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El PPCV se persona en la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc para «llegar hasta las últimas consecuencias»

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(EUROPA PRESS) –

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) se ha personado en la causa que investiga la presunta financiación irregular en 2007 del PSPV y el Bloc –formación mayoritaria en Compromís– para conocer el alcance de las prácticas investigadas por diferentes juzgados y «llegar hasta las últimas consecuencias».

Así lo ha anunciado este sábado la secretaria general de los ‘populares’ valencianos, Eva Ortiz, con el objetivo de «conocer de cerca las implicaciones de los destacados miembros de los partidos que hoy están gobernando la Comunitat Valenciana». Ha exigido así «coherencia» a los dos partidos tras haberse pasado «años dando lecciones de moral y ética», informa el PPCV en un comunicado.

La pasada jornada trascendió que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València señalaba en la sentencia de mediados de enero que en la investigación abierta se puso de relieve «la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación» con la empresa Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del exteniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia–, algunas solo administrativas pero otras «que van más allá y podrían ser constitutivas de infracción penal».

Para la dirigente del PPCV, «el auto no deja espacio para la alegría o el alivio, sino para la preocupación», porque «habla de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación que podrían ser constitutivos de infracción penal: habla de financiación irregular, falsedad documental con carácter continuado, contrataciones con ministerios y citaciones inminentes a miembros de estas formaciones».

De hecho, Ortiz ha subrayado que en esta resolución «hay más motivos para contener el aliento que para soltarlo», ya que ve los hechos descritos como «demoledores, tan graves que ponen en jaque el presente y el futuro de muchos miembros de estas formaciones». «Los valencianos merecen saber cómo se les ha engañado y qué tipo de dirigentes gestionan su dinero».

PUIG «HUYE SIN MIRAR ATRÁS»

La ‘popular’ ha lamentado así la «cobardía» del ‘president’, Ximo Puig, al «huir a China sin mirar atrás», en referencia a la misión comercial que ha iniciado este sábado. A su juicio, «sabe que tiene que asumir responsabilidades políticas, empezando por su asesor José Manuel Orengo, a quien protege en Presidencia».

«Se va abandonado a su grupo, a sus compañeros de gobierno, la Generalitat y a los valencianos, que esperan contundencia de un presidente y un secretario general», ha aseverado Ortiz.

Por todo ello, ha pedido a los grupos que sustentan el Consell «coherencia, responsabilidad y sentido común, porque se han pasado años dando lecciones de ética y de moral, y ha llegado el momento de aplicársela». «Podemos debería saber que sus socios de gobierno le están engañando», ha afirmado, y ha ironizado que «muchas lecciones, pero parece que su financiación se escribe con ‘B’ de Botánic».

«EL CÍRCULO SE ESTRECHA CADA VEZ MÁS»

La secretaria general del PPCV ha advertido además que «el círculo se estrecha cada vez más y está en juego la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana», ante «un presidente que no toma decisiones, una vicepresidenta –Mónica Oltra, coportavoz de Compromís– que se pone de perfil con el partido que la sustenta y un presidente de Les Corts –Enric Morera, presidente del Bloc– que está en el ojo del huracán». Los tres, en su opinión, «amenazan la estabilidad de un gobierno que gestiona la vida de cinco millones de valencianos».

Para los ‘populares’, «es la hora de las responsabilidades políticas» y no de estas actitudes. En el caso de Oltra, Eva Ortiz ha criticado que «está escurriendo el bulto cuando debería actuar ante las dudas que pesan sobre su compañero de viaje electoral y la segunda autoridad de la Comunitat».

«Cada día que pasa, conocemos nuevos datos de una trama que se extiende más allá de la Comunitat, que entra en ministerios, en empresas públicas, que ha sacado a relucir incluso a presidentes de gobierno, mientras Oltra se sacude la responsabilidad», ha remachado.

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La abogada de Maricarmen: «Si se hubiese suspendido el desahucio, hoy no estaríamos en esta situación»

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La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha lamentado el fallecimiento de la mujer de 87 años y ha asegurado que su estado de salud sufrió un deterioro evidente durante el último año, coincidiendo con el proceso judicial que terminó con su desahucio.

Duro ha defendido que, si se hubiese aceptado la petición para suspender el lanzamiento de la vivienda, la situación actual podría haberse evitado. «Hoy no estaríamos en esta situación», ha señalado la letrada, según recoge Europa Press.

La abogada ha insistido en que el deterioro de Maricarmen fue evidente durante los últimos meses y ha cuestionado que no se atendiera la petición de suspender el desahucio.

La salud de Maricarmen se deterioró durante el proceso

Beatriz Duro ha explicado que el estado de salud de Maricarmen había empeorado durante el último año, en paralelo al procedimiento que terminó con su salida de la vivienda en la que había residido durante décadas.

La mujer, de 87 años, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la lucha por el derecho a la vivienda después de que su caso provocara una importante movilización social.

Su desahucio generó protestas y volvió a situar en el centro del debate la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de lanzamiento de sus viviendas.

La petición para suspender el desahucio

La defensa de Maricarmen había solicitado que se suspendiera el lanzamiento atendiendo a su situación personal y de salud.

Sin embargo, el desahucio terminó ejecutándose y la mujer tuvo que abandonar la vivienda. Tras el lanzamiento, su estado de salud empeoró y permaneció ingresada en un centro hospitalario.

La abogada considera que la evolución del estado de Maricarmen durante el proceso demuestra la importancia de haber valorado su situación antes de ejecutar el lanzamiento.

Maricarmen fallece a los 87 años

Maricarmen falleció a los 87 años, después de que su caso se convirtiera en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y contra los desahucios.

Su historia generó movilizaciones y pronunciamientos de organizaciones sociales y volvió a poner el foco sobre la protección de las personas mayores ante situaciones de pérdida de vivienda.

La abogada ha querido destacar especialmente el deterioro que, según su valoración, experimentó Maricarmen durante el último año y la petición que se realizó para intentar evitar o aplazar el desahucio.

Una muerte que reabre el debate sobre los desahucios

El fallecimiento de Maricarmen ha reavivado el debate sobre la protección de las personas vulnerables ante los desahucios y sobre los mecanismos disponibles para solicitar la suspensión de un lanzamiento.

La afirmación de su abogada se produce después de meses de conflicto judicial y movilización social en torno al caso. Duro sostiene que la suspensión solicitada habría cambiado el desenlace, aunque no existe una conclusión médica que permita afirmar que el desahucio causó el fallecimiento de Maricarmen.

Su caso vuelve así a situar la vivienda, la vulnerabilidad de las personas mayores y la respuesta de las administraciones ante los desahucios en el centro del debate público.

Vivió 70 años en la misma casa

Maricarmen había residido durante unas siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El conflicto por el piso se prolongó durante años. Según la información publicada sobre el caso, la mujer tenía un contrato de renta antigua y abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y suministros, con una pensión de aproximadamente 1.400 euros.

La propiedad del inmueble pasó a una sociedad inmobiliaria y, tras varios intentos de desalojo, la comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre.

La salida de Maricarmen se produjo mientras cientos de personas se concentraban frente al edificio para intentar impedir el desahucio. Los sanitarios la trasladaron en camilla hasta una ambulancia del Samur.

Su desahucio provocó movilizaciones en toda España

El caso de Maricarmen generó una importante movilización de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.

Las protestas se extendieron a distintas ciudades españolas y en Madrid se produjo una concentración multitudinaria en apoyo de la mujer. El lema “Maricarmen somos todos” se convirtió en uno de los mensajes de las movilizaciones.

También hubo movilizaciones en València tras el desahucio, convocadas por organizaciones de inquilinos para denunciar la situación y reclamar una mayor protección para las personas vulnerables.

Consiguió volver a su casa

Tras el impacto social generado por su desahucio, la empresa propietaria accedió finalmente a que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

De esta manera, la mujer pudo volver al domicilio en el que había vivido durante décadas, aunque su estado de salud se había deteriorado y necesitaba ayuda para algunas actividades cotidianas.

Su historia también quedó vinculada al debate sobre las medidas de protección de los inquilinos vulnerables y al denominado “decreto Maricarmen”, nombre utilizado para referirse al paquete de medidas de vivienda impulsado posteriormente en respuesta al debate generado por casos como el suyo.

“He luchado para que los demás aprendan a luchar por su casa”

Desde el hospital, pocos días después del desahucio, Maricarmen envió un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar defendiendo el derecho a la vivienda.

La mujer explicó que su casa había sido su vida y que, aunque no había conseguido evitar el desahucio, quería que su lucha sirviera para otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Su fallecimiento llega pocas semanas después de aquel desalojo y después de que su caso se convirtiera en uno de los episodios más destacados del debate sobre la vivienda en España durante 2026.

Una historia que ha marcado el debate sobre los desahucios

La muerte de Maricarmen vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio y sobre las medidas existentes para garantizar una alternativa habitacional.

Su caso coincidió además con la aprobación de nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, que incluyen medidas destinadas a reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y a ampliar la oferta de vivienda asequible.

Maricarmen se marcha a los 87 años después de haber convertido una batalla personal por permanecer en su casa en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a una vivienda digna.

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