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España respalda que la CE no firme nuevo contrato de vacunas con AstraZeneca

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EFE

Bruselas, 10 may (EFE).- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró este lunes que su país respalda que la Comisión Europea (CE) no firme nuevos contratos con AstraZeneca para adquirir su vacuna contra el coronavirus, tras los retrasos de la farmacéutica en la entrega de las dosis prometidas estos meses.

«España apoya los esfuerzos de la Comisión para hacer compras conjuntas en nombre de todos los Estados miembros y, evidentemente, apoya esos esfuerzos en todas sus dimensiones», declaró la política durante una rueda de prensa posterior a la reunión de titulares de Exteriores de los Veintisiete celebrada hoy en Bruselas.

En ese sentido, explicó que España respalda a la CE a la hora de «extender contratos, como se han extendido, con Pfizer-BioNTech, de una manera notable; en hacerlo con otras empresas, como Moderna (…) o Johnson & Johnson, que están suministrando al mercado europeo, y en no hacerlo con una empresa (AstraZeneca) que ha sido incapaz de suministrar a la Unión Europea en los términos pactados».

«Hemos empoderado a la Comisión para que sea ella la que lleve la batuta en estas negociaciones con las empresas farmacéuticas», comentó.

El contrato que el Ejecutivo comunitario firmó con la farmacéutica anglo-sueca contemplaba la compra de 300 millones de dosis con la opción de adquirir 100 millones adicionales.

Sin embargo, Bruselas no optará a la compra de esos 100 millones adicionales a los que tenía derecho, tal como ya anunció la CE en abril.

AstraZeneca entregó solo 29,8 millones de dosis en el primer trimestre y hasta junio prevé distribuir solo 100 millones de dosis, un tercio solamente de lo que establece el contrato.

Precisamente para recuperar esos 200 millones de dosis adicionales, la CE ha llevado a la farmacéutica ante los tribunales belgas, en un caso que se inició en abril y que continuará el próximo 26 de mayo con la primera audiencia.

Por contra, Bruselas sí ha decidido firmar un nuevo contrato con Pfizer-BioNTech para obtener 1.800 millones de dosis adicionales entre 2022 y 2023, con el objetivo de afrontar los retos que plantean las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y la necesidad de vacunar a los menores de edad, no incluidos por ahora en las estrategias nacionales.

González Laya añadió que en España las autoridades sanitarias «están examinando, junto con todas las comunidades autónomas, qué hacer, qué respuesta dar a aquellos ciudadanos que han tomado una primera dosis de AstraZeneca y que están esperando la segunda».

«No creo que tengan nada que temer. Se buscará una solución en la que se está ya trabajando con todas las comunidades autónomas bajo la responsabilidad y la batuta de la ministra de Sanidad», subrayó.

Insistió en que las personas pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca recibirán una respuesta «en cuanto se haya llegado a un acuerdo, acuerdo que tendrá en cuenta, evidentemente, el sentir y el saber de la comunidad científica española para dar a todos los ciudadanos la máxima garantía de seguridad».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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