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Valencia

El PP de València denuncia ante Justicia la Cabalgata de Reyes, que costó 40.000 €

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València, 7 ene (EFE).- El grupo popular municipal de València ha denunciado ante la Conselleria de Justicia la «imprudente e irresponsable» Cabalgata de Reyes por incumplimiento de las normas anticovid y ha asegurado que costó más de 40.000 euros en cuatro contratos menores fraccionados y adjudicados «a dedo».

La portavoz del PP, María José Catalá, ha criticado que el gobierno de Joan Ribó y el PSPV-PSOE se saltó toda la normativa sanitaria con la llegada de los tres autobuses de los Reyes Magos a la plaza del Ayuntamiento que provocó la aglomeración de cientos de familias.

En un comunicado ha anunciado la presentación de esta denuncia por incumplimiento del Decreto Ley 11/2020 de 24 de julio de régimen sancionador que regula el número máximo de personas que pueden concentrarse al aire libre debido a la pandemia de COVID.

«No se cumplieron las medidas sanitarias decretadas por el Consell durante la pandemia para evitar la aglomeraciones de personas en el recorrido de la cabalgata», ha asegurado y ha reclamado explicaciones y responsabilidades al gobierno local y al president de la Generalitat, Ximo Puig.

Ha exigido que se aperciba a los organizadores de la cabalgata, el alcalde y su equipo de gobierno, «por incumplir la normativa COVID sobre eventos navideños vigente en la Comunitat Valenciana y por no velar por la salud de las personas» como se hace con cualquier ciudadano que incumple las normas y ha considerado una «imprudencia» no planificar medidas de protección al final del trayecto.

«Tan grave y temeraria es la dejación de funciones del gobierno del Ayuntamiento como la permisividad del Consell de Puig, que no debería haber autorizado la cabalgata sin contar con las garantías sanitarias que exige la pandemia», ha aseverado.

Ha recordado que la normativa vigente permitía la celebración de cabalgata de Reyes estáticas siempre que se guardaran las medidas de distanciamiento interpersonal, uso de mascarillas y control riguroso de aforo y que, a su juicio, en València «brillaron por su ausencia».

En un segundo comunicado, el PP ha explicado que la cabalgata se organizó a través las concejalías de Cultura Festiva que dirige Carlos Galiana y que firmó tres contratos, dos de ellos, «al límite» de lo permitido legalmente para ser contrato menor, y de Servicios Centrales, con Luisa Notario a la cabeza.

«El despropósito es mayor porque además se adjudicaron el día antes de la celebración, el 4 de enero», ha añadido.

Catalá ha criticado que el alcalde, Joan Ribó, sigue «guardando silencio y está escondido sin asumir responsabilidades por la pésima gestión de una cabalgata donde no se cumplieron las medidas sanitarias para evitar aglomeraciones».

«En vez de estar ya trabajando para ayudar a autónomos, pymes, comercios y hosteleros se dedicaron a organizar saraos como la cabalgata de Reyes donde no se tomó ninguna medida para evitar las aglomeraciones», ha añadido.

Ha detallado que el contrato de los autobuses de dos pisos descapotables costó 17.908 euros y ha sido adjudicado a Producciones Metrónomo, mientras que los servicios de animación con actores se adjudicaron a La Fam teatre con un gasto de 17.545 euros.

El tercero de los contratos era de más de 3.500 euros para adornos e infraestructura necesaria para preparar el Ayuntamiento para la llegada de los Reyes Magos y fue contratado por la concejala de Servicios Generales, mientras que el cuarto es un contrato menor de 1.633,50 euros para alquiler de trajes de los Reyes.

Según el PP, en los tres contratos primeros contratos se presentó otra empresa y en estos casos, es la «propia Concejalía la que invita a las mercantiles, es decir a dedo».

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Valencia

Esta es la nueva nómina del president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca

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Juanfran Pérez Llorca

La nueva nómina del president Llorca supera la de Puig tras la última actualización salarial

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estrenado su etapa al frente del Consell con una actualización al alza de su nómina, apenas dos meses después de llegar al Palau. La mejora salarial se deriva de la subida del 2,5% aprobada para todo el personal público, que también se aplica a los altos cargos de la Administración autonómica.

La actualización quedó reflejada el pasado viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tras la aprobación del decreto-ley de final de año con el que el Consell adaptó el incremento retributivo pactado por el Gobierno central para los empleados públicos.

Una subida automática ligada al decreto estatal

El aumento de la retribución del jefe del Consell no responde a una decisión específica del nuevo Ejecutivo, sino a la aplicación automática del marco salarial estatal, que afecta tanto a funcionarios como a responsables políticos. En el caso del president, el salario base queda fijado en 82.572 euros anuales, tras incorporarse el incremento aprobado.

Esta mejora se suma a la ya aplicada anteriormente durante el mandato de Carlos Mazón, que autorizó una actualización similar tres días antes de presentar su dimisión, aún como máximo responsable del Consell.

Diferencia respecto al último sueldo de Ximo Puig

Con la nueva tabla retributiva, la nómina de Pérez Llorca queda por encima de la que percibía Ximo Puig al frente de la Generalitat durante la anterior legislatura, marcando una diferencia acumulada tras dos años y medio de actualizaciones salariales vinculadas a los acuerdos estatales.

Desde el entorno del Consell se subraya que estas subidas están homologadas al conjunto del sector público y que no se trata de incrementos discrecionales, sino del cumplimiento de los acuerdos salariales firmados a nivel nacional.

Los altos cargos también se benefician de la actualización

La publicación de las nuevas tablas salariales no solo afecta al president, sino también al conjunto de consellers, secretarios autonómicos y altos cargos, que verán reflejado en sus nóminas el mismo incremento porcentual.

El Consell defiende que la medida busca mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos y garantizar la coherencia retributiva entre administraciones, en un contexto marcado por la inflación acumulada de los últimos años.

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