguel Hernández y Universitat Jaume I, así como las escuelas de animación juvenil. ACCENT, Agustinos, Anima’t, Bona Gent, Evall Centre Excursionista València, Creu Roja Joventut, Cuyju, Don Bosco, EAJEF, Edetania, Ensenya de Fusta-Scouts Valencians, Etell, Federació de Cases, Fernando Soto Campos, Juniors, Ymca, Lluerna, Lluïsos, Món Màgic, Morvedre – Ajuntament de Sagunt, Carpe Vitae, Abast Animació y Sant Roc

Pero, sobre todo, en su elaboración se ha potenciado la participación directa con difusión del anteproyecto, una encuesta on-line y reuniones por todo el territorio de la Comunitat .

El texto fue aprobado por unanimidad en una reunión plenaria del Consejo Rector del IVAJ y tras el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, entrará como proyecto de ley del Consell en sede parlamentaria.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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