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Valencia

Esta es la subida de sueldo que tendrá la Policía Nacional y la Guardia Civil de la Comunitat

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VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) –

La vicesecretaria regional del Partido Popular (PPCV), Elena Bastidas, ha explicado que solo en 2018, el Estado destinará 36,4 millones para la equiparación salarial de los 13.014 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajan en la Comunitat Valenciana lo que supondrá una subida de entre 260 y 202 euros al mes en 2018, entre 380 y 488 en 2019 y entre 561 y 720 en 2020.

Bastidas se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa ofrecida junto al diputado Luis Santamaría para trasladar el impacto que tendrá en la Comunitat el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos en materia de equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así, ha destacado que se trata de un «acuerdo histórico» ya que el encuentro entre el Ministerio y más de una decena de organizaciones «pone fin a 30 años de revivificaciones y desigualdad retributiva y mejora un servicio público que está reconocido como uno de los mejores del mundo».

El acuerdo prevé 506 millones que estarán contemplados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de los que 36,4 millones irán a parar a los agentes de la Comunitat Valenciana, una equiparación que será con carácter retroactivo desde enero de 2018.

En la provincia de Alicante se beneficiarán 4.531 agentes con una inversión de más de 12,7 millones de euros, en Castellón 1.656 y una inversión de 4,8 millones y en Valencia 6.827 efectivos con un aumento valorado en más de 18,8 millones de euros.

Bastidas ha recordado que el PP ha reivindicado la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil «siempre» mientras «otros empezaron hace unos pocos meses cuando afloraba el conflicto catalán». «El PP negoció durante muchos meses un acuerdo con los representantes mientras otros creaban organizaciones paralelas con fines electorales. En este tema siempre hemos actuado desde la responsabilidad y otros desde las encuestas», ha reivindicado.

Así, ha criticado que a algunos partidos «se les llene la boca hablando de Policía y de Guardia Civil mientras quieren derogar la ley de seguridad ciudadana que les deja desamparados en las actuaciones».

La vicesecretaria regional ha añadido que, además, en el acuerdo se prevén una serie de medidas como la gratuidad del DNI y el pasaporte para las familias numerosas, un incremento en las partidas para la compra de chalecos antibalas o mejoras en la atención a las víctimas del delito con la mejora de las instalaciones por más de 4 millones de euros.

Además, el PP ha propuesto que existan instancias dedicadas a acoger a los niños que acompañen a sus progenitores que se acerquen a interponer una denuncia para que no estén presenten en el momento de sustanciarse la misma.

LA LEY «CHAPUZA» DE POLICÍA LOCAL
Por su parte, el diputado autonómico Luis Santamaría ha valorado las últimas decisiones del Consell en materia de Policía Local y ha señalado que mientras el Gobierno central resuelve los problemas de los agentes de su competencia, el Consell «va a otro ritmo».

En este sentido, ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en materia de policía local ha hecho un «monumento al despropósito legislativo en la Comunitat Valenciana» porque «el lunes aprueba una norma, el martes la modifica y el miércoles la desarrolla». «Hay que ser serios y rigurosos porque todos sabemos a las amenazas a las que nos enfrentamos», ha advertido.

Santamaría ha recordado que en la Comunitat hay 12.500 policías locales y ha señalado que el PP ya advirtió en la aprobación de la Ley que la norma «imposibilitaba la contratación de más agentes». «Esta es la Ley de la improvisación, todas las causas para cambiar la norma se conocían en el momento de su aprobación», ha insistido para manifestar la «profunda queja» del PP ante una norma que afecta a «la seguridad de los ciudadanos».

Santamaría ha afeado que el Decreto que modifica la norma, y que fue aprobado el pasado viernes, «haya tenido ya dos borradores» y que «prohíba a los interinos hacer tareas de seguridad ciudadana». «¿Cómo vamos a solucionar que los municipios tengan patrullas por la noche si se limita la posibilidad de los municipios de flexibilizar el servicio y mejorar la seguridad ciudadana en épocas puntuales?», se ha preguntado para reclamar al Consell «más rigor» a la hora de legislar.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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