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El juez procesa a Rodríguez y 14 cargos de PSPV y Compromís por Divalterra

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EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 3 feb (EFE).- El juez del caso Alquería ha procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

El auto del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que técnicamente es de incoación de Procedimiento Abreviado, supone en la práctica el procesamiento de los encausados y debería dar lugar a que se fije fecha de juicio oral contra los inculpados.

De hecho, pide al fiscal y demás acusaciones que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de Juicio Oral formulando escrito de acusación, aunque también podrían solicitar nuevas diligencias e incluso, al menos en teoría, el sobreseimiento de la causa.

En línea con la tesis de la Fiscalía, el juez considera en su auto que en la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente para ocupar altos cargos a personas afines al PSOE y a Compromís incumpliendo la normativa.

Así, el magistrado considera que se produjo una contratación «simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018», lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

Se trataba, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a «unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista».

Se produjo así una «presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros», señala el auto.

Todo ello se hizo «con la intervención de los gerentes de la empresa, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio Presidente de la Diputación Provincial de Valencia y Presidente del Consejo de Administración de IMELSA, luego DIVALTERRA, Jorge Rodríguez y su equipo mas cercano, Jorge Cuerda, presunto director de facto de la empresa, junto Manuel Reguart y Ricard Gallego», añade el magistrado.

Junto a Rodríguez, figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.

Jorge Rodríguez asegura haber actuado siempre dentro de la legalidad

 Las defensas jurídicas de Jorge Rodríguez y sus personas de confianza han afirmado que por fin se abre la puerta para poder defenderse ante un tribunal con el convencimiento de ser «inocentes» y de haber actuado siempre dentro de la legalidad.

Así se han pronunciado después de que el juez del caso Alquería haya procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

El auto del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que técnicamente es de incoación de Procedimiento Abreviado, supone en la práctica el procesamiento de los encausados y debería dar lugar a que se fije fecha de juicio oral contra los inculpados.

Según la defensa de Rodríguez, desde el primer momento tenía claro que llegaría a juicio oral puesto que «era imposible» que el fiscal que ordenó la detención y el juez que la autorizó fueran a cerrar el caso, «sobre todo después de la operación policial antiterrorista que desplegaron».

Ha añadido que en más de dos años y medio de instrucción todas las peticiones de las defensas han sido rechazadas por el juez, que en el auto de procesamiento «pasa por alto» los argumentos de esta parte, por lo que la incoación de procedimiento abreviado era lo esperado.

«Por fin se abre la puerta para qué podamos defendernos ante un tribunal con el convencimiento de ser absolutamente inocentes y de haber actuado siempre dentro de la legalidad», declaran.

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Sánchez defiende en Valencia la dimisión de Óscar Puente y reprocha al PP su gestión de las tragedias

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mitin PSOE Valencia
Pedro Sánchez interviene en el acto del PSOE «La fuerza de la gente», celebrado el 6 de noviembre en Valencia. Fotografía: Rober Solsona / Europa Press.

El presidente del Gobierno reivindica la renuncia del exministro tras el accidente ferroviario de Urda y sitúa la defensa de los servicios públicos en el centro de su discurso ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Pedro Sánchez ha defendido en Valencia la dimisión de Óscar Puente como un ejemplo de responsabilidad política tras el accidente ferroviario de Urda, en el que murieron 69 personas. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha contrapuesto la decisión del exministro de Transportes con la actitud del PP, al que acusa de no asumir responsabilidades cuando le corresponde gestionar una tragedia.

Durante el mitin de precampaña celebrado este viernes, 6 de noviembre, en el polideportivo municipal de El Cabanyal, Sánchez ha respaldado a Puente y ha rechazado las críticas de PP y Vox. Según ha señalado, ambas formaciones reclamaron su salida del Gobierno y mantuvieron los reproches una vez anunciada la renuncia.

Sánchez reivindica la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda

La intervención del líder socialista ha estado marcada por las consecuencias del accidente ferroviario de Urda y el debate sobre la asunción de responsabilidades políticas. Se trataba del primer mitin de los socialistas después del choque entre dos trenes de alta velocidad.

Sánchez ha elogiado la trayectoria de Puente, al que ha definido como “un buen político”, y ha presentado su dimisión como una muestra de humildad y ejemplaridad. A su juicio, esa conducta contrasta con la respuesta de los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal cuando afrontan situaciones de crisis desde las instituciones.

El presidente ha cuestionado que la oposición criticara al entonces ministro por mantenerse en el cargo y continuara haciéndolo después de su salida. Con este argumento, ha defendido que la renuncia supone una asunción de responsabilidad política por parte del Ejecutivo.

El presidente defiende la respuesta del Gobierno a las víctimas

Ante los militantes y simpatizantes congregados en Valencia, Sánchez ha reivindicado la actuación de su Gobierno tras la tragedia. Ha asegurado que el Ejecutivo acompañó a las víctimas, a sus familiares y a las personas heridas, y ha defendido la transparencia de su respuesta.

“Hemos dado la cara”, ha afirmado el presidente, que ha vinculado esa actuación con la posterior dimisión del titular de Transportes. Durante el acto, los asistentes han coreado el nombre de Óscar Puente como muestra de respaldo al exministro.

El mensaje del secretario general del PSOE ha situado la gestión de la emergencia y la responsabilidad política entre los principales asuntos de su intervención, en una precampaña condicionada por el impacto del siniestro ferroviario.

Los servicios públicos, en el centro del discurso de Sánchez en Valencia

Sánchez ha señalado que una de las principales lecciones que deja el accidente de Urda es la importancia de los servicios públicos. Desde esa premisa, ha trasladado el debate a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El presidente ha planteado los comicios como una elección entre dos modelos: el refuerzo de lo público que atribuye al PSOE y las políticas de recortes que, según sostiene, representan PP y Vox.

“O reforzar lo público o recortar lo público”, ha resumido ante los asistentes.

En su intervención, ha reconocido que las crisis y las tragedias pueden producirse, pero ha insistido en que la diferencia entre gobiernos reside en cómo responden ante ellas. Así, ha defendido tanto la atención a los afectados como la obligación de ofrecer explicaciones y asumir las consecuencias políticas de lo ocurrido.

Un mitin en El Cabanyal ante miles de simpatizantes

El acto ha reunido a unas 5.000 personas entre el interior y el exterior del polideportivo de El Cabanyal, según la información facilitada sobre la convocatoria. Parte de los asistentes ha seguido el mitin desde fuera del recinto.

La cita valenciana ha servido a Sánchez para retomar los actos de precampaña y pedir a la militancia que intensifique la movilización durante las semanas previas a la votación.

Llamamiento a la movilización para las elecciones del 29 de noviembre

El secretario general del PSOE ha apelado a la participación como vía para impedir un Gobierno de PP y Vox. En su discurso, ha recurrido a los ejemplos electorales de Brasil y Estados Unidos para animar a los simpatizantes socialistas a acudir a las urnas.

Sánchez ha mencionado la victoria de Lula da Silva en Brasil y los resultados de los demócratas en las elecciones de medio mandato estadounidenses como referencias para sostener que la movilización puede resultar decisiva.

El presidente ha pedido el voto para el PSOE y ha defendido que las elecciones generales del 29 de noviembre ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de evitar las políticas que atribuye a una eventual coalición entre populares y Vox.

Sánchez rechaza las injerencias de dirigentes extranjeros

La política internacional también ha tenido presencia en el mitin de Valencia. Sánchez ha aludido al presidente de Argentina, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, para rechazar sus críticas y reivindicar la autonomía de su proyecto político.

“España se gobierna desde España”, ha proclamado, antes de señalar que las decisiones sobre el futuro del país no deben adoptarse desde Washington, Buenos Aires, Moscú o Tel Aviv.

El líder socialista ha cerrado este mensaje con una defensa de la soberanía política española frente a lo que ha denominado una internacional ultraderechista, vinculando su llamamiento al voto con la independencia del país para decidir su rumbo.

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