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Valencia

Esperanza Obrera ocupa otro edificio y cuelga una pancarta contra Mónica Oltra por ser «del sistema»

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València, 26 mar (EFE).- El colectivo comunista Esperanza Obrera ha ocupado un edificio de la Conselleria de Igualdad en la calle Colón de València con el fin de acoger a personas desahuciadas, y ha colgado en su fachada un cartel gigante con la imagen de la consellera Mónica Oltra junto al lema «Frente al sistema, resistiremos».

El edificio, ubicado en el número 80 de la calle Colón y que era la sede de la Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia pero que ahora está en desuso, ha sido ocupado por la asociación Esperanza Obrera, que anteriormente había ocupado un local de la calle Pintor Sorolla hasta el 15 de marzo, día en que fueron desalojados por la Policía.

El portavoz del colectivo, Juanvi Remón, ha asegurado a Efe que en el edificio de la Conselleria de Igualdad pretenden construir «el mismo proyecto» que en el local de Pintor Sorolla, con repartos de comida o asesoría de vivienda a las personas que lo necesiten, además de un lugar en el que puedan vivir personas que no dispongan de casa propia tras quedar desahuciados.

Ha expuesto que el objetivo es que «nos dejen este edificio y si no irnos a otro», con el fin de poder dar vivienda y comida a familias que lo necesitan, «pero la prioridad es presionar para que sea este», un lugar en pleno centro de València que está en desuso por parte de la Generalitat Valenciana y cuyo cartel, instalado en la fachada, es una crítica a la familia Usó Ferrera, propietaria de inmuebles vacíos, y el juez Juan Carlos Mompó, que ordenó el desahucio del edificio de Pintor Sorolla, además de contra Oltra, por la inacción de la conselleria en este asunto.

Asimismo, ha afirmado que desde la Conselleria de Vivienda y la de Igualdad y Políticas Inclusivas «se nos prometió una solución, pero como no lo han hecho, esta es una manera de presionar para conseguir un espacio donde podamos albergar a gente sin vivienda», ya que, según han trasladado desde el colectivo, «en los momentos decisivos, los políticos se han posicionado del lado de los empresarios».

Remón ha explicado que de momento hay dos familias que están viviendo en el edificio pero que esperan, en los próximos días, que tres más se puedan unir, familias «a las que se les dio la palabra de que tendrían un techo donde vivir».

«Todo son buenas palabras, pero no han solucionado nada», ha explicado Remón sobre las reuniones con las diferentes consellerias, al tiempo que ha señalado que «no es verdad que no se estén produciendo más desahucios» y que son «casos ínfimos» los desahucios que la administración ha parado.

Desde el propio edificio, los okupas han preguntado «por las palabras de unión por parte de Oltra», al tiempo que han señalado que la consellera, «a la hora de la verdad, da puñaladas».

Paralelamente a la concentración, en la que se han congregado decenas de personas, el colectivo ha entregado bolsas de comida a más de un centenar de personas sin recursos, que han hecho cola para recibir un kit de productos básicos.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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