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EMT València destapa un fraude de 4 millones de euros

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VALÈNCIA, 27 Sep. – El gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Josep Enric García, ha anunciado este viernes que ha denunciado ante la Policía Nacional que la hasta ahora jefa de Administración ha defraudado supuestamente cuatro millones de euros de la firma pública.

En atención a los medios, García ha leído un breve comunicado y ha evitado dar detalles del supuesto fraude porque las fuerzas de seguridad están investigando lo sucedido.

El gerente ha explicado únicamente que la EMT «ha sido víctima de un fraude de cuatro millones», lo que han puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad en cuanto han «tenido conocimiento de ello» y la Policía ha puesto en marcha «un operativo de investigación».

«El lunes por la tarde nos enteramos y el martes por la mañana presenté como representante legal de la empresa la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Entre la mañana del martes y ayer por la tarde hemos continuado recabando información y aportándola a la denuncia», ha indicado.

Asimismo, ha informado de que en el presunto fraude solo ha estado implicada, por lo que han podido «determinar hasta ahora», una única empleada de la empresa. En concreto, se trata de la responsable de Administración de la firma pública, que cuenta con «una larga trayectoria en el cargo».

La empleada «ha sido despedida esta misma mañana» y García también ha apuntado que se ha convocado «de manera urgente» un Consejo de Administración para la tarde de este mismo viernes.

El gerente de la EMT ha destacado que la Policía «continúa su investigación para esclarecer los hechos» y ha puesto de relieve que están «trabajando para recuperar todo lo que se ha defraudado». «Desde el lunes estamos yendo por todas las vías posibles, porque nuestro objetivo a corto plazo es recuperar hasta el último euro usurpado», ha insistido.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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