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ERE #RTVV: CC.OO insta a la Generalitat a negociar el futuro de los ex-trabajadores en la nueva Corporación

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Después de conocerse que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dado validez legal el ERE que supuso el cierre de Radio Televisió Valenciana en 2013, según la sentencia que se ha conocido en la mañana del jueves, ya empiezan a conocerse las primeras reacciones y valoraciones. Una de éstas, la de CC.OO que, en un comunicado, ha instado a la Generalitat Valenciana a negociar la participación de los ex-trabajadores del ente en la nueva entidad que se encarga de la creación de una nueva radio y televisión de los valencianos, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación.

«A la espera de un análisis más detallado del contenido de la sentencia y sus fundamentos, es necesario poner en valor el acuerdo alcanzado por CCOO en el ERE de extinción, aun no compartiendo las causas del mismo, como mal menor y mejor protección de las trabajadoras y trabajadores de RTVV», reza el comunicado de uno de los sindicatos con representación en el ex-comité de empresa de la extinta RTVV. «Asimismo —añaden— es urgente restablecer el diálogo que permita negociar una salida en torno a la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y la aplicación de la cláusula de preferencia para el personal de la antigua RTVV en la nueva Corporación, que se establecía en el acuerdo de finalización del período de consultas del despido colectivo, hoy validado por la Sala de lo Social Audiencia Nacional.

El sindicato considera que, durante todo el proceso y hasta la fecha de hoy, ha quedado claro que «la Administración Pública ha legislado para justificar su decisión con esta empresa», algo que «evidentemente, rechazamos». Y también incide en denunciar los hechos y la solución de cierre tomada. Para CC.OO queda claro que «la totalidad de la plantilla fue separada de sus puestos de trabajo por decisión del Consell, que para blindar su decisión ‘empresarial’ utilizó una ley singular —la Ley 4/2013, de supresión del servicio de RTVV— carente de justificación y arbitraria, obligando al cese de la prestación del servicio público de radio y televisión de la Comunidad Valenciana, llevando consigo la extinción de las relaciones laborales», continúa la nota. «Y por si el insulto a la razón no fuera suficiente, la decisión fue tomada el mismo día —5 de noviembre de 2013— que se conoció la sentencia de nulidad dictada por el TSJ-CV del anterior despido colectivo perpetrado por el Consell en RTVV, en clara rebeldía y desacato a la justicia”.

Mensaje al actual Consell
Además de volver a solicitar un proceso negociador, el sindicato insiste en recordar a todos los que han intervenido en el proceso, tanto el anterior Consell como el actual, a quien también se dirige, al asegura que “aun reconociendo y evidenciando el travestismo político-empresarial que llevó al disparate de disolver de forma traumática un servicio público, los nuevos representares políticos —que cuando estaban en la oposición denunciaron el cierre de RTVV como carente de causa e ilegal— no se aplican a desvelar la verdadera naturaleza de la decisión, llegando al paroxismo de contraponer las cuestiones y defensas técnicas de las políticas e incluso defendiendo la inviabilidad económica argüida por Alberto Fabra y su séquito, que a nadie —salvo que una ley disponga lo contrario, claro— le puede resultar mínimamente creíble, siendo que en 2012, aun con una enorme deuda residenciada en el Grupo RTVV, se procedió a una reorganización societaria para mantener el servicio, quedando RTVV saneada y libre de deudas a fecha de este nuevo despido, según consta en sentencia firme”.

Así, insisten, en que «más allá de las iniciativas que, tras el estudio detallado de la sentencia, se adopten, desde CCOO reiteramos que solo la apertura de un proceso negociador, basado en los mismos compromisos con los trabajadores y trabajadoras que se adoptaron cuando se produjo el ERE de extinción para el caso de que se abriera nuevamente el servicio de radiotelevisión pública, puede solucionar satisfactoriamente el conflicto», concluye el escrito

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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