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Estas son las cuatro fases de la desescalada
Publicado
hace 7 añosen
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado, tras el Consejo de Ministros, que cada provincia avanzará a un ritmo diferente, pero coordinado. El plan constará de cuatro fases y pasar de una a otra dependerá de la capacidad del sistema sanitario, situación epidemiológica, medidas de protección en espacios públicos, datos de movilidad y socioeconómicos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19.
Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido que el propósito del plan es «poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos y manteniendo a salvo nuestro sistema de salud».
Pedro Sánchez ha insistido en que la desescalada será gradual, asimétrica y coordinada y que no se recuperará de golpe toda la actividad y la movilidad, sino que se hará en cuatro fases. Además, ha aclarado que la provincia o la isla será el espacio territorial donde se desarrollarán las actividades permitidas: «No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad».
Desescalada gradual, asimétrica y coordinada
El presidente ha explicado que la desescalada se hará en función del control de la epidemia en cada provincia y a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, de acuerdo con criterios objetivos. El paso de una fase a otra en cada lugar se determinará en función de las capacidades estratégicas de su sistema sanitario de atención primaria y hospitalario; su situación epidemiológica; la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio público, y en los datos de movilidad y económicos.
Estos marcadores serán públicos, ha anunciado Sánchez, «para que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones políticas que van a determinar la vuelta a la nueva normalidad en cada territorio».
«El proceso no será uniforme, sino asimétrico y con distintas velocidades, pero coordinado, para que se rija por unas mismas reglas», ha remarcado el presidente. Esta coordinación recaerá en el Gobierno de España, y el ministro de Sanidad asumirá las decisiones necesarias como autoridad delegada. No obstante, se tendrá muy en cuenta el parecer de las autoridades autonómicas y locales, a los que corresponderá gran parte de la gestión. De hecho, podrán tomarse medidas en territorios no coincidentes con las provincias si así lo motivan las comunidades autónomas.
Fases de la desescalada
En la actual fase preparatoria o fase cero, el presidente ha anunciado que, además de la medidas proyectadas para que los menores salgan una hora a la calle y los adultos a hacer ejercicio, se incluye la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes, así como de los restaurantes con servicio de comida para llevar, sin consumo en el local.
Los deportistas profesionales y federados podrán empezar a entrenar de forma individual.
En la fase uno o inicial, el jefe del Ejecutivo ha señalado que se permitirá la apertura del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros comerciales, donde son más probables las aglomeraciones.
En restauración se podrán abrir terrazas con limitaciones de ocupación del 30% y, en hostelería, hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo las zonas comunes. El sector agroalimentario y pesquero reanudará las actividades que mantenía con restricciones. Los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio de su capacidad.
En el ámbito deportivo, el presidente ha avanzado la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y el permiso para el entrenamiento medio en ligas profesionales. Para los ciudadanos que utilizan el transporte público, el uso de la mascarilla estará «altamente recomendado».
En la fase dos o intermedia se abrirá el espacio interior de los locales solo para el servicio de mesas, con separación entre ellas y un tercio de aforo.
Sánchez ha concretado que el curso escolar comenzará en septiembre con carácter general, si bien se podrán reabrir antes los centros educativos con el propósito de garantizar las actividades de refuerzo, que los menores acudan en el caso de que ambos progenitores trabajen presencialmente y para celebrar las pruebas de la EBAU.
Los cines, teatros y auditorios reabrirán un tercio de su aforo con butacas preasignadas. Las salas de exposiciones, conferencias y visitas a monumentos también abrirán con un tercio de su ocupación habitual. Los actos y espectáculos al aire libre estarán permitidos cuando se congreguen menos de 400 personas sentadas. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50%.
En la fase tres o avanzada, el presidente ha indicado que se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos.
El comercio limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros entre personas. En restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público.
Pedro Sánchez ha señalado que el Ministerio de Sanidad dictará órdenes que detallarán todos los supuestos.
Plazo mínimo de dos semanas por fase
La duración mínima de cada una de las fases de desescalada se ha fijado en dos semanas. En el mejor de los casos, ha señalado Sánchez, la duración del proceso será de mes y medio y, como máximo, se plantean ocho semanas, «por lo que a finales de junio estaríamos en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos los territorios».
A partir de esa fecha terminarán las restricciones sociales y económicas, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, las medidas de higiene y protección personal hasta que haya una vacuna.
Primeros territorios en Fase 1, a partir del 4 de mayo
Si la evolución de la pandemia se mantiene en los parámetros actuales, el próximo fin de semana, se permitirá en toda España la actividad física individual y paseos con las personas con las que se convive.
Del mismo modo, y atendiendo a su incidencia mínima de contagios, las islas de Formentera en Baleares y La Gomera, Hierro y La Graciosa en Canarias, se situarán en la fase 1 a partir del 4 de mayo. El 11 de mayo lo harán aquellas provincias que cumplan los requisitos.
A partir de esa fecha, se evaluará quincenalmente el cumplimiento de los marcadores para cada una de las provincias o islas.
Responsabilidad individual y disciplina social
El presidente del Gobierno ha explicado que en la confección del plan se ha analizado las principales experiencias internacionales e identificado las mejores prácticas para recuperar la vida cotidiana y la actividad económica sin poner en riesgo la salud colectiva. Asimismo, se han contemplado las aportaciones de las comunidades autónomas y las entidades locales.
Pedro Sánchez considera que los verdaderos protagonistas en esta etapa de desescalada serán los ciudadanos y ha apelado, de nuevo, a su responsabilidad individual y a la disciplina social. «Con nuestro comportamiento podemos salvar vidas y recuperar nuestro país». Por el contrario, «cualquier conducta irresponsable se vuelve contra quien la protagoniza, pero perjudica a todos», ha dicho.
El presidente ha advertido que el proceso va a ser «más peligroso y más difícil» que el confinamiento, puesto que va a requerir combinar el respeto de las reglas de higiene y distancia social con la recuperación de espacios de movilidad y actividad social. «El virus no se ha ido», ha recordado y, hasta que no haya una vacuna, ha reiterado la necesidad de ser cautos y prudentes, y no poner en riesgo por impaciencia lo conseguido con «muchos sacrificios en estas seis semanas».
En este punto ha agradecido el «trabajo abnegado de los sanitarios» y el «esfuerzo y sacrificio» de todos los ciudadanos, lo que han permitido salvar miles de vidas.
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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno
Publicado
hace 7 horasen
3 noviembre, 2026
El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.
El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.
El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.
Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda
Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:
- Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
- Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.
Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.
El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.
Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil
Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.
El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.
De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.
Protección especial para los trabajadores afectados
El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.
Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.
Limitación de los precios del transporte alternativo
Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.
Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.
El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.
Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.
El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.
Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.
Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente
El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:
- Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
- Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
- Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.
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