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El Supremo confirma la pena de cárcel a Griñán y de inhabilitación a Chaves

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El Supremo confirma la pena de cárcel a Griñán y de inhabilitación a Chaves

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla, emitida hace más de dos años. La resolución del Alto Tribunal supondrá la entrada en prisión de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía de 76 años, para cumplir los seis de condena que le fueron impuestos. El otro expresidente andaluz del banquillo, Manuel Chaves, fue condenado por el mismo tribunal a nueve años de inhabilitación, que ya son firmes por decisión del Supremo.

Decisión tras las elecciones

El Tribunal ha esperado a que pasaran las elecciones andaluzas para no influir en el camino a las urnas. Un mes después de la cita electoral, se ha conocido el fallo definitivo, aunque la sentencia íntegra no será pública hasta después del verano. No es la única pieza de los ERE, toda una macrocausa, ni siquiera la central, pero es la de mayor significado político.

La Sala, presidida por el magistrado Juan Ramón Berdugo, ha decidido adelantar este martes el fallo de una sentencia donde también se confirma la condena por prevaricación del ex presidente andaluz Manuel Chaves, que conlleva inhabilitación para cargo público durante nueve años.

La sentencia, de unos 1800 folios, se dará a conocer en septiembre. En la misma, se confirman en líneas generales el fallo adoptado por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la red clientelar tejida por el PSOE andaluz durante años en torno a la trama de los ERE.

El punto más controvertido ha sido el del expresidente Griñán. El ex presidente andaluz puede solicitar ahora al Tribunal Constitucional que paralice la ejecución del fallo mientras se tramita su recurso de amparo pero es altamente improbable que el tribunal de garantías acceda a ello, puesto que la jurisprudencia del TC establece en los cinco años de prisión el umbral para paralizar el ingreso en prisión en estos supuestos.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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