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El juez procesa a Rodríguez y 14 cargos de PSPV y Compromís por Divalterra

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EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 3 feb (EFE).- El juez del caso Alquería ha procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

El auto del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que técnicamente es de incoación de Procedimiento Abreviado, supone en la práctica el procesamiento de los encausados y debería dar lugar a que se fije fecha de juicio oral contra los inculpados.

De hecho, pide al fiscal y demás acusaciones que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de Juicio Oral formulando escrito de acusación, aunque también podrían solicitar nuevas diligencias e incluso, al menos en teoría, el sobreseimiento de la causa.

En línea con la tesis de la Fiscalía, el juez considera en su auto que en la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente para ocupar altos cargos a personas afines al PSOE y a Compromís incumpliendo la normativa.

Así, el magistrado considera que se produjo una contratación «simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018», lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

Se trataba, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a «unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista».

Se produjo así una «presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros», señala el auto.

Todo ello se hizo «con la intervención de los gerentes de la empresa, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio Presidente de la Diputación Provincial de Valencia y Presidente del Consejo de Administración de IMELSA, luego DIVALTERRA, Jorge Rodríguez y su equipo mas cercano, Jorge Cuerda, presunto director de facto de la empresa, junto Manuel Reguart y Ricard Gallego», añade el magistrado.

Junto a Rodríguez, figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.

Jorge Rodríguez asegura haber actuado siempre dentro de la legalidad

 Las defensas jurídicas de Jorge Rodríguez y sus personas de confianza han afirmado que por fin se abre la puerta para poder defenderse ante un tribunal con el convencimiento de ser «inocentes» y de haber actuado siempre dentro de la legalidad.

Así se han pronunciado después de que el juez del caso Alquería haya procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

El auto del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que técnicamente es de incoación de Procedimiento Abreviado, supone en la práctica el procesamiento de los encausados y debería dar lugar a que se fije fecha de juicio oral contra los inculpados.

Según la defensa de Rodríguez, desde el primer momento tenía claro que llegaría a juicio oral puesto que «era imposible» que el fiscal que ordenó la detención y el juez que la autorizó fueran a cerrar el caso, «sobre todo después de la operación policial antiterrorista que desplegaron».

Ha añadido que en más de dos años y medio de instrucción todas las peticiones de las defensas han sido rechazadas por el juez, que en el auto de procesamiento «pasa por alto» los argumentos de esta parte, por lo que la incoación de procedimiento abreviado era lo esperado.

«Por fin se abre la puerta para qué podamos defendernos ante un tribunal con el convencimiento de ser absolutamente inocentes y de haber actuado siempre dentro de la legalidad», declaran.

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes-FREEPIK

La Guardia Civil ha defendido la normativa nacional sobre pirotecnia que regula el uso de bengalas con un fin recreativo en restaurantes y otros espacios de ocio tras los incidentes generados en España. El instituto armado recuerda que España es un referente en regulación frente a otros países europeos, donde el uso de pirotecnia ha estado vinculado a altercados y tragedias recientes.

Contexto europeo y comparación con España

La Guardia Civil sostiene que en España la pirotecnia no supone un problema generalizado como ocurre en otros países europeos, donde se ha utilizado por mafias o en altercados. Como ejemplos, recuerda los disturbios de Berlín durante la pasada Navidad o la tragedia en un bar de Suiza en una fiesta de Año Nuevo que dejó 40 personas fallecidas.

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso»

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso y son productos certificados para uso en interior», ha señalado en declaraciones a Europa Press el capitán Ismael Huerta, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al valorar el uso cada vez más generalizado de bengalas con fines recreativos y festivos en interiores de locales de ocio.

El capitán Huerta se remite a la regulación estatal sobre los artículos pirotécnicos y la cartuchería, dimanante del Real Decreto 989/2015, junto a la ley orgánica de seguridad ciudadana y una directiva europea. También destaca la implicación de los más de cien talleres que existen en España, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que son las primeras interesadas en evitar riesgos.

La importancia de leer las instrucciones y cumplir la normativa

«Es importante, además, que el usuario final atienda a si esa bengala se puede usar en interiores, y eso se comprueba leyendo las instrucciones de uso», ha añadido el responsable de la ICAE. Ha recordado que este tipo de artículos se vigilan desde su entrada en España y que su venta se regula en función de su peligrosidad.

La normativa impide, por ejemplo, la manipulación de bengalas por niños menores de doce años con carácter general.

Preocupación por la pirotecnia en otros países europeos

El capitán Huerta diferencia la situación europea del control existente en España y sitúa a nuestro país a la vanguardia en regulación por dos razones principales: la larga tradición de fiestas con pirotecnia, como las Fallas de Valencia, y la experiencia acumulada por la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo.

«A nivel europeo es verdad que la pirotecnia se está convirtiendo en una preocupación para muchos países de nuestro entorno por todas las afecciones que tiene para la seguridad, por los desvíos de las materias, la utilización por parte de mafias, incluso en atentados o para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad», ha expuesto.

En este sentido, recuerda lo ocurrido en Berlín, donde las autoridades informaron de la detención de 420 personas por disturbios en Nochevieja, con 30 agentes heridos, así como incidentes en Países Bajos e Italia por el uso privado de fuegos artificiales.

«Aquí en España no hay esa problemática; no quiere decir que no haya problemas, pero es verdad que no hay una problemática muy aguda en ninguna de las partes, ni hay robos ni desvíos; no quiere decir que no haya ningún caso, pero no es un problema como para tomar más medidas», ha sostenido.

Mesa de trabajo con el sector y control exhaustivo

El capitán Huerta se remite a la participación de la Guardia Civil en una mesa de trabajo con las empresas del sector en España y en grupos con otros países de la Unión Europea. En este ámbito, España inspira al resto de países para adoptar medidas que aquí se aplican desde hace años.

«Las medidas de seguridad en España, tanto de los explosivos como de la pirotecnia, son muy exhaustivas y se ejerce mucho mayor control que en el resto de países europeos; de hecho, hay muchos países europeos que han adoptado medidas que nosotros ya tenemos en nuestro reglamento», ha indicado.

Vigilancia en otros usos de bengalas y la Operación Signal

El trabajo preventivo de la ICAE de la Guardia Civil se extiende también a otros usos de bengalas, como el ámbito marítimo. La Operación Signal se saldó con 400 inspecciones sobre material potencialmente peligroso y con fecha de caducidad, por lo que su uso en el mar está especialmente vigilado.

«El interés de la Guardia Civil no es poner una infracción, sino que las cosas se hagan bien y que, si en algún caso se detecta algún ilícito penal o administrativo, el guardia civil tenga más herramientas gracias a que se han unificado criterios a nivel nacional», ha recordado el capitán Huerta.

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