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Valencia

El padre de un niño valenciano denuncia que se vacune en los colegios

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El padre de un menor valenciano recurre ante el TSJCV que se vacune en los colegios

Madrid, 13 dic (EFE).- El padre de un menor de la Comunitat Valenciana ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia la petición de la Generalitat para que los progenitores permitan que sus hijos sean vacunados en los colegios, al considerar que vulnera sus derechos, y pide que se paralice cautelarmente.

El recurso, al que ha tenido acceso Efe, se ha interpuesto por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Se presenta contra el escrito denominado «Vacunación Covid-19 en población infantil de 5 a 11 años» remitido este lunes por la Conselleria de Educación a los padres de alumnos escolarizados en la región para que en el plazo de 24 horas entreguen un formulario para que se pueda inocular la dosis a los menores.

Considera el demandante que esa petición supone «vulneración de los derechos fundamentales de intimidad, derecho a la vida, derecho a la protección de la salud, así como una flagrante vulneración de la Ley del menor y la infancia así como de la normativa de protección de datos».

El recurso subraya que solo se dan 24 horas a los padres para una decisión «muy importante», que la vacunación se realizará en el propio centro educativo sin presencia de los padres -aunque posteriormente el Consell ha admitido que pueda haber un familiar junto al menor– y sin elementos sanitarios ante posibles efectos adversos, lo que considera «una grave temeridad».

Asimismo pone de relieve que «los datos que se solicitan son de carácter estrictamente personal», sin que se haya comunicado «ningún protocolo para poder tener el archivo y custodia correcta de esos datos según la normativa de protección de datos, debiendo comunicar si se desea o no vacunar al menor».

Por todo ello solicita que se estime el recurso y además pide que se adopte la medida cautelarísima de suspender ese acto administrativo.

En este punto pide que se cite a declarar al president de la Generalitat, Ximo Puig, a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y al conseller de Educación, Vicent Marzà.

La Generalitat tiene previsto comenzar este miércoles la vacunación de los menores de 12 años en la Comunitat Valenciana, y prevé que el 22 de diciembre, último día lectivo antes de la vacaciones de Navidad, esté inmunizado todo el alumnado que curse estudios entre Cuarto y Sexto de Primaria, según ha informado el Ejecutivo.

La Comunitat Valenciana ha recibido este lunes 150.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer para iniciar este proceso de vacunación, que se prevé realizar en los centros educativos, dentro de la jornada escolar y en el horario que se determine por parte de la autoridades sanitarias.

Así consta en la carta que las consellerias de Educación y Sanidad han remitido este lunes a todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana para explicarles cómo se desarrollará este proceso, que llevarán a cabo equipos sanitarios.

Según se informa en el escrito, la primera fase de vacunación se realizará entre los días 15 y 22 de diciembre y en ella se vacunará a todo el alumnado del centro que curse estudios entre Cuarto y Sexto Educación Primaria.

Se inmunizará con carácter prioritario a todo el alumnado con edades comprendidas entre 5 y 11 años que se encuentre matriculado en los centros específicos de Educación Especial y en las aulas específicas de educación especial ubicadas en los centros educativos ordinarios.

Los centros docentes han trasladado este lunes a las familia una hoja informativa con un cuestionario con información relevante para la vacunación y un documento de autorización de la vacunación de menores en el ámbito escolar que debe ser devuelto, firmado, mañana, y que es el proceso que ha recurrido el padre de un alumno.

Las comunidades autónomas españolas ya tienen todo listo para comenzar este miércoles a administrar la vacuna pediátrica contra la covid y lo harán mayoritariamente en centros de salud y puntos habilitados, vacunódromos y hospitales.

Solo cinco autonomías se han decantado por vacunar también en los colegios, aunque no todas como primera opción: la Comunitat Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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