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Alquilar un piso de 27 metros en Valencia cuesta de media 1.190 euros al mes

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Vivienda en alquiler ARCHIVO

El precio medio del alquiler en ciudades como Valencia, Barcelona y Madrid sigue disparado, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En Valencia, alquilar un piso de hasta 27 metros cuadrados cuesta de media 1.190 euros mensuales, mientras que en Barcelona asciende a 1.450 euros para 22 metros y en Madrid a 1.100 euros para 28 metros.

Un problema generalizado en las principales ciudades

OCU analizó 155.509 anuncios inmobiliarios en plataformas como Idealista, Milanuncios y Fotocasa en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga y Zaragoza. Los resultados revelan la existencia de infraviviendas –espacios de dimensiones mínimas y condiciones inadecuadas para uso residencial– con precios que pueden superar incluso el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En Málaga, el alquiler de hasta 34 metros cuadrados se sitúa en 920 euros, mientras que en Zaragoza es de 580 euros por 41 metros cuadrados.

OCU exige medidas urgentes

Ante estos datos, OCU ha instado a las administraciones públicas a controlar el uso residencial de las viviendas, definir unos estándares comunes de habitabilidad y fomentar la creación de vivienda pública en alquiler como medida para contener los precios. La organización subraya que es inconcebible que el mínimo de metros cuadrados exigidos varíe entre 20 y 37 m² útiles según la ciudad.

También recomienda a los futuros inquilinos que verifiquen que los pisos cumplen con las condiciones de habitabilidad y que la superficie anunciada sea la real. En caso de irregularidades, los anima a denunciarlo ante las autoridades municipales o autonómicas.

Alquiler de habitaciones: una opción menos costosa, pero aún cara

Para quienes optan por alquilar una habitación en una vivienda compartida, los precios también son elevados. Según el estudio, en Barcelona el alquiler de una habitación cuesta de media 625 euros, en Madrid 575 euros, en Málaga 490 euros, en Valencia 455 euros y en Zaragoza 340 euros.

OCU recalca que muchas de estas ofertas de alquiler no cumplen con las superficies mínimas exigidas por la normativa municipal. En Málaga, casi todas las viviendas visitadas infringían la norma que establece 30,5 m² útiles. En Zaragoza, donde el mínimo es 37 m² útiles, la mitad de los pisos analizados tampoco cumplían con los requisitos.

Valencia, la excepción en el cumplimiento normativo

Valencia destaca por ser la ciudad donde se registró el menor porcentaje de incumplimiento en las viviendas visitadas. De las nueve propiedades analizadas, solo una no cumplía la normativa que establece 24 metros cuadrados útiles como mínimo.

No obstante, el estudio detectó que siete de las 50 viviendas inspeccionadas en total no estaban habilitadas para uso residencial, sino que tenían permisos para oficinas, locales comerciales o espacios culturales, lo que supone un problema potencial para los inquilinos a la hora de contratar servicios como electricidad, gas o seguros del hogar.

Petición de un marco normativo uniforme

OCU insiste en la necesidad de una normativa unificada que establezca estándares mínimos de habitabilidad en todas las ciudades para garantizar una vivienda digna. Además, solicita que se intensifiquen los esfuerzos para aumentar la oferta de vivienda pública en alquiler como solución estructural al problema de los precios.

El alquiler medio en València supera los 1.500 euros en varios distritos

El precio del alquiler en València sigue en aumento, alcanzando los 1.500 euros de media en casi la mitad de los distritos de la capital del Turia. Según el último informe del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, nueve de los 19 distritos registran alquileres superiores a esta cifra, mientras que solo Pobles de l’Oest se mantiene ligeramente por debajo de los 1.200 euros mensuales, aunque por tan solo un euro.

Precios por distrito y principales subidas

El alquiler medio en València alcanzó los 1.647 euros en el tercer trimestre de 2024, tras un aumento del 2,7% interanual. Entre los distritos más caros se encuentran:

  • Eixample: 2.081 euros de media (+0,3%).
  • Ciutat Vella: 1.918 euros, con una disminución del 3,8%.
  • Pla del Real: 1.907 euros (+18,3%), siendo el distrito con mayor incremento.
  • Camins al Grau: 1.638 euros, aunque bajó un 1,6%.
  • Extramurs: 1.615 euros (+4,1%).

Otros distritos también registraron subidas notables: Quatre Carreres (1.571 euros, +10%), Pobles del Sud (1.544 euros, +6,5%), Algirós (1.515 euros, +7,5%) y Poblats Marítims (1.509 euros, +4,4%).

Distritos con precios moderados

A continuación de estos distritos, Campanar y Benimaclet presentan alquileres medios de 1.419 euros, con incrementos de 1,4% y 3,9%, respectivamente. Saïdia registra un precio medio de 1.394 euros (+1,7%), mientras que Patraix ha alcanzado los 1.328 euros (+11,6%). L’Olivereta y Jesús completan la lista de precios moderados, con alquileres de 1.279 y 1.215 euros, respectivamente, tras aumentos del 14,9% y 16,5%.

En la parte baja, Benicalap (1.209 euros), Rascanya (1.203 euros) y Pobles del Oest (1.199 euros) tienen precios más accesibles. En estos últimos, los alquileres han descendido, especialmente en Pobles del Oest (-7,6%).

Mayores incrementos y descensos

Las subidas de precio más significativas se dieron en:

  • Pla del Real: +18,3%.
  • Rascanya: +17,3%.
  • Jesús: +16,5%.
  • Olivereta: +14,9%.

Por otro lado, solo cuatro distritos mostraron descensos: Pobles de l’Oest (-7,6%), Ciutat Vella (-3,8%), Benicalap (-2,9%) y Camins al Grau (-1,6%).

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes-FREEPIK

La Guardia Civil ha defendido la normativa nacional sobre pirotecnia que regula el uso de bengalas con un fin recreativo en restaurantes y otros espacios de ocio tras los incidentes generados en España. El instituto armado recuerda que España es un referente en regulación frente a otros países europeos, donde el uso de pirotecnia ha estado vinculado a altercados y tragedias recientes.

Contexto europeo y comparación con España

La Guardia Civil sostiene que en España la pirotecnia no supone un problema generalizado como ocurre en otros países europeos, donde se ha utilizado por mafias o en altercados. Como ejemplos, recuerda los disturbios de Berlín durante la pasada Navidad o la tragedia en un bar de Suiza en una fiesta de Año Nuevo que dejó 40 personas fallecidas.

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso»

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso y son productos certificados para uso en interior», ha señalado en declaraciones a Europa Press el capitán Ismael Huerta, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al valorar el uso cada vez más generalizado de bengalas con fines recreativos y festivos en interiores de locales de ocio.

El capitán Huerta se remite a la regulación estatal sobre los artículos pirotécnicos y la cartuchería, dimanante del Real Decreto 989/2015, junto a la ley orgánica de seguridad ciudadana y una directiva europea. También destaca la implicación de los más de cien talleres que existen en España, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que son las primeras interesadas en evitar riesgos.

La importancia de leer las instrucciones y cumplir la normativa

«Es importante, además, que el usuario final atienda a si esa bengala se puede usar en interiores, y eso se comprueba leyendo las instrucciones de uso», ha añadido el responsable de la ICAE. Ha recordado que este tipo de artículos se vigilan desde su entrada en España y que su venta se regula en función de su peligrosidad.

La normativa impide, por ejemplo, la manipulación de bengalas por niños menores de doce años con carácter general.

Preocupación por la pirotecnia en otros países europeos

El capitán Huerta diferencia la situación europea del control existente en España y sitúa a nuestro país a la vanguardia en regulación por dos razones principales: la larga tradición de fiestas con pirotecnia, como las Fallas de Valencia, y la experiencia acumulada por la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo.

«A nivel europeo es verdad que la pirotecnia se está convirtiendo en una preocupación para muchos países de nuestro entorno por todas las afecciones que tiene para la seguridad, por los desvíos de las materias, la utilización por parte de mafias, incluso en atentados o para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad», ha expuesto.

En este sentido, recuerda lo ocurrido en Berlín, donde las autoridades informaron de la detención de 420 personas por disturbios en Nochevieja, con 30 agentes heridos, así como incidentes en Países Bajos e Italia por el uso privado de fuegos artificiales.

«Aquí en España no hay esa problemática; no quiere decir que no haya problemas, pero es verdad que no hay una problemática muy aguda en ninguna de las partes, ni hay robos ni desvíos; no quiere decir que no haya ningún caso, pero no es un problema como para tomar más medidas», ha sostenido.

Mesa de trabajo con el sector y control exhaustivo

El capitán Huerta se remite a la participación de la Guardia Civil en una mesa de trabajo con las empresas del sector en España y en grupos con otros países de la Unión Europea. En este ámbito, España inspira al resto de países para adoptar medidas que aquí se aplican desde hace años.

«Las medidas de seguridad en España, tanto de los explosivos como de la pirotecnia, son muy exhaustivas y se ejerce mucho mayor control que en el resto de países europeos; de hecho, hay muchos países europeos que han adoptado medidas que nosotros ya tenemos en nuestro reglamento», ha indicado.

Vigilancia en otros usos de bengalas y la Operación Signal

El trabajo preventivo de la ICAE de la Guardia Civil se extiende también a otros usos de bengalas, como el ámbito marítimo. La Operación Signal se saldó con 400 inspecciones sobre material potencialmente peligroso y con fecha de caducidad, por lo que su uso en el mar está especialmente vigilado.

«El interés de la Guardia Civil no es poner una infracción, sino que las cosas se hagan bien y que, si en algún caso se detecta algún ilícito penal o administrativo, el guardia civil tenga más herramientas gracias a que se han unificado criterios a nivel nacional», ha recordado el capitán Huerta.

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