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Estos son los nuevos centros educativos de Valencia para el próximo curso

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El secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler, se ha reunido con el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo; la concejala de Educación, Maria Oliver, y el concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València, Vicent Sarrià, para iniciar la tramitación de nueve centros educativos de la ciudad dentro del Plan Edificant.

En la reunión se ha determinado iniciar la tramitación de las resoluciones que, a este efecto, firmará en breve el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, dentro del Plan Edificant para la nueva construcción del CEIP Fernando de los Ríos, del CEIP Santo Ángel de la Guarda y del IES Patraix. Asimismo, se llevará a cabo la tramitación de rehabilitación, reparaciones y grandes mejoras del CEIP San José de Calasanz, el CEIP Carles Salvador, el CEIP Raquel Payá, el CEIP Salvador Tuset, el CEIP Lluis Vives y el CEIP Teodor Llorente.

Según Miguel Soler, «en total, para este primer paquete de actuaciones se hará una inversión de unos 25 millones de euros por parte de la Conselleria, una parte de los cuales se hará este año y la parte más importante, durante el próximo año y hasta que finalicen las diferentes obras. Estamos muy satisfechos porque es una muestra de que el Plan Edificant empieza a funcionar».
Aparte de las nueve grandes actuaciones en centros educativos de la ciudad, se ha acordado que Educación estudiará incluir en el Plan Edificant actuaciones menores que cubran todos los distritos de la capital. «Nos parece una propuesta muy acertada, hemos acordado que la combinaremos con las actuaciones menores que ya teníamos previstas desde nuestro servicio de infraestructuras y en unas semanas lo acabaremos de concretar», ha explicado Soler.

Hay que recordar que el Plan Edificant pretende agilizar los trámites para la construcción y mejora de los centros educativos valencianos y permitirá a los ayuntamientos que se sumen al Programa Avançar en la tramitación de los expedientes para las actuaciones que consideren prioritarias en sus centros educativos. Los municipios harán las solicitudes y la Generalitat será la que generará el crédito al que los ayuntamientos se acogerán.

En este sentido, Educación ha previsto un presupuesto de 213 millones de euros para el 2018 en materia de infraestructuras educativas. A los 102 millones que se destinan desde Educación a este objetivo para el próximo año, se suman 111 millones a disposición de los ayuntamientos valencianos para agilizar la tramitación y la licitación de las obras, y, por tanto, la construcción y la intervención en los centros educativos que lo necesiten.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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