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El PPCV se persona en la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc para «llegar hasta las últimas consecuencias»

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(EUROPA PRESS) –

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) se ha personado en la causa que investiga la presunta financiación irregular en 2007 del PSPV y el Bloc –formación mayoritaria en Compromís– para conocer el alcance de las prácticas investigadas por diferentes juzgados y «llegar hasta las últimas consecuencias».

Así lo ha anunciado este sábado la secretaria general de los ‘populares’ valencianos, Eva Ortiz, con el objetivo de «conocer de cerca las implicaciones de los destacados miembros de los partidos que hoy están gobernando la Comunitat Valenciana». Ha exigido así «coherencia» a los dos partidos tras haberse pasado «años dando lecciones de moral y ética», informa el PPCV en un comunicado.

La pasada jornada trascendió que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València señalaba en la sentencia de mediados de enero que en la investigación abierta se puso de relieve «la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación» con la empresa Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del exteniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia–, algunas solo administrativas pero otras «que van más allá y podrían ser constitutivas de infracción penal».

Para la dirigente del PPCV, «el auto no deja espacio para la alegría o el alivio, sino para la preocupación», porque «habla de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación que podrían ser constitutivos de infracción penal: habla de financiación irregular, falsedad documental con carácter continuado, contrataciones con ministerios y citaciones inminentes a miembros de estas formaciones».

De hecho, Ortiz ha subrayado que en esta resolución «hay más motivos para contener el aliento que para soltarlo», ya que ve los hechos descritos como «demoledores, tan graves que ponen en jaque el presente y el futuro de muchos miembros de estas formaciones». «Los valencianos merecen saber cómo se les ha engañado y qué tipo de dirigentes gestionan su dinero».

PUIG «HUYE SIN MIRAR ATRÁS»

La ‘popular’ ha lamentado así la «cobardía» del ‘president’, Ximo Puig, al «huir a China sin mirar atrás», en referencia a la misión comercial que ha iniciado este sábado. A su juicio, «sabe que tiene que asumir responsabilidades políticas, empezando por su asesor José Manuel Orengo, a quien protege en Presidencia».

«Se va abandonado a su grupo, a sus compañeros de gobierno, la Generalitat y a los valencianos, que esperan contundencia de un presidente y un secretario general», ha aseverado Ortiz.

Por todo ello, ha pedido a los grupos que sustentan el Consell «coherencia, responsabilidad y sentido común, porque se han pasado años dando lecciones de ética y de moral, y ha llegado el momento de aplicársela». «Podemos debería saber que sus socios de gobierno le están engañando», ha afirmado, y ha ironizado que «muchas lecciones, pero parece que su financiación se escribe con ‘B’ de Botánic».

«EL CÍRCULO SE ESTRECHA CADA VEZ MÁS»

La secretaria general del PPCV ha advertido además que «el círculo se estrecha cada vez más y está en juego la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana», ante «un presidente que no toma decisiones, una vicepresidenta –Mónica Oltra, coportavoz de Compromís– que se pone de perfil con el partido que la sustenta y un presidente de Les Corts –Enric Morera, presidente del Bloc– que está en el ojo del huracán». Los tres, en su opinión, «amenazan la estabilidad de un gobierno que gestiona la vida de cinco millones de valencianos».

Para los ‘populares’, «es la hora de las responsabilidades políticas» y no de estas actitudes. En el caso de Oltra, Eva Ortiz ha criticado que «está escurriendo el bulto cuando debería actuar ante las dudas que pesan sobre su compañero de viaje electoral y la segunda autoridad de la Comunitat».

«Cada día que pasa, conocemos nuevos datos de una trama que se extiende más allá de la Comunitat, que entra en ministerios, en empresas públicas, que ha sacado a relucir incluso a presidentes de gobierno, mientras Oltra se sacude la responsabilidad», ha remachado.

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El aborto farmacológico llegará a los centros de salud: así será el nuevo método

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El Ministerio de Sanidad prepara un cambio en el acceso al aborto farmacológico en España para que las mujeres puedan realizar este procedimiento en los centros de salud de Atención Primaria cuando sea adecuado para su situación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es que las pacientes puedan recibir información, atención y seguimiento desde su centro de salud, sin que el proceso tenga que desarrollarse exclusivamente en un hospital.

La medida todavía no está en vigor. Para ponerla en marcha será necesario modificar la normativa que regula la autorización de los centros sanitarios y actualizar la cartera común de servicios del SNS. Sanidad también iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos empleados en el aborto farmacológico, con el objetivo de permitir su utilización fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

¿En qué consiste el nuevo método de aborto?

El aborto farmacológico es una interrupción voluntaria del embarazo mediante medicamentos, sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica.

La guía común del Sistema Nacional de Salud contempla actualmente diferentes métodos de interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos el farmacológico, el instrumental y el quirúrgico. La elección depende de factores como la edad gestacional, las circunstancias sanitarias y las preferencias de la paciente.

La novedad anunciada este lunes no es, por tanto, la creación de una nueva píldora abortiva, sino un cambio en el lugar y la forma en que se presta este servicio sanitario.

La mifepristona, uno de los medicamentos utilizados

Uno de los cambios previstos afecta a la mifepristona, medicamento utilizado junto con otros fármacos en el aborto farmacológico.

Sanidad pretende iniciar los trámites para modificar su ficha técnica y eliminar la limitación que actualmente condiciona su utilización al ámbito hospitalario. De esta forma, el tratamiento podría integrarse en la atención sanitaria desde los centros de salud cuando esté indicado.

El Ministerio plantea que las mujeres puedan contar con profesionales sanitarios que les proporcionen información y acompañamiento antes, durante y después del proceso.

¿Cuándo se podrá hacer en el centro de salud?

Por el momento no existe una fecha concreta de entrada en funcionamiento.

El Ministerio debe modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, tramitar el cambio de la ficha técnica de la mifepristona y actualizar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Además, serán las comunidades autónomas las encargadas de organizar la prestación dentro de su red de Atención Primaria.

Sanidad quiere reducir las diferencias entre comunidades

El anuncio se produce en un contexto de diferencias importantes entre territorios en el acceso al aborto dentro de la sanidad pública.

Según el Ministerio de Sanidad, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados.

La intención del Gobierno es ampliar la participación de la red pública y facilitar que las mujeres puedan acceder al aborto farmacológico cerca de su lugar de residencia.

El Ministerio sostiene que llevar esta prestación a Atención Primaria permitirá reducir desplazamientos y facilitar el acompañamiento sanitario durante todo el proceso.

El aborto farmacológico ya está contemplado en el SNS

La medida anunciada no supone incorporar por primera vez el aborto farmacológico al sistema sanitario español. Este método ya forma parte de la cartera de servicios y está recogido en la guía común del Sistema Nacional de Salud.

El cambio planteado ahora consiste en extender su prestación a los centros de Atención Primaria, siempre que resulte adecuado para cada caso y una vez completada la correspondiente tramitación normativa.

Por tanto, la principal novedad anunciada este 28 de septiembre es el traslado de parte de la atención del aborto farmacológico desde el ámbito hospitalario hacia los centros de salud.

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