La portavoz adjunta del Partido Popular, Eva Ortiz, ha asegurado este lunes que su partido emprenderá acciones penales contra la empresa del hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, en cuanto el partido tenga el expediente completo si no se abre causa desde el propio juzgado.
Ortiz se ha pronunciado así en rueda de prensa tras la sanción económica impuesta por el Comité de Competencia el pasado 4 de enero al grupo de comunicación de Els Ports, así como a otras tres empresas, al entender que se formó un «cártel de la comunicación».
La portavoz adjunta ha destacado que desde los servicios jurídicos de la formación popular se entiende que se podrían haber cometido presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y negociación prohibida de funcionarios.
«Nuestros servicios jurídicos están en conversaciones con la Fiscalía de la Comunitat Valenciana y la Fiscalía de Castellón porque hay un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón que da lugar a una serie de registros e intervenciones de whatsapp» de los invesyigados, ha asegurado Ortiz.
En esta denuncia que, según ha recalcado Ortiz, fue impulsada por parte de trabajadores de À Punt, la portavoz ha destacado que hay dos partes de un expediente, uno el de Competencia y otro la parte reservada: «Si la parte reservada está fuera de la causa, vamos a personarnos en ella. Si no la hay, presentaremos una querella», ha asegurado Ortiz.
Asimismo, ha exigido que se paralice el actual contrato de À Punt, que «se está licitando en estos momentos» y que «por cuestiones obvias, está viciado», ha declarado, puesto que «no hay garantías de que ese proceso fuera limpio», ha denunciado Ortiz.
Ortiz ha asegurado que esto «no va a terminar bien ni para Ximo Puig ni para la familia al completo del president de la Generalitat, puesto que están todos implicados», por lo que ha destacado que Puig «no puede seguir escondiéndose».
Por otra parte, ha recriminado que la empresa del hermano de Puig haya cambiado de nombre a Televisión Castellón y ha pedido que no puedan volver a presentarse a concursos públicos «mientras no se aclare este asunto».
Así, en la ampliación de la primera denuncia «se han aportado contratos de cuando Ximo Puig era alcalde de Morella», según ha asegurado Ortiz y se ha referido, como ya hizo en su comparecencia el pasado cinco de enero, a Rubén Trenzano para que diga «quién dio la orden».
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