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Estos son los bienes que declaran el Alcalde y los concejales de València

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VALÈNCIA, 4 Jul. – Fernando Giner (Ciudadanos) y Emiliano García (PSPV) son los concejales del Ayuntamiento de València que más declaran en su relación de bienes y actividades patrimoniales, con hasta 2,05 y 1,19 millones de activo, respectivamente, frente a Lucía Beamud (Compromís) y Amparo Picó (Cs) y sus 2.000 y 1.000 euros.

Según las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y actividades de los 33 ediles que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) declara un activo de un total de 225.752 euros –109.207 de ellos de bienes inmuebles– y deudas por 34.788 euros.

Como otras actividades, Ribó aparece en su condición de primer edil como presidente, vicepresidente, patrono o miembro de consejos de administración en varias entidades. También figura desde 2011 como accionista del Hort Solar La Valcanera, en la localidad valenciana de Otos.

Entre el resto de portavoces, la del grupo socialista, Sandra Gómez, declara bienes por 27.000 euros –nada en concepto de inmuebles–, no posee deudas y solo figura su cargo de concejala. La del PP, Mª José Catalá, declara un total de 135.394 euros en activos –107.947 en bienes inmuebles–, debe 218.281 y aparece como diputada en Les Corts antes de la constitución del Ayuntamiento y colaboradora de universidades.

Pero el récord lo ostenta Fernando Giner, de Ciudadanos, con activos declarados por un total de 2.058.158 euros –499.387 de ellos en inmuebles y más de 1,55 millones en otros bienes–, 120.000 euros en deudas y solo con su actividad como concejal. Y del nuevo grupo de Vox, José Gosálbez declara bienes por 227.679 euros –68.017 inmuebles– y deudas por 92.049.

CONCEJALES DE COMPROMÍS
Entre los diez representantes de Compromís, Giuseppe Grezzi repite en el cargo con 121.785 euros declarados en concepto de bienes, sin inmuebles ni deudas y solo con la actividad de concejal. También siguen Isabel Lozano, que declara 72.818 euros –29.649 en inmuebles– deudas por 7.644 y actividad como representante del Ayuntamiento en otros organismos, y Sergi Campillo con bienes por 63.673 euros, sin inmuebles ni deudas y con aportaciones en una planta solar y una cooperativa.

Otros de los concejales ‘repetidores’ de la coalición son Glòria Tello –bienes por 58.525 euros, 18.059 en de ellos inmuebles, deudas de 80.322 y sin otras actividades–, Carlos Galiana –declara 46.719 euros, 37.626 de ellos en inmuebles; 93.961 en deudas y actividad como administrador único de El Acróbata Producciones y presidente de Mercavalència– y Pere Fuset –activos por 35.968 euros, sin deudas ni inmuebles y solo como edil–.

De los nuevos ediles de Compromís, la exasesora Mª Luisa Notario declara bienes por 146.444 euros –47.049 en inmuebles–, sin deudas y anteriormente como personal eventual, mientras que Alejandro Ramón 4.647 euros, sin deudas y anteriormente como alcalde de la pedanía Castellar-L’Oliveral y dependiente de una tienda deportiva.

También ‘novata’ de la coalición, la más joven de todo el consistorio, Lucía Beamud, se estrena en el cargo con la declaración de 2.000 euros de bienes, sin inmuebles ni deudas. En 2015 fue alcaldesa de la pedanía de La Torre-Faitanar.

EDILES SOCIALISTAS
Dentro del Govern de la Nau, de los nuevos del PSPV, el hostelero de ‘Casa Montaña’ Emiliano García es el que más declara con diferencia, hasta 1.195.556 euros –243.332 en inmuebles– y deudas por 234.378. También es patrono de Fundación Étnor y administrador de Habitat Barraca.

Los otros cuatro socialistas ‘novatos’ son Elisa Valía, con activos en su declaración por 159.199 euros –40.716 en inmuebles– y 90.661 en deudas; Mª Teresa Ibáñez, que declara 121.785 euros, sin inmuebles, deudas u otras actividades; Mª Pilar Bernabé –asesora de Gómez en el anterior mandato–, con bienes por 42.503 euros –34.033 en inmuebles– y deudas por 92.464, y Aaron Cano activos por 37.527 –15.899 en inmuebles–, debe 137.605 y figura anteriormente como asesor en la Diputación y vocal del patronato de Fidaelso.

El único edil del PSPV que repite, además de Sandra Gómez, es Ramón Vilar, con bienes declarados por un total de 417.655 euros –243.190 en bienes inmuebles–, sin deudas y como consejero del club de fútbol Levante UD entre sus otras actividades.

OPOSICIÓN
De los ocho ‘populares’, entre los nuevos, Mª José Ferrer declara 219.180 euros como bienes y debe 63.675, Carlos Luis Mundina –exasesor– 189.962 y debe 122.935, Juan Giner 182.995 y no tiene deudas, Santiago Ballester 175.207 en activos y 46.544 en deudas, Julia Climent 69.359 y deudas por 55.397 y Paula Mª Llobet 40.854 y debe 53.374. Repite Marta Torrado –concejala con la exalcaldesa Rita Barberá y diputada en el Congreso–, con 160.115 euros declarados como bienes y deudas por 29.500.

Entre los seis ediles ‘naranjas’, el nuevo Francisco Javier Copoví declara bienes por 170.138 euros, deudas por 68.881 y figura como director de la firma de cosmética Alan Coar, mientras que Rafael Pardo 91.449 en el activo y 58.123 como deudas y la que fuera fallera mayor Rocío Gil cuenta con activos declarados por 9.924 euros, sin deudas. Repiten Narciso Estellés, con bienes por 85.572 euros y 138.047 en deudas, y Mª Amparo Picó, con mil euros como bienes y 7.100 en deudas.

Y de los dos de Vox, tras el portavoz, el nuevo concejal Vicente Montáñez declara bienes por un total de 251.200 euros, hasta 250.000 en inmuebles, y deudas por 96.000, sin otra actividad.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Ley de Extranjería: claves de la reforma migratoria que podría regularizar a 900.000 personas

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El nuevo reglamento simplifica trámites, introduce nuevos tipos de arraigo y abre la puerta a una regularización masiva de inmigrantes

La reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2024 entra hoy oficialmente en vigor en España. El nuevo Reglamento de Extranjería, presentado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tiene como objetivo simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y reforzar el enfoque de derechos humanos en la política migratoria.


🧾 Regularización masiva de inmigrantes en España: ¿a quiénes afecta?

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé regularizar a unas 900.000 personas en situación administrativa irregular en un plazo de tres años. Según informa El País, esta medida afectaría a quienes ya residían en territorio español antes del 31 de diciembre de 2024. Aunque no ha sido presentada como una regularización masiva explícita, la flexibilización del arraigo facilitará el proceso de legalización para miles de inmigrantes.


🆕 Cambios clave en la Ley de Extranjería 2025

✅ Nuevas modalidades de arraigo

La nueva ley unifica y redefine los tipos de arraigo, que pasan a ser cinco:

  1. Arraigo social

  2. Arraigo laboral

  3. Arraigo familiar

  4. Arraigo formativo (socioformativo)

  5. Arraigo de segunda oportunidad

Entre los principales cambios destacan:

  • Reducción del periodo mínimo de permanencia en España para acceder al arraigo de 3 a 2 años.

  • Posibilidad de trabajar desde el primer día tanto por cuenta propia como ajena.

  • Los solicitantes de asilo rechazados podrán acceder al arraigo tras solo seis meses, en lugar de dos años.


⚠️ Polémica: el asilo ya no computa para el arraigo

Una de las medidas más polémicas del nuevo reglamento es que el tiempo de residencia como solicitante de protección internacional no contará para acceder al arraigo. Esto deja a muchas personas en riesgo de irregularidad sobrevenida, lo que ha provocado reacciones críticas por parte de ONG y asociaciones de derechos humanos como CEAR, Cáritas, Red Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes, que han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.

El Defensor del Pueblo también ha alertado en su informe registrado en las Cortes Generales de que esta disposición podría dejar sin cobertura a miles de menores.


✈️ Visados y autorizaciones de residencia: novedades destacadas

El nuevo reglamento introduce varias reformas relevantes:

  • Visado para la búsqueda de empleo: se amplía su duración de 3 meses a 1 año.

  • Autorizaciones iniciales: ahora serán de 1 año y las renovaciones pasarán a ser de 4 años.

  • Residencia para familiares de ciudadanos españoles: se mejora la reagrupación familiar y se amplía la edad máxima de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.

  • Estudiantes extranjeros: podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras cursan sus estudios y enlazar fácilmente con permisos de trabajo al finalizar su formación.


💬 Reacciones políticas: Vox critica la reforma y pide su endurecimiento

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado la nueva Ley de Extranjería como una “tomadura de pelo” y ha criticado que «la nacionalidad no puede ser un regalo ni un arma política». El partido ha registrado una iniciativa parlamentaria para endurecer la legislación migratoria, eliminando las vías de regularización a través del arraigo.

“La inmigración irregular agrava la inseguridad, precariza el empleo y colapsa los servicios públicos”, ha declarado Millán, acusando al Ejecutivo de poner en riesgo la identidad y estabilidad del país.


Una reforma ambiciosa, pero controvertida

La entrada en vigor de esta reforma representa un cambio profundo en la gestión de la inmigración en España, con medidas que, según el Gobierno, responden a una visión más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, la controversia política y jurídica en torno a sus implicaciones prácticas podría marcar el debate migratorio en los próximos meses.

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