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Estas son las cuatro fases de la desescalada

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido que el propósito del plan es «poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos y manteniendo a salvo nuestro sistema de salud».

Pedro Sánchez ha insistido en que la desescalada será gradual, asimétrica y coordinada y que no se recuperará de golpe toda la actividad y la movilidad, sino que se hará en cuatro fases. Además, ha aclarado que la provincia o la isla será el espacio territorial donde se desarrollarán las actividades permitidas: «No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad».

Desescalada gradual, asimétrica y coordinada

El presidente ha explicado que la desescalada se hará en función del control de la epidemia en cada provincia y a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, de acuerdo con criterios objetivos. El paso de una fase a otra en cada lugar se determinará en función de las capacidades estratégicas de su sistema sanitario de atención primaria y hospitalario; su situación epidemiológica; la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio público, y en los datos de movilidad y económicos.

Estos marcadores serán públicos, ha anunciado Sánchez, «para que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones políticas que van a determinar la vuelta a la nueva normalidad en cada territorio».

«El proceso no será uniforme, sino asimétrico y con distintas velocidades, pero coordinado, para que se rija por unas mismas reglas», ha remarcado el presidente. Esta coordinación recaerá en el Gobierno de España, y el ministro de Sanidad asumirá las decisiones necesarias como autoridad delegada. No obstante, se tendrá muy en cuenta el parecer de las autoridades autonómicas y locales, a los que corresponderá gran parte de la gestión. De hecho, podrán tomarse medidas en territorios no coincidentes con las provincias si así lo motivan las comunidades autónomas.

Fases de la desescalada

En la actual fase preparatoria o fase cero, el presidente ha anunciado que, además de la medidas proyectadas para que los menores salgan una hora a la calle y los adultos a hacer ejercicio, se incluye la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes, así como de los restaurantes con servicio de comida para llevar, sin consumo en el local.

Los deportistas profesionales y federados podrán empezar a entrenar de forma individual.

En la fase uno o inicial, el jefe del Ejecutivo ha señalado que se permitirá la apertura del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros comerciales, donde son más probables las aglomeraciones.

En restauración se podrán abrir terrazas con limitaciones de ocupación del 30% y, en hostelería, hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo las zonas comunes. El sector agroalimentario y pesquero reanudará las actividades que mantenía con restricciones. Los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio de su capacidad.

En el ámbito deportivo, el presidente ha avanzado la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y el permiso para el entrenamiento medio en ligas profesionales. Para los ciudadanos que utilizan el transporte público, el uso de la mascarilla estará «altamente recomendado».

En la fase dos o intermedia se abrirá el espacio interior de los locales solo para el servicio de mesas, con separación entre ellas y un tercio de aforo.

Sánchez ha concretado que el curso escolar comenzará en septiembre con carácter general, si bien se podrán reabrir antes los centros educativos con el propósito de garantizar las actividades de refuerzo, que los menores acudan en el caso de que ambos progenitores trabajen presencialmente y para celebrar las pruebas de la EBAU.

Los cines, teatros y auditorios reabrirán un tercio de su aforo con butacas preasignadas. Las salas de exposiciones, conferencias y visitas a monumentos también abrirán con un tercio de su ocupación habitual. Los actos y espectáculos al aire libre estarán permitidos cuando se congreguen menos de 400 personas sentadas. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50%.

En la fase tres o avanzada, el presidente ha indicado que se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos.

El comercio limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros entre personas. En restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público.

Pedro Sánchez ha señalado que el Ministerio de Sanidad dictará órdenes que detallarán todos los supuestos.

Plazo mínimo de dos semanas por fase

La duración mínima de cada una de las fases de desescalada se ha fijado en dos semanas. En el mejor de los casos, ha señalado Sánchez, la duración del proceso será de mes y medio y, como máximo, se plantean ocho semanas, «por lo que a finales de junio estaríamos en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos los territorios».

A partir de esa fecha terminarán las restricciones sociales y económicas, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, las medidas de higiene y protección personal hasta que haya una vacuna.

Primeros territorios en Fase 1, a partir del 4 de mayo

Si la evolución de la pandemia se mantiene en los parámetros actuales, el próximo fin de semana, se permitirá en toda España la actividad física individual y paseos con las personas con las que se convive.

Del mismo modo, y atendiendo a su incidencia mínima de contagios, las islas de Formentera en Baleares y La Gomera, Hierro y La Graciosa en Canarias, se situarán en la fase 1 a partir del 4 de mayo. El 11 de mayo lo harán aquellas provincias que cumplan los requisitos.

A partir de esa fecha, se evaluará quincenalmente el cumplimiento de los marcadores para cada una de las provincias o islas.

Responsabilidad individual y disciplina social

El presidente del Gobierno ha explicado que en la confección del plan se ha analizado las principales experiencias internacionales e identificado las mejores prácticas para recuperar la vida cotidiana y la actividad económica sin poner en riesgo la salud colectiva. Asimismo, se han contemplado las aportaciones de las comunidades autónomas y las entidades locales.

Pedro Sánchez considera que los verdaderos protagonistas en esta etapa de desescalada serán los ciudadanos y ha apelado, de nuevo, a su responsabilidad individual y a la disciplina social. «Con nuestro comportamiento podemos salvar vidas y recuperar nuestro país». Por el contrario, «cualquier conducta irresponsable se vuelve contra quien la protagoniza, pero perjudica a todos», ha dicho.

El presidente ha advertido que el proceso va a ser «más peligroso y más difícil» que el confinamiento, puesto que va a requerir combinar el respeto de las reglas de higiene y distancia social con la recuperación de espacios de movilidad y actividad social. «El virus no se ha ido», ha recordado y, hasta que no haya una vacuna, ha reiterado la necesidad de ser cautos y prudentes, y no poner en riesgo por impaciencia lo conseguido con «muchos sacrificios en estas seis semanas».

En este punto ha agradecido el «trabajo abnegado de los sanitarios» y el «esfuerzo y sacrificio» de todos los ciudadanos, lo que han permitido salvar miles de vidas.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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