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El PPCV se persona en la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc para «llegar hasta las últimas consecuencias»

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(EUROPA PRESS) –

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) se ha personado en la causa que investiga la presunta financiación irregular en 2007 del PSPV y el Bloc –formación mayoritaria en Compromís– para conocer el alcance de las prácticas investigadas por diferentes juzgados y «llegar hasta las últimas consecuencias».

Así lo ha anunciado este sábado la secretaria general de los ‘populares’ valencianos, Eva Ortiz, con el objetivo de «conocer de cerca las implicaciones de los destacados miembros de los partidos que hoy están gobernando la Comunitat Valenciana». Ha exigido así «coherencia» a los dos partidos tras haberse pasado «años dando lecciones de moral y ética», informa el PPCV en un comunicado.

La pasada jornada trascendió que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València señalaba en la sentencia de mediados de enero que en la investigación abierta se puso de relieve «la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación» con la empresa Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del exteniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia–, algunas solo administrativas pero otras «que van más allá y podrían ser constitutivas de infracción penal».

Para la dirigente del PPCV, «el auto no deja espacio para la alegría o el alivio, sino para la preocupación», porque «habla de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación que podrían ser constitutivos de infracción penal: habla de financiación irregular, falsedad documental con carácter continuado, contrataciones con ministerios y citaciones inminentes a miembros de estas formaciones».

De hecho, Ortiz ha subrayado que en esta resolución «hay más motivos para contener el aliento que para soltarlo», ya que ve los hechos descritos como «demoledores, tan graves que ponen en jaque el presente y el futuro de muchos miembros de estas formaciones». «Los valencianos merecen saber cómo se les ha engañado y qué tipo de dirigentes gestionan su dinero».

PUIG «HUYE SIN MIRAR ATRÁS»

La ‘popular’ ha lamentado así la «cobardía» del ‘president’, Ximo Puig, al «huir a China sin mirar atrás», en referencia a la misión comercial que ha iniciado este sábado. A su juicio, «sabe que tiene que asumir responsabilidades políticas, empezando por su asesor José Manuel Orengo, a quien protege en Presidencia».

«Se va abandonado a su grupo, a sus compañeros de gobierno, la Generalitat y a los valencianos, que esperan contundencia de un presidente y un secretario general», ha aseverado Ortiz.

Por todo ello, ha pedido a los grupos que sustentan el Consell «coherencia, responsabilidad y sentido común, porque se han pasado años dando lecciones de ética y de moral, y ha llegado el momento de aplicársela». «Podemos debería saber que sus socios de gobierno le están engañando», ha afirmado, y ha ironizado que «muchas lecciones, pero parece que su financiación se escribe con ‘B’ de Botánic».

«EL CÍRCULO SE ESTRECHA CADA VEZ MÁS»

La secretaria general del PPCV ha advertido además que «el círculo se estrecha cada vez más y está en juego la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana», ante «un presidente que no toma decisiones, una vicepresidenta –Mónica Oltra, coportavoz de Compromís– que se pone de perfil con el partido que la sustenta y un presidente de Les Corts –Enric Morera, presidente del Bloc– que está en el ojo del huracán». Los tres, en su opinión, «amenazan la estabilidad de un gobierno que gestiona la vida de cinco millones de valencianos».

Para los ‘populares’, «es la hora de las responsabilidades políticas» y no de estas actitudes. En el caso de Oltra, Eva Ortiz ha criticado que «está escurriendo el bulto cuando debería actuar ante las dudas que pesan sobre su compañero de viaje electoral y la segunda autoridad de la Comunitat».

«Cada día que pasa, conocemos nuevos datos de una trama que se extiende más allá de la Comunitat, que entra en ministerios, en empresas públicas, que ha sacado a relucir incluso a presidentes de gobierno, mientras Oltra se sacude la responsabilidad», ha remachado.

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Vox se querella contra Óscar Puente en el Supremo por el accidente ferroviario de Toledo

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El partido denuncia al ministro de Transportes por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones tras el siniestro ferroviario de Urda

Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones en relación con el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

La formación política ha decidido llevar el caso ante el alto tribunal para depurar las posibles responsabilidades penales del ministro por el siniestro, que ha provocado víctimas mortales y heridos.

La querella sitúa a Óscar Puente en el centro de la controversia política y judicial abierta tras el accidente ferroviario, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo.

Vox lleva a Óscar Puente ante el Tribunal Supremo

La iniciativa judicial de Vox busca que se investigue si existen responsabilidades penales atribuibles al titular de Transportes por los hechos relacionados con el accidente.

La formación plantea presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones, aunque la presentación de una querella no implica que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista una resolución judicial sobre la responsabilidad del ministro.

Será el Tribunal Supremo el que deba examinar la querella y determinar si procede admitirla a trámite y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación del accidente ferroviario de Urda

El accidente registrado en Urda, en la provincia de Toledo, ha desencadenado una investigación para esclarecer qué ocurrió y determinar las causas del siniestro.

La querella presentada por Vox abre un nuevo frente judicial en torno a la tragedia ferroviaria, que también ha generado una intensa reacción política por la gestión de la seguridad y las posibles responsabilidades derivadas del accidente.

Por el momento, la iniciativa de Vox constituye una acción judicial y no una declaración de culpabilidad. La eventual responsabilidad penal de Óscar Puente, si llegara a investigarse judicialmente, deberá determinarse conforme a las pruebas y al procedimiento legal.

 

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