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El PPCV se persona en la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc para «llegar hasta las últimas consecuencias»

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(EUROPA PRESS) –

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) se ha personado en la causa que investiga la presunta financiación irregular en 2007 del PSPV y el Bloc –formación mayoritaria en Compromís– para conocer el alcance de las prácticas investigadas por diferentes juzgados y «llegar hasta las últimas consecuencias».

Así lo ha anunciado este sábado la secretaria general de los ‘populares’ valencianos, Eva Ortiz, con el objetivo de «conocer de cerca las implicaciones de los destacados miembros de los partidos que hoy están gobernando la Comunitat Valenciana». Ha exigido así «coherencia» a los dos partidos tras haberse pasado «años dando lecciones de moral y ética», informa el PPCV en un comunicado.

La pasada jornada trascendió que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València señalaba en la sentencia de mediados de enero que en la investigación abierta se puso de relieve «la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación» con la empresa Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del exteniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia–, algunas solo administrativas pero otras «que van más allá y podrían ser constitutivas de infracción penal».

Para la dirigente del PPCV, «el auto no deja espacio para la alegría o el alivio, sino para la preocupación», porque «habla de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación que podrían ser constitutivos de infracción penal: habla de financiación irregular, falsedad documental con carácter continuado, contrataciones con ministerios y citaciones inminentes a miembros de estas formaciones».

De hecho, Ortiz ha subrayado que en esta resolución «hay más motivos para contener el aliento que para soltarlo», ya que ve los hechos descritos como «demoledores, tan graves que ponen en jaque el presente y el futuro de muchos miembros de estas formaciones». «Los valencianos merecen saber cómo se les ha engañado y qué tipo de dirigentes gestionan su dinero».

PUIG «HUYE SIN MIRAR ATRÁS»

La ‘popular’ ha lamentado así la «cobardía» del ‘president’, Ximo Puig, al «huir a China sin mirar atrás», en referencia a la misión comercial que ha iniciado este sábado. A su juicio, «sabe que tiene que asumir responsabilidades políticas, empezando por su asesor José Manuel Orengo, a quien protege en Presidencia».

«Se va abandonado a su grupo, a sus compañeros de gobierno, la Generalitat y a los valencianos, que esperan contundencia de un presidente y un secretario general», ha aseverado Ortiz.

Por todo ello, ha pedido a los grupos que sustentan el Consell «coherencia, responsabilidad y sentido común, porque se han pasado años dando lecciones de ética y de moral, y ha llegado el momento de aplicársela». «Podemos debería saber que sus socios de gobierno le están engañando», ha afirmado, y ha ironizado que «muchas lecciones, pero parece que su financiación se escribe con ‘B’ de Botánic».

«EL CÍRCULO SE ESTRECHA CADA VEZ MÁS»

La secretaria general del PPCV ha advertido además que «el círculo se estrecha cada vez más y está en juego la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana», ante «un presidente que no toma decisiones, una vicepresidenta –Mónica Oltra, coportavoz de Compromís– que se pone de perfil con el partido que la sustenta y un presidente de Les Corts –Enric Morera, presidente del Bloc– que está en el ojo del huracán». Los tres, en su opinión, «amenazan la estabilidad de un gobierno que gestiona la vida de cinco millones de valencianos».

Para los ‘populares’, «es la hora de las responsabilidades políticas» y no de estas actitudes. En el caso de Oltra, Eva Ortiz ha criticado que «está escurriendo el bulto cuando debería actuar ante las dudas que pesan sobre su compañero de viaje electoral y la segunda autoridad de la Comunitat».

«Cada día que pasa, conocemos nuevos datos de una trama que se extiende más allá de la Comunitat, que entra en ministerios, en empresas públicas, que ha sacado a relucir incluso a presidentes de gobierno, mientras Oltra se sacude la responsabilidad», ha remachado.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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