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El PPCV se persona en la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc para «llegar hasta las últimas consecuencias»

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(EUROPA PRESS) –

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) se ha personado en la causa que investiga la presunta financiación irregular en 2007 del PSPV y el Bloc –formación mayoritaria en Compromís– para conocer el alcance de las prácticas investigadas por diferentes juzgados y «llegar hasta las últimas consecuencias».

Así lo ha anunciado este sábado la secretaria general de los ‘populares’ valencianos, Eva Ortiz, con el objetivo de «conocer de cerca las implicaciones de los destacados miembros de los partidos que hoy están gobernando la Comunitat Valenciana». Ha exigido así «coherencia» a los dos partidos tras haberse pasado «años dando lecciones de moral y ética», informa el PPCV en un comunicado.

La pasada jornada trascendió que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València señalaba en la sentencia de mediados de enero que en la investigación abierta se puso de relieve «la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación» con la empresa Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del exteniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia–, algunas solo administrativas pero otras «que van más allá y podrían ser constitutivas de infracción penal».

Para la dirigente del PPCV, «el auto no deja espacio para la alegría o el alivio, sino para la preocupación», porque «habla de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación que podrían ser constitutivos de infracción penal: habla de financiación irregular, falsedad documental con carácter continuado, contrataciones con ministerios y citaciones inminentes a miembros de estas formaciones».

De hecho, Ortiz ha subrayado que en esta resolución «hay más motivos para contener el aliento que para soltarlo», ya que ve los hechos descritos como «demoledores, tan graves que ponen en jaque el presente y el futuro de muchos miembros de estas formaciones». «Los valencianos merecen saber cómo se les ha engañado y qué tipo de dirigentes gestionan su dinero».

PUIG «HUYE SIN MIRAR ATRÁS»

La ‘popular’ ha lamentado así la «cobardía» del ‘president’, Ximo Puig, al «huir a China sin mirar atrás», en referencia a la misión comercial que ha iniciado este sábado. A su juicio, «sabe que tiene que asumir responsabilidades políticas, empezando por su asesor José Manuel Orengo, a quien protege en Presidencia».

«Se va abandonado a su grupo, a sus compañeros de gobierno, la Generalitat y a los valencianos, que esperan contundencia de un presidente y un secretario general», ha aseverado Ortiz.

Por todo ello, ha pedido a los grupos que sustentan el Consell «coherencia, responsabilidad y sentido común, porque se han pasado años dando lecciones de ética y de moral, y ha llegado el momento de aplicársela». «Podemos debería saber que sus socios de gobierno le están engañando», ha afirmado, y ha ironizado que «muchas lecciones, pero parece que su financiación se escribe con ‘B’ de Botánic».

«EL CÍRCULO SE ESTRECHA CADA VEZ MÁS»

La secretaria general del PPCV ha advertido además que «el círculo se estrecha cada vez más y está en juego la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana», ante «un presidente que no toma decisiones, una vicepresidenta –Mónica Oltra, coportavoz de Compromís– que se pone de perfil con el partido que la sustenta y un presidente de Les Corts –Enric Morera, presidente del Bloc– que está en el ojo del huracán». Los tres, en su opinión, «amenazan la estabilidad de un gobierno que gestiona la vida de cinco millones de valencianos».

Para los ‘populares’, «es la hora de las responsabilidades políticas» y no de estas actitudes. En el caso de Oltra, Eva Ortiz ha criticado que «está escurriendo el bulto cuando debería actuar ante las dudas que pesan sobre su compañero de viaje electoral y la segunda autoridad de la Comunitat».

«Cada día que pasa, conocemos nuevos datos de una trama que se extiende más allá de la Comunitat, que entra en ministerios, en empresas públicas, que ha sacado a relucir incluso a presidentes de gobierno, mientras Oltra se sacude la responsabilidad», ha remachado.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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